La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) es una de las grandes universidades públicas nacionales ubicada en la zona metropolitana de la ciudad de México. Con cerca de 40 mil estudiantes, ofrece parte importante de los cupos de educación superior en la metrópoli y atiende a estudiantes venidos de todo México; es también un centro de investigación científica y tecnológica de primer orden. La elección de su rector general, en curso, pone a debate temas de vital importancia para el desarrollo de la ciudad en la coyuntura de transición en la que se encuentra.

Es evidente que la UAM y las otras universidades públicas capitalinas deben aumentar su matrícula en licenciatura y posgrado, al tiempo que se refuerza las universidades de los estados, pues la demanda en el DF, la zona metropolitana y el país, sigue creciendo. Aunque en esta fase de crisis prolongada y profunda el mercado laboral está saturado, las universidades deben formar profesionales para cubrir las necesidades sociales del futuro, sin someterse a la coyuntura, teniéndola como uno entre muchos elementos de juicio. La calidad no se opone a la cantidad; ni el crecimiento es contrario a la consolidación.

Es más económico y académicamente más eficaz aprovechar intensivamente las instalaciones, equipo y aparato administrativo, así como el saber hacer acumulado en las instituciones maduras, que crear tecnológicos o universidades nuevas. Evidentemente, para ello se requerirá aumentar proporcionalmente los recursos para nuevo personal docente y administrativo y para operación. La condición es un aumento sustancial del gasto público en educación superior, ciencia y tecnología, como política insustituible para hacer viable el desarrollo económico y social.

En este marco, la creación planeada de nuevas unidades reales de la UAM parece conveniente, pues permitirá fortalecer su proyecto de desconcentración territorial y descentralización operativa, localizándolas donde hacen más falta: los municipios conurbados, donde está el mayor crecimiento de la demanda y poca oferta. Desde su origen, la UAM fue diseñada para operar con este esquema, su tamaño y aparato administrativo central permiten absorber otras unidades, si obtiene del gobierno los recursos necesarios. La proliferación de universidades diferentes parece menos recomendable.

La educación pública superior debe mantenerse al alcance de todos, ya que es una contraprestación en servicios a la que tienen derecho por contribuir al financiamiento público; es parte de la responsabilidad social del Estado y un elemento sustantivo de justicia distributiva y movilidad social. Un aumento sustancial sorpresivo de las cuotas en la UAM profundizaría el proceso de exclusión de la educación superior de los sectores sociales más pobres, que ya tiene muchos otros componentes. La racionalización del gasto, el aumento de los recursos aportados por el gobierno federal, apoyos sin etiqueta ni condicionamientos provenientes de grandes empresas privadas y fundaciones y la retribución adecuada de la cooperación con el sector público y privado, pueden ser fuentes alternas importantes, hoy poco exploradas.

La caída de casi 70 por ciento del salario real de los trabajadores universitarios en los últimos 20 años ha afectado seriamente la calidad académica y a los académicos mismos. El complejo sistema de becas y estímulos compensa esta caída sólo para un sector minoritario, su peso es excesivo en relación al salario tabular, origina dispersión de las situaciones salariales, es inestable e inseguro, introduce un productivismo exagerado no equivalente a calidad, y lleva al descuido de funciones sustantivas para la vida universitaria pero poco significativas en puntos. Al no ser homologadas al salario, las becas no forman parte de la jubilación; por lo raquítico de éstas, el docente tiene que seguir en la trinchera hasta el final, a pesar del tiempo dedicado a la institución y la merma de capacidad física para el intenso trabajo necesario para mantener las becas; el resultado es el envejecimiento forzoso de la planta académica y su agotamiento.

Esta situación debe cambiar mediante la recuperación del salario real, la integración paulatina de las becas al salario y jubilaciones dignas, en beneficio de los docentes, los alumnos, la universidad y la sociedad. Así se eleva la calidad. Por su parte, el personal administrativo ha visto deteriorarse sus salarios, sin que tenga ningún sistema compensatorio.

Estos temas son parte de una visión de la universidad pública en la sociedad en profunda transición, que es parte del oficio de rector. Las respuestas de los candidatos a éstas y otras cuestiones cruciales, en sus propuestas de trabajo y trayectorias que validen su credibilidad y consecuencia, deben ser elementos básicos de juicio para quienes lo eligen.