La fuga del banquero Jorge Lankenau Rocha puso en evidencia de nueva cuenta a la Policía Judicial Federal, pues resulta lógico suponer que una filtración informativa lo puso sobre aviso de que ya se había librado orden de aprehensión en su contra.
También puede ser que, como ha ocurrido en otros casos, un equipo especial de la Procuraduría General de la República (PGR), integrado sólo por personal de absoluta confianza, haya realizado la captura del financiero acusado de millonario fraude.
Sea cual sea el resultado definitivo, el caso de Lankenau Rocha podría ser el punto de partida para ahondar en otros graves problemas que aquejan a la PGR y su Policía Judicial Federal.
Por ejemplo, pronto se tendrá que abordar de manera abierta el problema de los agentes que fueron despedidos durante la administración del ahora secretario general del Partido Acción Nacional, Antonio Lozano Gracia, y que ya lograron ser reinstalados.
Durante el tiempo que Lozano Gracia estuvo al frente de la PGR se presentó como uno de sus grandes éxitos la ``limpia general'' en las filas de la Policía Judicial Federal y en el Ministerio Público Federal. En número aproximado fueron 800 los agentes judiciales y del Ministerio Público despedidos por la sospecha de haber incurrido en acciones ilegales.
``Lagunas'' en las leyes
Lo que no se ha difundido con tanto énfasis es el hecho de que 300 de esos 800 elementos ya están de regreso y nada extraño sería que en breve se les sumaran todos los demás cesados en esa acción que en su momento se consideró ejemplar.
En buena medida el retorno de esos malos elementos se debe a errores en el procedimiento para darlos de baja, pero también resulta muy importante la existencia de por lo menos seis distintos ordenamientos legales relativos a la contratación y cese de personal. A esa confusión legal se aumenta el hecho de que estos elementos están dentro del apartado ``B'' del artículo 123 y por lo tanto no se les aplican los ordenamientos para liquidación de trabajadores de empresas privadas.
Otro justificado motivo de indignación de los ciudadanos será el conocimiento de los altos costos de mantener la vigilancia en torno a Lankenau y otros delincuentes como los jefes del narcotráfico.
Son millones de pesos los que se desperdician en tales propósitos cuando la sociedad mexicana tiene necesidades más urgentes que atender, como se pudo apreciar con los nocivos efectos de Paulina.
Por fortuna, el equipo cercano al procurador general Jorge Madrazo Cuéllar ya detectó estas deficiencias y tiene listas iniciativas de ley que permitan cubrir las ``lagunas'' de las actuales. Sólo falta esperar que cuando sean presentadas al Congreso de la Unión sean aceptadas y no obstaculizadas por razones partidistas.