Condenan PAN y PRD el silencio de SSP y PGJDF sobre el cuerpo especial de jaguares

Daniela Pastrana, Ricardo Olayo y Humberto Ortiz Ť El PAN y el PRD condenaron ayer el silencio de las autoridades capitalinas, ante la revelación de que un grupo secreto de la policía participó en las acciones del 8 de septiembre en la colonia Buenos Aires.

El diputado del PRI Luis Miguel Ortiz Haro dijo que si se confirma la existencia de un grupo creado al margen de la ley, el secretario de Seguridad Pública tendría que ser citado a declarar. En estos momentos, precisó, lo más importante es la transparencia en la investigación porque a nadie conviene que se obstaculice esclarecer los hechos.

El coordinador del PT en la Asamblea Legislativa, José Narro, dijo que el secretario de Seguridad Pública, Enrique Salgado, debe informar objetivamente ante la opinión pública sobre el Grupo de Intervención Especial (GIE), para detener el deterioro que a la institución armada le ha acarreado el fracaso en los mandos policiacos.

A pesar de que los datos del GIE están en documentos que la PGJDF envió al juzgado 19 penal, responsable de juicio, ninguna autoridad se ha referido al tema; el regente Oscar Espinosa declinó ayer hacer declaraciones y el procurador Lorenzo Thomas tendrá reunión de trabajo con asambleístas.

Vacío de las autoridades

Los líderes locales del PAN, Gonzalo Altamirano, y del PRD, Armando Quintero, exigieron que la PGJDF informe de los avances de la investigación y que Enrique Salgado, titular de la SSP, aclare la acción de grupos policiacos en la corporación. ``El silencio de Salgado y las evasivas de Oscar Espinosa están obligando a que sea el Presidente de la República el que tenga que responder a la sociedad'', sostuvo Altamirano.

Este dijo que Ernesto Zedillo es el responsable directo de la actuación del regente y del secretario de Seguridad, puesto que fue él quien los nombró, por lo que el silencio de las autoridades está forzando al Ejecutivo a responder a la ciudadanía.

``Que hable el procurador, tiene que explicar si sabía o no de este grupo de la SSP y de la implicación de mandos medios en el caso de la Buenos Aires porque de lo contario podría incurrir en una responsabilidad penal'', precisó.

Quintero señaló que es ``fundamental'' que la procuraduría aclare cuál fue la participación de los mandos policiacos en los hechos del 8 de septiembre.

Agregó que la sociedad está pidiendo respuestas y las autoridades no pueden ignorarla. ``El general Salgado tiene que dar la cara'', dijo, y añadió: ``Tendría que salir a aclarar, rechazar o incluso reconocer la información publicada, pero lo que es inconcebible es que se quede callado''.

La ALDF, sin información oficial

El vicepresidente de la Comisión de Seguridad Pública, Antonio Padierna, dijo que hasta el momento la asamblea no ha recibido ningún informe de las autoridades sobre el avance de la investigación.

Destacó que ``no se pueden estar realizando comparecencias cada semana para que el secretario hable de la información que surge'' y aseguró que en la reunión que sostendrán esta semana los diputados locales con el procurador Lorenzo Thomas pedirán información clara.

El priísta Luis Miguel Ortiz Haro dijo que en las comparecencias de Salgado en la Asamblea, el Partido Revolucionario Institucional ha solicitado información del expediente, pero no se ha entregado. En el pliego de consignación, por ejemplo, se debe precisar la circunstancia de tiempo y modo en que ocurrieron los hechos, como lo ha establecido la fracción priísta.

Si la investigación de los cuerpos secretos avanza, ``el asunto daría la vuelta por la gravedad, y estaríamos hablando no sólo de una comparecencia más, sino de otro asunto'', dijo. El general Enrique Salgado Cordero expresó en su reciente comparecencia que no había un grupo de civiles y, en todo caso, también tiene que probarse la palabra de los zorros que aseguran que el GIE existe, explicó.

El petista Narro puntualizó que si las indagatorias confirman que actuó un grupo secreto, no sería extraño que existieran otros cuerpos similares, incluso en los órganos de impartición de justicia.

Resulta preocupante, aseveró, que los jefes de corporaciones participen y ejecuten operativos de arresto que terminen en ejecuciones fincadas en supuestos hechos delictivos, sin cumplir al mínimo con la normatividad de los procedimientos judiciales.