Me permito destacar algunos hechos relevantes sobre el caso de Rubén Zuno Arce por tener la convicción de su inocencia y la certidumbre de que fue injustamente condenado en Estados Unidos a cadena perpetua.

La defensa de Rubén es de nueva cuenta necesaria ahora que el diario Los Angeles Times publicó, el domingo pasado, nuevas evidencias sobre la inducción de testigos por parte del gobierno de Estados Unidos para incriminar, en toda falsedad de testimonio, a Zuno Arce por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena. Según las investigaciones de este periódico, el testigo clave de los fiscales, Héctor Cervantes Santos, reconoció haber sido obligado a falsear su testimonio para convencer al jurado de que Rubén Zuno era un capo del narcotráfico del cártel de Guadalajara que conspiró para asesinar a Camarena.

En el fondo, en el caso de Zuno era claro que se trataba de una conspiración --del gobierno, los medios, la justicia, la DEA y otras agencias de Estados Unidos--, para interconectar al narcotráfico con las altas esferas del gobierno mexicano, al tiempo que se utilizaba a Rubén, a modo de chivo expiatorio, para simular ante la opinión pública norteamericana que el caso de Camarena había sido resuelto. Ese fue en todo momento el doble objetivo estratégico de los fiscales estadunidenses por instrucciones de su gobierno.

Los diferentes procesos en contra de Rubén Zuno estuvieron plagados de irregularidades desde el momento en que fue detenido en San Antonio, Texas, el 9 de agosto de 1989, hasta su infeliz e injusta condena a cadena perpetua. Se trataba de verdaderos atentados al sistema jurídico estadunidense, como al fin se atreve a señalar ahora Los Angeles Times, y como bien demostraron en su momento sus abogados defensores, Robert Medvene y Jim Blancarte --ante los oídos sordos de los diferentes jueces que tuvieron que ver con el caso, y de modo especial del juez federal Edward Rafeedie, del Distrito Central de Los Angeles, quien siempre dio la impresión de haber condenado a Zuno antes de haberlo juzgado en franca complicidad con los fiscales.

Se trata de violaciones al derecho consuetudinario y natural de Estados Unidos que serían fácilmente documentables: detención ilegal (false arrest); violación al derecho personal de privacía (unlawful search and seizure); impedimento para consultar a un abogado y violación al derecho de proceso judicial (denial of due process; denial of right to counsel); encarcelamiento sin fundamento (false imprisonment); privación ilegal de la libertad y malos tratos (denial of liberty without due process and cruel and unusual punishment); y muchas más que sería prolijo enumerar, pero que cualquier jurista estadunidense podría establecer revisando las actas de los diferentes procesos que se siguieron en su contra hasta su condena definitiva.

Así también, los argumentos de los fiscales contenían falsedades y contradicciones evidentes. En primer lugar, argumentaban que las riquezas ilimitadas de Rubén probaban su condición de gran ``capo del cártel de Guadalajara'', cuando apenas si podía pagar los honorarios de sus abogados y sus bienes no pasaban de un condominio en Puerto Vallarta, una dulcería y una gasolinera antidiluviana en Mascota, Jalisco. En segundo lugar, pretendían demostrar que Rubén era el contacto entre el narcotráfico y las altas esferas políticas, gracias a sus numerosos contactos entre la clase política mexicana resultantes de su parentezco con el ex presidente Luis Echeverría, cuando todo mundo sabía que la familia Echeverría incluyendo a los Zuno habían caído en desgracia a los ojos del salinismo en el poder. Finalmente, los testigos comprados e instruidos por la fiscalía pretendían haber presenciado reuniones secretas donde se planeó el secuestro y posterior asesinato de Enrique Camarena, bajo la conducción del ``capo de Guadalajara'', Rubén Zuno Arce, y con la presencia de gentes del nivel de García Paniagua, cuando todo mundo sabe que ese tipo de reuniones, de haberse realizado, por principio lógico de sentido común no se hacen en presencia de choferes, guaruras y judiciales.

Durante el salinato, la Cancillería mexicana hizo todo lo posible para desentenderse de la papa caliente de Rubén Zuno, sin importarle demasiado su condición de connacional en desgracia arbitrariamente tratado. Ahora sería franca complicidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores con las autoridades estadunidenses, que en flagrante violación de los derechos humanos secuestraron, juzgaron y condenaron a Rubén, si no se aprovechan las nuevas revelaciones de Los Angeles Times para rescatarlo, exigiendo por vía diplomática y jurídica la revisión de su caso.