Deportación forzosa a 112 mil migrantes, en un año
Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 30 de octubre Ť El gobierno de Estados Unidos deportó ``forzosamente'' a 111 mil 794 extranjeros indocumenta- dos durante los últimos 12 meses, un nivel sin precedente, y la abrumadora mayoría de éstos fueron mexicanos, informó hoy el gobierno del presidente Bill Clinton.
Estas cifras no incluyen a otros 77 mil que aceptaron ser deportados ``voluntariamente'', al ser detectados sin documentos de residencia aquí, ni a otros 1.3 millones de extranjeros capturados y devueltos a su país en las fronteras de Estados Unidos. En total, casi 1.5 millones de inmigrantes indocumentados fueron deportados o expulsados de en el periodo de 12 meses que concluyó el 31 de septiembre de 1997.
Al anunciar estas estadísticas, la procuradora general Janet Reno se enfocó hoy en particular sobre los 111 mil 794 extranjeros forzosamente deportados, una cifra que, dijo, representaba un incremento de 62 por ciento sobre el año anterior. Casi la mitad de éstos que fueron obligados a abandonar el país a través de acción legal eran criminales, y muchos de ellos habían sido condenados por delitos contra las leyes sobre droga de este país.
``No descansaremos'', afirma Reno
``Ahora que hemos cumplido con nuestras metas para remover a extranjeros ilegales criminales y otros, planeamos establecer metas aún más altas para los años venideros''. Funcionarios del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) informaron esta tarde que 76 por ciento de los deportados forzosamente durante este último año, 84 mil 899 personas, eran ciudadanos mexicanos.
``Estamos haciendo más seguras las calles y comunidades estadunidenses al deportar a un número creciente de extranjeros criminales'', declaró Reno. Pero defensores de los derechos del inmigrante opinaron que el enfoque no debería ser sólo sobre los criminales deportados, sino sobre las consecuencias de un esfuerzo más agresivo para deportar ``forzosa o voluntariamente'' a trabajadores indocumentados. Este año se registró un incremento de 93 por ciento en las deportaciones forzosas de extranjeros no criminales, según las estadísticas oficiales difundidas hoy, un incremento que en parte se atribuye a los procedimientos expeditados para la deportación que ahora limitan el número de apelaciones legales y otros recursos que usaban los deportables para evitar su expulsión.
La abogada Susan Gzesh, especialista en ley de inmigración en Chicago, también cuestionó si los 76 mil 844 que abandonaron el país el año pasado sin acción penal, o sea ``voluntariamente'', estaban conscientes de sus derechos legales. ``Están moviendo tan rápido a la gente y en números tan altos y desde áreas remotas que nos preocupa si la gente que sale `voluntariamente' del país de hecho no conoce a cuáles derechos está renunciando'', dijo Gzesh, una de las abogadas de la organización de derechos del inmigrante Heartland Alliance.
En entrevista con La Jornada, Gzesh dijo que su organización está recibiendo llamadas de personas en varios estados que no entienden sus derechos y, dada la rapidez de los nuevos procedimientos, están abandonando el país antes de tener acceso a abogados o a sus consulados. ``A veces recibimos llamadas de gente después de que sus familiares ya han salido del país'', dijo.
La gran mayoría de las órdenes de deportación son para inmigrantes detectados en los estados fronterizos de California, Texas y Arizona, pero las estadísticas difundidas hoy sugieren que se incrementa el número de deportaciones de zonas como Chicago, Nueva York y Boston, entre otras.
La comisionada del SIN, Doris Meissner, aseveró que las estadísticas dadas a conocer este jueves comprueban que el sistema comienza a funcionar. ``En los últimos cuatro años, con los recursos proporcionados por el Congreso, hemos creado programas innovadores que han mejorado de forma significativa nuestra capacidad de remover a los inmigrantes ilegales de nuestros lugares de trabajo y nuestras cárceles'', afirmó.
Pero María Jiménez, quien trabaja para el Comité Americano de Servicio de Amigos, en Houston, cuestiona esta aseveración. ``No están deteniendo la inmigración indocumentada'', sostiene. ``Pero, eso sí, las condiciones para la gente cruzando la frontera y aún para los que viven aquí se han vuelto mucho más duras''.
De hecho, Meissner reconoció hoy que las cerca de 190 mil deportaciones de este último año no se mantienen a niveles parejos con la tasa de crecimiento de la población indocumentada, la cual, calcula el SIN, se incrementa en aproximadamente 275 mil cada año.
Lo que sí han provocado las nuevas leyes, afirmó Jiménez en declaraciones a La Jornada, es contribuir a la inestabilidad de familias en las zonas fronterizas como la desestabilización de la comunidad inmigrante indocumentada en todo el país. Por ejemplo, señaló que durante este último mes su organización recibió una llamada de una salvadoreña que estaba cuidando a un bebé de cuatro meses y a un niño de año y medio.``Las madres de estos dos niños fueron capturadas en una redada y deportadas a México. Tardaron varias semanas regresar a este país y mientras tanto esta pobre salvadoreña no sabía qué hacer con los niños'', contó.
Jiménez, quien dirige un proyecto sobre los derechos humanos en la frontera, dice que su organización se está enterando de más casos en los que ciudadanos estadunidenses y residentes legales han sido falsamente detenidos durante horas sólo por no tener sus documentos. ``Los arrestan sólo porque parecen mexicanos'', indicó. Además, cuestiona por qué los mexicanos son el grupo de inmigrantes más grande de los forzosamente deportados''.