A lo largo de las últimas semanas las principales organizaciones empresariales del país han comenzado a orquestar una campaña para impulsar una reducción en los impuestos que más les pesan y molestan. La coincidencia en los argumentos es notable entre los planteamientos de las cúpulas directivas de CCE, Coparmex, Concanaco y Concamin, por no hablar de la Asociación de Banqueros de México. Para ellos sería muy agradable que el Congreso redujera los impuestos sobre la renta (ISR) y el impuesto al activo (Impac), ya que bajarían sus costos de operación.

Pero cabe preguntar: ¿cuáles serían los costos financieros y cuáles las consecuencias sociales si se redujeran estos impuestos de la manera propuesta por los empresarios. En primer término, una disminución de los ingresos públicos implicaría un aumento del déficit en 1998, que ya se prevé que alcanzará el equivalente de 1.5 por ciento del producto interno bruto. Un déficit solamente se puede financiar con endeudamiento o con emisión monetaria; sin embargo, la emisión siempre resulta altamente inflacionaria, por lo que hoy en día casi siempre se descarta. Pero tampoco conviene un incremento pronunciado de la deuda interna y externa, ya que éste constituye un peligro demasiado bien conocido por todos los mexicanos, que lo han sufrido en carne propia desde 1982.

En segundo término, una reducción de los dineros para el gobierno implicaría inevitablemente una caída en el gasto social, que es el rubro que casi todo el mundo afirma que debe expandirse para alcanzar una mayor equidad y mejorar las condiciones de vida de franjas importantes de la población trabajadora urbana, y también de los campesinos en los poblados más aislados de zonas como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, por no hablar de los pueblos de la Huasteca, de la sierra norte de Puebla o de las sierras de Chihuahua.

Que la situación es crítica lo demuestra el hecho de que el gasto social per cápita ha sufrido una caída de 15.5 por ciento en términos reales entre 1988 y 1997. A su vez, el número de personas en condiciones de aguda marginación se incrementó 5 por ciento entre 1989 y 1994, alcanzando más de 8 millones de mexicanos. Esta expansión de la pobreza, sin embargo, ha sido acompañada por un proceso diametralmente opuesto: en el último decenio, los sectores más ricos de la sociedad mexicana, y muy en particular los empresarios, han aumentado su participación en el ingreso total, hasta el punto que hoy en día México tiene una de las peores estructuras de distribución del ingreso a escala internacional.

Al proponer una reducción de los impuestos, los grandes empresarios avalan, en efecto, una nueva disminución en el gasto social. En caso contrario, están abogando por un aumento del déficit, por peligroso que resulte. En un mundo en el que la globalización financiera ha propiciado un alto grado de volatilidad, las propuestas de los empresarios son irresponsables, pues exponen al país a grandes peligros financieros y a los sectores pobres de la sociedad a mayores sufrimientos.