Acelerada compra de terrenos para la reubicación de los afectados
Alonso Urrutia y Matilde Pérez U., enviados, /II y última, Acapulco, Gro., 26 de octubre Ť Sin reserva territorial, el gobierno guerrerense enfrenta la reconstrucción-reordenación de Acapulco, un proceso que los representantes de diversos sectores ya advierten como riesgoso, ante la posibilidad de la reproducción de viejas prácticas viciadas.
El coordinador del Comité de Reconstrucción y representante de la Coparmex, César Bajos, subraya que esta tarea debe efectuarse con transparencia para lograr el reordenamiento que requiere Acapulco y en el que, dice, deben participar diversos sectores sociales.
Entrega de despensas en las poblaciones incomunicadas de Oaxaca
por el paso del huracán Paulina. Foto: Víctor Ballinas
Por su parte, los gobiernos federal y estatal aceleran la compra y expropiación de terrenos privados y ejidales para evitar que durante el proceso de reconstrucción afloren inconformidades políticas y sociales, en esta entidad en donde surgió el Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Sin reserva territorial, el gobierno del estado adquirió un terreno en Tuncingo --localizado a ocho kilómetros de esta ciudad--, en donde reubicará a las primeras mil 200 familias que perdieron sus viviendas, y analiza otras opciones --entre ellas Llano Largo, La Venta, Barra Diamante y un terreno de 180 mil metros cuadrados cercano a Ciudad Renacimiento-- para la reubicación de otros damnificados.
Autoridades del gobierno del estado anticipan que la reubicación no será gratuita. Las familias deberán pagar por concepto del nuevo predio que se les otorgue cantidades que oscilarán entre 5 mil 300 y 9 mil 500 pesos.
Desde 1957, el desarrollo urbano de Acapulco fue sustentado en la expropiación sucesiva de terrenos ejidales, práctica que volverá a reproducirse para enfrentar la emergencia. Según las autoridades, será la segunda vez que se planifique el crecimiento de esta ciudad, después de la creación de las colonias Zapata y Renacimiento. De lo que se trata, dice el director de Fideicomiso Acapulco (Fideaca), Antonio Pizza, es evitar los asentamientos irregulares generados por ``la necesidad y la pobreza''.
El secretario de Desarrollo Urbano, Jaime Morales, admite que no hay reserva territorial disponible; la reubicación tendrá que hacerse en terrenos que se adquieran con recursos federales o estatales en las zonas rurales del municipio.
Dos opciones, una alternativa
Agrega que se han analizado dos opciones. La primera consistiría en impulsar un desarrollo similar al de ciudad Renacimiento para reubicar a todos los damnificados y familias que viven en zonas de alto riesgo.
La otra sería promover varios asentamientos en las diversas zonas donde se tiene identificada la tendencia de crecimiento de Acapulco, lo que facilitaría la introducción de servicios y no generaría los problemas de un gran asentamiento.
Para el ex candidato independiente del PRD a la presidencia municipal, Zeferino Torreblanca, uno de los problemas que enfrentará la reconstrucción es que será realizada por los mismos funcionarios que han sido señalados como responsables ``de la corrupción que ha generado la anarquía en el desarrollo urbano''.
Como ejemplo cita el compadrazgo del gobernador Angel Aguirre con el alcalde Juan Salgado Tenorio, quien ``sigue siendo el mismo funcionario corrupto que estuvo coludido con los pagos a compañías inexistentes para desazolvar el drenaje''.
Terminar con la corrupción
Crítico de las acciones de gobierno, Torreblanca afirma que la reconstrucción no es aportar recursos ni ``dádivas tutelares con orientación paternalista'', es voluntad política que analice nuevas formas de participación, invierta en infraestructura y termine a fondo con la corrupción.
Respalda sus imputaciones en la reciente historia de desastres en Acapulco: ``Cuando llegó el huracán Boris, los funcionarios del ayuntamiento se quedaron con buena parte de los donativos para los damnificados e hicieron grandes negocios con el cemento, láminas de cartón y madera donada para las familias afectadas. Hoy, muchos de ellos siguen en el ayuntamiento''.
La visión de César Bajos es más cautelosa, aunque coincide en la demanda de que en la reconstrucción no debe haber clientelismos políticos, corrupción ni complicidades, ``si es que realmente se quiere hacer otro Acapulco''.
