Al reconstruir Acapulco buscan ocultar la red de corrupción: ONG

Alonso Urrutia y Matilde Pérez U., /I Acapulco, Gro., 25 de octubre Ť Paulina dejó al descubierto los nudos de corrupción, complicidades políticas e ineficiencias que involucran a los tres niveles de gobierno que arrastra el desarrollo urbano del que fue el primer emporio turístico de México.

En la reconstrucción sin ``politizaciones ni líderes'', el saldo de responsabilidades no aparece. En la secuela del fenómeno meteorológico y político se busca una ``amnesia'' colectiva y dejar intocable el ``fango de corrupción'' que toleró el crecimiento anárquico, señaló el empresario e integrante del Frente Cívico de Acapulco, Zeferino Torreblanca.

Hasta ahora, en el discurso oficial sólo hay un sector responsable de los daños y muertos que dejó el huracán: los dirigentes sociales que promovieron las invasiones en el parque El Veladero, que involucra por igual a priístas y perredistas.

En los diagnósticos gubernamentales aparecen en la lista de presuntos culpables 61 líderes que durante años han tratado con las instituciones públicas; de éstos 50 son priístas y 11 perredistas. Algunos de ellos serán responsables de garantizar la reconstrucción y reordenamiento urbano en su nuevo carácter de autoridades municipales.

Sin embargo, la irregularidad en la tenencia de la tierra no sólo involucra a precaristas, sino a dependencias federales como el Ejército y la Marina, que en la indefinición jurídica del parque nacional El Veladero ocupan 362 hectáreas.

En esta historia del caótico desarrollo urbano del municipio más rico del estado, también han jugado un papel preponderante las instituciones estatales y federales responsables de regularizar la tenencia de la tierra y los asentamientos urbanos: Fideicomiso Acapulco (Fidaca) y el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero (Invisur).

El Nueva York de Guerrero

En el naufragio político y marginado de toda decisión del futuro de la ciudad que gobierna, Juan Salgado Tenorio reconoce: el desarrollo urbano de Acapulco ha sido anárquico. Su historia es de invasiones y asentamientos irregulares desde que se fundó la Progreso, primera colonia en este centro turístico.

``El desarrollo demográfico de Acapulco ha sido superior al económico. Si bien es cierto que el turismo ha dado grandes beneficios, también ha traído una gran migración, que no ha sido paralela a la canalización de los recursos para la infra- estructura urbana'', dice.

Para algunos funcionarios estatales, Acapulco es el Nueva York de Guerrero. A este puerto migran, de todas las zonas rurales del estado y del país, cientos de familias en busca de trabajo.

Generador importante de divisas para el estado, Acapulco ejercería este año 275 millones de pesos, de los cuales 60 por ciento estaría destinado al gasto corriente. Paulina cambió el panorama, de una sola partida y por concepto de ayuda para sanar las heridas el gobierno federal invertirá más del doble en la reconstrucción.

Se pretende que sean las primeras obras planificadas desde que se concibió el proyecto multimillonario Punta Diamante, durante el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu, una administración que, reconocen versiones oficiales y de la oposición, toleró el más reciente auge de las invasiones en aras de la estabilidad política de la entidad.

Los diagnósticos para la reconstrucción de Acapulco admiten que todos los esfuerzos de planeación urbana han sido infructuosos porque sus directrices sólo han quedado en el papel y no han sido instrumentos reales para conducir los procesos de urbanización.

Sujeto a la negociación política en su función de soporte para los movimientos sociales afines a la clase gobernante o para acallar la inconformidad de la oposición, el crecimiento urbano se ha dado enmedio de la falta de suelo urbanizado; un mercado informal y especulativo de suelo y la ocupación irregular de espacios de alto riesgo.

La lista de priístas es extensa, entre ellos destaca Edmundo Guadarrama, a quien se le relaciona con el grupo de figueroístas del puerto. Otro connotado priísta involucrado en invasiones es Antonio Valdez, de extracción cetemista y regidor en el ayuntamiento actual. Se dice protegido del senador Porfirio Camarena. Valdez liderea la invasión de la colonia Unidad Obrera, una de las más céntricas.

A Rosa María Aguilar se le menciona como promotora de invasiones en los alrededores del panteón Las Cruces. Hoy es, paradójicamente, directora de panteones del municipio.

