Se pedirá aumentar a 3 mil 500 millones los recursos contra el crimen: Ricoy

José Gil Olmos Ť Los índices de criminalidad en el país no han disminuido en los últimos cuatro años; al contrario, han crecido 6 por ciento anualmente, lo que lo convierte en el problema que ``más agravia y lacera a la sociedad'', dijo ayer el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Agustín Ricoy Saldaña.

Anunció que se solicitará un presupuesto de 3 mil 500 millones de pesos (1 por ciento del producto interno bruto) para disminuir los niveles de inseguridad, profesionalizar a 250 mil miembros de las corporaciones policiacas -de los cuales 50 por ciento apenas terminó la primaria-, comprar mejores armas y enfrentar la delincuencia organizada, ``que no tiene límites ni fronteras para actuar en todo el territorio nacional''.

Manifestó que es urgente dar una respuesta inmediata a ese problema; sin embargo, consideró que habrá que esperar unos tres años para ``encontrar una solución cabal'' y lograr, primero, que la delincuencia no crezca, y segundo, que disminuya el índice delictivo que desde 1993 crece 6 por ciento cada año.

En ese sentido, advirtió que se tiene un efecto acumulado de delincuencia ``que nos está pegando todos los días en la calle a todos, no nada más a unos''.

Empero, rechazó que se esté militarizando a las fuerzas policiales del país al señalar que es una ``confusión'', ya que se trata de la sustitución temporal de algunos grupos para su profesionalización y algunos de los jefes de agrupaciones son militares retirados o con permiso.

En conferencia de prensa en la que presentó el Programa de Prevención del Delito, anunció que ya se tiene elaborado un paquete de reformas a las leyes penales para enfrentar el crecimiento del delito en el país y abatir el problema de la impunidad en el que están inmersos los delincuentes, actualmente ``más protegidos por la propia ley que las víctimas''.

Ricoy Saldaña citó los cinco principales delitos que comete el crimen organizado: robo de autos, los cuales han llegado a aparecer hasta Africa; asaltos al transporte de carga; narcotráfico; hurto bancario y secuestro.

El funcionario señaló que la inseguridad pública no es sólo un problema para el gobierno federal, sino también para las autoridades estatales y municipales, y señaló que ``la apuesta es ganarle la batalla a la delincuencia'', aunque dijo que en ningún país ni en ninguna época se ha logrado terminar con la delincuencia.

Iniciativas de ley

El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mencionó que se han tomado diversas medidas para disminuir el crimen organizado, ``que no reconoce competencias ni territorios''. Entre otras citó la integración de un sistema nacional de información, la formación de los consejos estatales y municipales de seguridad pública y los comités de consulta, evaluación y participación ciudadana.

Mencionó también un paquete de reformas al Código Penal y los códigos de Procedimientos Penales Federales, los cuales sufrieron cambios en 1993, que sería presentado, en primera instancia, al Poder Ejecutivo y luego al Congreso de la Unión, pero también a las legislaturas de los estados.

Señaló que una de las reformas tendría que ver con cambios estructurales en aspectos como los elementos de consignación de una persona.

``Es verdaderamente agraviante que detengan a unos señores en pleno asalto y al día siguiente estén en la calle'', comentó Ricoy Saldaña, para quien la tentativa de delito ``debería penarse de la misma manera como si se hubiese consumado el ilícito, aunque por causas ajenas no se haya concretado'', señaló.

En ese contexto, opinó que también el concepto de flagrancia debería cambiar, porque los que existen ``no sirven para resolver el problema'', y consideró que la figura del Ministerio Público debe fortalecerse y evitarle tener que resolver conflictos de carácter administrativo.

Ricoy sostuvo que también requiere un cambio sustantivo y estructural el sistema de enjuiciamiento penal, porque si se analiza el artículo 20 constitucional, se tienen nueve fracciones que hablan de las garantías de los delincuentes y sólo una de las de las víctimas.

Explicó que cuando se efectuaron las reformas constitucionales y a los códigos penales en diciembre de 1993, se cambió el esquema de consignación de los delincuentes en los juzgados porque había muchos casos de violaciones a los derechos humanos y de tortura. No obstante, observó que eso, ahora, ha dado lugar a un problema estructural que ``es necesario reparar''.

Necesario, aumentar el presupuesto

Agustín Ricoy manifestó que para el próximo año se pidió un incremento de 41 por ciento para el presupuesto federal de dicho sistema de seguridad pública, el cual contó este año con recursos por 2 mil 450 millones de pesos. Señaló que de aprobarse esa solicitud de 3 mil 500 millones de pesos, se apoyarán dos aspectos principales: adelantar metas y fortalecer el esquema de la seguridad pública en el ámbito municipal.

Acerca de las metas, mencionó la compra de nuevo equipo (armas, autos, equipo de radiocomunicación), capacitación y profesionalización, y fortalecer los procesos de administración, organización y comunicación de los sistemas estatales de seguridad pública.

Finalmente, recordó que continúan los exámenes sicológicos, antidopaje y de aptitudes, así como la investigación patrimonial de 11 mil mandos superiores y medios de todas las corporaciones de seguridad pública del país.