Designado por la iniciativa privada y la sociedad civil como coordinador del Comité de Reconstrucción, señala que éste surgió para complementar las acciones de gobierno y aportar los esfuerzos de otros sectores en la reordenación. Aclaró que, en cierta medida, se creó también por la desconfianza de muchos sectores y empresarios que están dispuestos a hacer donativos para la causa, siempre y cuando no los maneje el gobierno
Asegura que hasta ahora ha habido una buena coordinación con las instancias gubernamentales para coadyuvar en las acciones emergentes, al tiempo que las empresas pequeña y mediana han recibido los apoyos financieros para paliar los daños del huracán.
Las primeras acciones de los gobiernos federal y estatal para el reordenamiento de Acapulco ha sido la conformación del Comité de Desarrollo Urbano, con la participación de diversos sectores sociales, en donde la iniciativa privada tiene un papel preponderante y la consulta a las familias que obligatoriamente serán reubicadas no ha sido considerada.
En lo inmediato, dicho comité deberá revisar y actualizar el Plan Director Urbano de Acapulco, para lo cual ya se iniciaron los estudios necesarios para identificar las zonas aptas para el crecimiento urbano.
En este proceso deberán incorporarse terrenos para la urbanización y crear reservas territoriales, utilizando mecanismos de expropiación o asociación con núcleos ejidales.
En el nuevo plan deberán analizarse las tendencias de crecimiento demográfico para cuantificar las necesidades de suelo urbano a corto, mediano y largo plazos. Ello implicará la identificación de la ``aptitud urbana y viabilidad técnica y financiera para introducir infraestructura y servicios a las nuevas áreas de reserva territorial''.
Estas acciones deberán incluir mecanismos que impidan nuevas invasiones o tráfico de terrenos por grupos de ``especuladores profesionales''.
Paralelamente, deberán redefinirse nuevas poligonales del parque El Veladero, abarcando zonas de riesgo y cediendo aquellas zonas aptas para los asentamientos humanos existentes. Ello incluirá un programa de manejo del citado parque que incluya la atención a cauces y arroyos y bajadas de agua pluvial.
El reordenamiento prevé una añeja demanda de los ejidatarios y pescadores de Coyuca de Benítez y de Tres Palos: cuidar las riberas de estas lagunas para impulsar el llamado turismo ecológico. También, aunque no lo establece con claridad, la posibilidad de que en el mediano plazo la mancha urbana de Acapulco se extienda a dichas zonas aplicando la nueva figura legal de las inmobiliarias ejidales, que implica la asociación de particulares con los propietarios de la tierra.
No existe un diagnóstico preciso de las familias que viven en las zonas de alto riesgo en Acapulco y por tanto se ignora a cuántas tendrá que reubicarse. La ``guerra de cifras'' en las diversas instancias de los gobiernos federal y estatal señalan que hay entre mil 200 a 3 mil 500 que deben ser relocalizadas a la brevedad. En una segunda etapa se habla de entre 7 mil y 10 mil familias.
La reubicación no será gratuita
El director del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero, Arquímedes Sandoval, anticipa algunos pormenores de la reubicación: No será gratuita, se fijarán los pagos y los plazos de acuerdo con las posibilidades sobre una base de entre 5 mil 300 y 9 mil 500 pesos.
Explica que antes de la paralización de la desincorporación del parque El Veladero ya había un proceso adelantado de regularización en las colonias Francisco Villa, Panorámica, Margarita de Gortari, Guerrero es Primero, Solidaridad, Burocrática, Alta Laja, Providencia, Quebradora, Pinalta, Vista Hermosa, Loma Bonita y Buena Vista. Allí, mil 500 familias ya tenían sus cartas compromiso, entregadas previo pago de 3 mil pesos, y sólo esperaban la escrituración formal de sus predios.
Indica que en lo inmediato tienen que reubicarse mil 300 familias a quienes se les entregará el paquete emergente de vivienda --consistente en dos pacas de láminas de cartón, dos docenas de tiras de madera y bulto de cemento-- para que se asienten, antes de diciembre, en los lotes de 90 metros cuadrados en Tuncingo y Llano Largo. La urbanización en esos lugares será posterior, ya que ``la reubicación es lo prioritario'', apunta.
La política de reubicación aún no permea entre los asentados en las zonas de riesgo. La mayoría rechaza la posibilidad de reubicarse e ignoran los pormenores de la reconstrucción. Más ocupados en reconstruir sus casas en las mismas zonas, las familias han visto con indiferencia los exhortos gubernamentales para su relocalización.
Juan Salgado Tenorio, alcalde de Acapulco, anticipa la complejidad de la reconstrucción, y con tono amargo reconoce que su única tarea será desalojar a los damnificados, sea con el diálogo o aplicando la ley.
Pasado el huracán Paulina, el gobierno municipal empezó a pagar desplegados y anuncios radiofónicos notificando a la población que la temporada de huracanes aún no termina.