Las invasiones promovidas por líderes medios del Revolucionario Institucional han tenido también su cuota política, pues en su momento han sido importante reserva de votos para ese partido a cambio de la tolerancia de sus pequeños cotos de poder político y económico.

A manera de ejemplo, Emigdio Aguilar, dirigente de la precaria colonia Generación 2000, exige cuotas semanales de cinco pesos por cada una de las 360 familias asentadas en su territorio. Esto le representa ingresos mensuales de mil 800 pesos semanales extraídos a quienes habitan una de las zonas de mayor miseria de la región.

Para el dirigente del PRD en Acapulco y regidor municipal, Juan García Costilla, la responsabilidad fundamental de las más de 300 pérdidas humanas -entre muertos y desaparecidos- radica en el gobierno carente de un proyecto de vivienda popular.

Ecología, pretexto para desalojar el anfiteatro y crear Ciudad Renacimiento

Incluido en las listas oficiales como una de las cabezas visibles del perredismo en la promoción de asentamientos irregulares, Juan García Costilla tiene otra visión del crecimiento desordenado: ``nosotros no invadimos al parque El Veladero, éste nos invadió'', advierte en alusión al decreto de noviembre de 1980 mediante el cual se creó la reserva ecológica.

El parque fue el pretexto, dice, para desalojar a miles de familias asentadas irregularmente en el anfiteatro y llevarlas a lo que entonces llamaron ``modelo de desarrollo urbano'' en Acapulco: Ciudad Renacimiento.

Al decreto lo frenó la realidad de Acapulco. Algunos asentamientos que no fueron desalojados resultaron el germen de nuevas invasiones del parque El Veladero. El gobierno se vio obligado a iniciar un proceso de regularización, vía desincorporación y su prolongado proceso involucró una maraña jurídica de responsabilidades entre el Fidaca e Invisur para regularizar.

Arquímedes Sandoval, delegado regional de Invisur y responsable de la regularización en el anfiteatro, resume: tras el decreto quedaron en el parque 2 mil 500 familias, cifra que para 1994 ya se ubicaba en 8 mil 600. Actualmente hay censados 10 mil 163 habitantes en 43 colonias sujetas a regularización en el parque El Veladero.

Para los dirigentes perredistas esto tiene otra explicación. García Costilla acusa al gobierno y al PRI de haber permitido la sustitución de los asentamientos desalojados en 1980. Bajo la tolerancia de la autoridad, nuevos grupos encabezados por líderes priístas llegaron a las zonas que dejaron los reubicados en Ciudad Renacimiento.

Abel Salgado, regidor perredista, va más allá y acusa a Invisur de la venta de predios en El Veladero. Calcula que en los últimos tres años esa dependencia ha promovido la adquisición de poco más de 2 mil lotes.

Los proyectos gubernamentales hasta antes de la llegada del huracán Paulina preveían la desincorporación de 643 hectáreas de las 3 mil 213 que ocupa el parque -casi 20 por ciento de la extensión total- destinadas a zonas precarias habitacionales y a las bases naval y militar.

El proyecto que involucraba la regularización de 43 colonias -habitadas por 35 mil personas en 8 mil 600 lotes- fue detenido por los efectos del huracán.

El gobierno federal frenó el proceso de desincorporación de El Veladero y la secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Julia Carabias, informó que se establecerán nuevas poligonales del parque tomando en cuenta las cuencas de Aguas Blancas, Palma Sola-Camarón, Magallanes, La Garita, Costa Azul e Icacos, por los riesgos para los asentamientos. Adelantó que ello implicará que 10 mil familias salgan del anfiteatro.

La decisión del gobierno federal detiene la aspiración de miles de precaristas de regularizar sus ``predios'', por los cuales muchos de ellos ya han pagado a Invisur 3 mil pesos por ``concepto de trámites y estudios'', según explica Arquímedes Sandoval.

Para el alcalde Juan Salgado, de la desgracia que trajo Paulina a Acapulco surge la ``oportunidad para que se oriente una política urbana que permita el reordenamiento de la ciudad''. Habla de la urgencia de tener que tener una mayor conciencia en ese sentido.

Sin embargo, la conciencia social a la que apela tendrá que enfrentarse a los fuertes intereses de los líderes de su partido y de la oposición, además de la limitada disponibilidad de suelo apto, accesible y barato para la población de bajos ingresos; al uso inapropiado de tierras ejidales y al acaparamiento especulativo de la tierra de propiedad privada, entre otras de las muchas irregularidades que son consecuencia del crecimiento urbano de Acapulco.

