El Tribunal Universitario, formalista y desacreditado

Claudia Herrera Beltrán Ť El abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Gonzalo Moctezuma Barragán, consideró que es tiempo de reformar el Tribunal Universitario para evitar que siga siendo un órgano ``formalista'' y ``desacreditado'' por grupos estudiantiles que en vez de recurrir a las instancias internas de la institución se han inconformado ante el Poder Judicial, y se declaró a favor de debatir el futuro de esa instancia que resguarda la disciplina en foros abiertos a la comunidad universitaria.

En entrevista, explicó que ante la intervención de alguno de los tres poderes de la Unión en los asuntos universitarios, es aconsejable la del Congreso, porque ese órgano legislativo está facultado para reformar la Ley Orgánica de la UNAM, pero en el caso del Poder Judicial, dijo que existe el ``temor'' de que pretenda gobernar a las universidades.

Luego del acuerdo que firmaron dos activistas del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) con las autoridades de la UNAM, Moctezuma Barragán hizo un llamado a las organizaciones estudiantiles a diferenciarse de los grupos porriles -``porque están siguiendo conductas idénticas''-, y los invitó a ser más creativos y manifestar sus ideas sin ir en contra de la legislación universitaria.

A cambio, ofreció que la oficina del abogado general se mantendrá atenta para poder distinguir las acciones de protesta que estén dentro de la normatividad universitaria de aquellas conductas delictivas que violen las leyes del país.

``En materia política, la UNAM se está quedando rezagada. Hay muchas maneras de transmitir las ideas entre universitarios distintas a las pintas, a las tomas de oficinas. El hecho de que ejerza un derecho va a llegar hasta el punto en el que estoy violando un derecho de un tercero'', añadió el abogado de la máxima casa de estudios del país.

Estudio de alternativas

Moctezuma Barragán, quien ocupa la secretaría del Tribunal Universitario, criticó a ese órgano por operar con un reglamento creado hace 51 años, por ser ``demasiado formalista y más rígido aun para los alumnos que tienen una participación política'' dentro de la institución.

Del Tribunal Universitario, que en repetidas ocasiones ha sido criticado por los estudiantes y, en consecuencia, no ha sido tomado en cuenta, aseguró que funciona para la mayoría de los miembros de la comunidad universitaria; sin embargo, consideró necesario hacerle ``modificaciones de fondo'' para que pueda responder a la nueva situación del país, de mayor apertura y participación democrática.

Indicó que por iniciativa del rector Francisco Barnés de Castro, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM realiza un estudio sobre las diferentes alternativas que existen en las universidades públicas y privadas del país y el extranjero para resolver problemas de disciplina interna.

Pero señaló que en tanto el tribunal no concluya su labor, los universitarios deberán apoyarlo para que termine bien su gestión, pues ``nada se gana con desacreditarlo'', sobre todo cuando hay otras vías internas para resolver los conflictos, tales como la Comisión de Honor.

Interrogado sobre si deberá tomarse en cuenta la propuesta presentada en el Congreso Universitario de 1990 para reformar a ese órgano, dijo que no hay nada qué retomar de esa iniciativa, porque significa la ``antítesis de la solución''.

Moctezuma explicó que fue correcto el no aprobar entonces esa reforma, pues la propuesta incluía la creación de pequeños tribunales en cada dependencia universitaria, lo que hubiera duplicado la burocracia sin atacar el problema de fondo, que es la tardanza para resolver los casos.

Según Gonzalo Moctezuma, es necesario darle mayor presencia a los académicos en el Tribunal Universitario, hacerlo una figura muy ágil y de ``gran peso ético'' entre la comunidad. En la actualidad, esa instancia está integrada por tres miembros: un presidente, el más antiguo de los profesores del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho; un secretario, el abogado general, y un vocal, el catedrático más antiguo de la facultad o escuela donde trabaje el maestro sancionado. Y cuando se trata de alumnos, se suman dos estudiantes del plantel al que pertenezcan los acusados.

En referencia a las críticas en el sentido de que el abogado general es juez y parte en los procesos llevados ante ese órgano, admitió que a veces puede suceder, particularmente en procesos conocidos, pero dijo que hasta la fecha no ha ocurrido una situación de ese tipo, por lo que negó haber necesitado ``excusar'' su participación.

Precedente perjudicial

Más allá de la discusión que pudiera darse en el Congreso Universitario para transformar el tribunal, Moctezuma explicó que sería conveniente que se organizaran foros donde los universitarios definan qué modelo de instancia se requiere para velar por la armonía de la UNAM. ``A mí me parecería muy atractivo, porque si esa instancia no tiene un peso ético sobre los universitarios, nada más le vamos a cambiar de nombre pero sin resolver nada''.

Aseguró que la eficacia de ese órgano ha quedado demostrada cuando ha intervenido, por ejemplo, en sancionar a alumnos o maestros que extraen pertenencias de la Universidad o participan en peleas, pero no para estudiantes que tienen una participación de corte político dentro de la máxima casa de estudios que no aceptan su competencia.

Moctezuma Barragán se refirió en especial a la queja que interpuso Inti Muñoz ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ``la que pudo haberse evitado'' si el alumno de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se hubiera atenido a las instancias internas de la Universidad.

Indicó que si los ministros dan un fallo favorable al estudiante que fue suspendido seis meses por organizar un concierto de rock en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco, y posteriormente reinstalado por ganar un amparo, ese hecho ``podría crear un precedente en perjuicio de la universidad pública, ya que se le reconocería como autoridad''.

Sin embargo, se manifestó confiado en que la reciente resolución acerca del juicio interpuesto por una alumna sancionada del plantel Sur del CCH, Mariana Elkisch Martínez, deje en claro que las universidades autónomas no son autoridad y, por lo tanto, su estatuto no puede ser examinado.

La defensa de Muñoz y de Elkisch reclamó la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de la UNAM, entre otras razones porque, según su alegato, no contiene ningún artículo que garantice a los afectados los derechos a la educación, al libre examen y discusión de las ideas y el respeto a las garantías de audiencia y legalidad consagrados en la Carta Magna.

Por ello, el funcionario consideró que de insistir Muñoz en llevar su asunto ante el Poder Judicial, la Universidad Nacional tiene confianza de ciento por ciento de que la Suprema Corte de Justicia acote una resolución que tomó en febrero pasado para un trabajador de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, en Michoacán, donde aclaró que, si bien se negaba el amparo por tratarse de una relación de carácter legal, en otros casos sí procedería a pesar de que se tratara de una universidad autónoma.

Sobre la posibilidad de que la Cámara de Diputados se interese en proponer reformas a la legislación universitaria, Moctezuma Barragán dijo que desde ese punto de vista es ``correcto'', porque los legisladores tienen la facultad de modificar la Ley Orgánica, pero consideró necesario que los diputados no sólo tomen en cuenta a la comunidad universitaria, sino que hagan suyas las propuestas que puedan surgir de sus integrantes.

Afirmó no temer que una parte del Estado ejerza sus atribuciones, pues se declaró creyente de la división de poderes, pero manifestó que se debe anteponer la facultad que tiene la UNAM de ser autónoma, de acuerdo con el artículo tercero de la Constitución.