La secretaria estadunidense de Justicia, Janet Reno, informó que en el año fiscal presente Washington ha expulsado a 111 mil 794 indocumentados, en tanto que otros 76 mil 844 regresaron a sus países en forma ``voluntaria'', lo que hace un total de 188 mil 638. Por su parte, la comisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización, Doris Meissner, dio a conocer estimaciones según las cuales la población total de indocumentados en la nación vecina se incrementa cada año en 275 mil personas.

Es decir, en Estados Unidos el número de extranjeros sin documentación migratoria -entre 4 millones y 5 millones de individuos- sigue creciendo en términos netos, a pesar de las masivas y muchas veces brutales disposiciones y acciones antinmigratorias adoptadas por las autoridades federales y estatales de ese país.

Ese dato evidencia la ineficacia de la política estadunidense de cara a sus propios objetivos declarados, y pone una vez más sobre la mesa la sospecha de que, para Washington, las leyes antinmigrantes aprobadas en años recientes, así como los aparatos y dispositivos policiales destinados a hacerlas cumplir, son una válvula para regular el ingreso de fuerza de trabajo barata a su economía.

Se ha señalado en numerosas ocasiones que, en materia de flujos migratorios, las disposiciones jurídicas y administrativas no constituyen instrumentos adecuados para combatir fenómenos originados en asimetrías económicas y sociales entre países y que tienen, en consecuencia, razones mucho más profundas que deben ser atendidas en sus respectivos ámbitos.

Sólo de esa forma puede explicarse el explícito fracaso de la beligerancia oficial que las autoridades estadunidenses han desplegado en contra de los millones de trabajadores -más de la mitad de los cuales, ha de recordarse, son mexicanos- que buscan en el país vecino perspectivas de vida que les son negadas en sus lugares de origen, que realizan importantísimas aportaciones a la economía y a la cultura estadunidenses y que reciben, a cambio, un trato de criminales.

Pero si las medidas antinmigratorias no consiguen su objetivo manifiesto de suprimir la población indocumentada o reducir su número, sí logran en cambio empeorar de manera drástica las condiciones de vida y subsistencia de los trabajadores extranjeros, así como multiplicar los riesgos -a veces mortales- a los que deben enfrentarse para ingresar en territorio estadunidense y permanecer en él.

En esas circunstancias, el gobierno mexicano y la sociedad nacional deben intensificar sus esfuerzos para sensibilizar a las autoridades y a la ciudadanía del país vecino sobre la incoherencia, la ineficacia y la crueldad de su política contra los inmigrantes.