Damnificado político del huracán, Salgado Tenorio dice con cierta nostalgia: ``hasta para gobernar hay que tener suerte''.

Martha García Ť El gobierno federal dispondrá de mil 50 lotes gratuitos para reubicar a 800 familias damnificadas en Acapulco, estrategia que se incorpora a los planes de desarrollo urbano previstos meses antes del siniestro para el crecimiento controlado del puerto y municipio turístico, informó el director general de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), Carlos Flores Rico.

Este es el primer mecanismo para atender la demanda de vivienda de los habitantes de asentamientos irregulares damnificados por el huracán Paulina, explicó a La Jornada el funcionario, después de precisar que en un segundo momento se otorgarán otros predios a mil 200 familias que aún permanecen en zonas vulnerables.

De esta manera, dijo, se adelanta en seis meses el Programa de Desarrollo Urbano Integral Acapulco Siglo XXI. Este proyecto estaba en un proceso preliminar cuando el huracán Paulina afectó las costas de Guerrero, por lo que los objetivos se alteran para adaptarse a las necesidades de la emergencia social. ``Se trata del uno por ciento de las previsiones hechas, no hay cambio de esquemas, sino que se aceleran los trabajos'', dijo Flores Rico.

Sin embargo, aseguró, los ejes se mantienen en lo principal: regeneración del anfiteatro, reordenación urbana de los asentamientos en áreas de riesgo y rescate ecológico. El programa propone hacer compatible los usos turísticos con el desarrollo popular.

Acapulco se encuentra dentro de las 116 principales ciudades del país consideradas prioritarias en lo que todavía se llama Programas de las 100 Ciudades, urbes sujetas a las proyecciones urbanísticas, que requieren reservas territoriales, de acuerdo con el Programa de Incorporación de Suelo Social (PISO).

Ese programa avanza en 21 estados de la República. En el caso de Guerrero, para el cual se estima una reserva territorial de 3 mil hectáreas, las ciudades incorporadas al PISO son Chilpancingo, Iguala, Taxco, Ciudad Altamirano, Zihuatanejo, Ixtapa Zihuatanejo, Ometepec, Tlapa, Arcelia y Acapulco, que contará con mil hectáreas.

Reconstrucción y vivienda

Flores Rico precisó que la Corett ofreció -con cargos a la institución y al costo de la regularización nacional- mil 50 lotes para 800 familias. De ahí, las autoridades competentes seleccionarán aquellos que, en número, superficie y habitabilidad, sean útiles para reubicar a los damnificados que no pudieran o no debieran regresar a las zonas de alto riesgo.

Dichos predios son jurídicamente propiedad de la Corett por ser bienes del dominio privado de la Federación. Se trata de terrenos sobrantes o resultantes de los programas de regularización.

La segunda propuesta de reconstrucción urbana en Acapulco, de acuerdo con el programa mencionado, es una opción de corto plazo para reubicar a cerca de mil 200 familias, que si bien no resultaron damnificadas, se encuentran asentadas en zonas de alto riesgo, y deberán recibir apoyo, ``con una pronta alternativa de terreno y recursos para sus viviendas definitivas''.

El funcionario precisó que se atenderá a ese número de familias, de acuerdo con los registros de las brigadas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), que contempla a la población que en la actualidad vive cerca de los derechos de vía, de los cauces de arroyos o en zonas que corren riesgo.

A estos grupos no urge reubicarlos, como en el caso de los damnificados que están en albergues, pero es importante que se haga rápido una propuesta de reubicación voluntaria, concertada, donde puedan vivir y ser atendidos con terrenos alternativos que se conseguirían en un plazo de tres meses. Flores Rico dijo que se requerirán cerca de 120.

El tercer nivel se incerta en el plano nacional ``ordinario'', que debe impulsarse de inmediato, pero que tiene un plazo hasta el 2000 para crear en Acapulco y en el resto del estado una reserva territorial que permita el desarrollo urbano de esta ciudad en los primeros 20 ó 25 años del siglo XXI.

Este esquema está inscrito dentro del Programa de Desarrollo Urbano Integral Acapulco Siglo XXI, dispositivo que contiene otros aspectos para garantizar el espacio económico que constituye el turismo, las zonas para destino hotelero y las previstas para la recreación.