Recomendación de la CNDH al Ejército por probable tortura a dos eperristas

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acreditó que Teodoro Juárez Sánchez y Pablo Gaspar Jimón, campesinos de Guerrero, fueron objeto de ``detención prolongada y tortura'' por parte de elementos del Ejército Mexicano, para obtener información sobre integrantes del autodenominado Ejército Popular Revolucionario (EPR).

De acuerdo con las recomendaciones 96/97 y 100/97, la institución pidió al procurador general de Justicia Militar, general Rafael Macedo de la Concha, el inicio de una investigación para determinar la probable responsabilidad de elementos castrenses involucrados en estos hechos.

Para la CNDH también quedaron demostrados actos de detención arbitraria, incomunicación y tortura atribuibles a servidores públicos pertenecientes a las fuerzas armadas, por lo que recomendó llevar a cabo la investigación correspondiente para que se deslinden las responsabilidades penales y administrativas que pudieran resultar.

La recomendación 100/97 incluye diez denuncias por detención arbitraria, lesiones y tortura; cuatro por allanamiento de morada, amenazas e intimidación, y dos más por desaparición forzosa. En total 16 actos violatorios.

En lo que hace al primer rubro -detenciones arbitrarias, lesiones y tortura- la CNDH acreditó la existencia de estos actos ``con base en la versión de los quejosos, agraviados y testigos'', así como en ``los dictámenes médicos emitidos por peritos'' adscritos a este organismo nacional.

Los agraviados son Andrés Tezompaxtle Tecpile, comandante Rafael, Juan Leonor Bello, José Santiago Carranza Rodríguez, Martín Barrientos Cortés, Bonifacio Francisco Ríos Bello, Juan Julián González, Bertín Matías Sixto, José Pacheco Pineda, Antonio Padilla Gatica y Luis Gonzaga Lara.

En el caso de allanamiento de morada, amenazas e intimidación, también se comprobaron acciones violatorias a los derechos humanos en las comunidades de Xitoplanta, municipio de Ahuacuotzingo y región de La Montaña en Guerrero. Así como en contra de Avelino Tapia Marcos y Alberto Moreno Flores.

Sólo para el caso de la desaparición forzada -Fredy Nava Ríos y Benito Bahena Maldonado-, la CNDH encontró que estos actos pudieran ser atribuibles a elementos del Ejército Mexicano, dadas las versiones de los quejosos y familiares de los agraviados. En los casos de tortura y detención prolongada sí los acreditó.

La CNDH conoció un total de 23 asuntos en los que se denunció al Ejército Mexicano en relación con hechos relativos a la investigación del EPR. A solicitud del ombudsman nacional, el procurador general de Justicia Militar envió informes correspondientes de los diferentes casos, aceptando en algunos la participación de elementos castrenses en estos hechos y en otros los negó, sin especificar en cuáles.

El organismo defensor de los derechos humanos indica que, de acuerdo con los diversos testimonios recabados, existe una gran coincidencia en el modus operandi de quienes intervinieron en los diversos casos de tortura, detención e interrogatorios.

Sin embargo, en un comunicado, la CNDH destaca contradictoriamente que ``no encontró pruebas contundentes'' respecto de la participación de miembros del Ejército Mexicano en las violaciones a derechos humanos, ``aunque sí que diferentes elementos pueden permitir una probable participación de militares''. Por ello recomendó al procurador general de Justicia Militar iniciar las indagaciones en cada uno de los 16 casos referidos. (Alejandra Parra).