Informa McCaffrey al Capitolio sobre acuerdos de vuelos antinarco en México

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 29 de octubre Ť Estados Unidos y México han firmado tres nuevos acuerdos para ampliar la capacidad de aviones antinarcóticos estadunidenses de operar en México, y el canciller José Angel Gurría ha autorizado la extradición de seis ciudadanos mexicanos a este país, informó hoy el gobierno del presidente Bill Clinton.

Al presentar testimonio ante el Congreso de Estados Unidos, el zar antinarcóticos de la Casa Blanca, Barry McCaffrey, repetidamente elogió este miércoles la voluntad de cooperación de México con los esfuerzos antidrogas estadunidenses, mientras que un funcionario del FBI consideró que esa cooperación está en ``su nivel más alto de todos los tiempos''.

Para resaltar aún más el punto, el secretario asistente de Estado, Jeffrey Davidow, añadió que los temas antidrogas estarán en un lugar ``alto dentro de la agenda'' cuando los presidentes Ernesto Zedillo y Bill Clinton se reúnan aquí el mes entrante, y agregó que el mandatario mexicano ha solicitado una oportunidad para entrevistarse con líderes legislativos durante esa visita.

Esas palabras positivas fueron algo contrastadas con otras evaluaciones, en las cuales se advirtió que la corrupción en México permanece como ``un problema serio'' y las preocupaciones de funcionarios de la DEA, el FBI y de Aduanas de que las Fuerzas de Trabajo Fronterizo Binacionales, diseñadas para detectar narcotráfico de ambos lados de la frontera, no están funcionando plenamente. La razón, indicaron, es porque México aún no ha reconstituido sus equipos asignados a esos grupos con personal verificado ni ha proporcionado el financiamiento adecuado.

McCaffrey sostuvo que ``el personal estadunidense (asignado a esas Fuerzas de Trabajo Fronterizo) ha sido prevenido de incorporarse a los grupos por razones de seguridad''.

Los funcionarios estadunidenses han insistido en que los agentes de la DEA, el FBI y de Aduanas con sede en Estados Unidos, quienes se trasladan a México para trabajar con esos grupos, deben ser autorizados a portar armas. Cuando La Jornada preguntó al subadministrador de la DEA, James Milford, si había alguna otra forma de proteger a sus agentes sin armas, respondió: ``No hay otra manera''. Insistió en que las armas son esenciales. ``Necesitamos proteger a nuestra gente'', afirmó. Funcionarios mexicanos consultados por este diario reiteraron que no se autorizará esa condición a los agentes estadunidenses.

La audiencia del Comité de Relaciones Exteriores fue convocada para evaluar la cooperación bilateral en la guerra contra la droga, pero muchos de los senadores presentes cuestionaron al principio si México debería ser certificado, el próximo año, como país aliado que coopera plenamente con los esfuerzos antinarcóticos estadunidenses.

``No deseo descertificar a México -declaró el senador Joseph Biden, reiterando comentarios de otros de sus colegas, incluyendo a la senadora Dianne Feinstein-, pero no sé cómo podremos evitar el caso... El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Bueno, las buenas intenciones del liderazgo electo mexicano bien podrían estar pavimentando el camino al infierno para muchos americanos''.

Sin cambios en la certificación

Al responder a múltiples preguntas sobre sus declaraciones de que tal vez el proceso de certificación podría eventualmente ser sustituido por un esfuerzo multilateral antinarcóticos, McCaffrey insistió en que mientras ha abogado en favor de un proceso multilateral, también ha comentado a los líderes latinoamericanos que ``no esperen un cambio en el proceso de certificación en el corto plazo''.

Gran parte de las más de tres horas de la audiencia de hoy fue dedicada a explicaciones, con lujo de detalle, por parte de funcionarios de la administración Clinton sobre los esfuerzos mexicanos para mejorar sus capacidades antinarcóticos.

Por ejemplo, McCaffrey se refirió a la cuestión de la extradición, e informó que el canciller Gurría recientemente acordó y firmó los documentos oficiales ordenando la extradición de 12 personas a Estados Unidos, incluyendo seis ciudadanos mexicanos que carecen de la doble ciudadanía: Oscar Malherbe, Jaime Ladino, Jaime González Gutiérrez, Tirso Angel Robles, Martín Avalos Tescuano y Rosendo Gutiérrez. Ellos apelaron contra las órdenes de extradición, y éstas sólo serán ejecutadas después de agotarse esos recursos legales y después (bajo la ley existente y sin el instrumento aún de la ``extradición temporal'') de que los seis cumplan sus condenas por delitos cometidos en México.

Los funcionarios estadunidenses alabaron la voluntad de México de ampliar las operaciones de los aviones de detección por radar P-3 AEW del Servicio de Aduanas de Estados Unidos en México. Estas naves frecuentemente tienen un funcionario de la PGR a bordo, y detectan aviones y barcos pequeños sospechosos de transportar drogas.

El director de Aduanas, Samuel Banks, dijo hoy que México recientemente firmó tres nuevos acuerdos que permitirán a esos aviones estadunidenses recibir permiso para operar de una forma más ágil en México. ``Propuestas estadunidenses para los sobrevuelos de rutina de los P-3 AEW serán aprobadas por el gobierno de México sobre una base mensual'', informó.

Ansiosos por evitar cualquier cobertura negativa de los medios de difusión, los funcionarios estadunidenses hicieron hoy un esfuerzo concertado para presentar una imagen positiva de la cooperación antinarcóticos bilateral. Empero, como es ya frecuente, los representantes de las dependencias de seguridad pública condicionaron sus afirmaciones de elogio al señalar áreas aún preocupantes. Milford, de la DEA, comentó ante el Congreso estadunidense que su agencia ahora cree que los narcotraficantes mexicanos representan ``un peligro más significativo e inminente para Estados Unidos que las organizaciones colombianas''.