La defensa de Rocha Díaz, legal, pero sin ética, expresan abogados

Jesús Aranda Ť La actuación del senador Salvador Rocha Díaz como abogado defensor de Jorge Lankenau revela el grado de ``impunidad'' y ``corrupción'' que impera en la justicia mexicana, en donde los asuntos legales ya no se resuelven en el ámbito jurídico, sino en el ámbito político, aseveraron los litigantes Hernán Pizarro, Armando Levy Aguirre y Raúl Hernández Rodríguez, dirigentes de la Asociación de Abogados Litigantes de México.

Los abogados precisaron que, si bien ``jurídicamente'' la actuación de Rocha Díaz no tiene problema legal alguno, se trata de un problema ``éticamente'' reprobable, en donde se presta la situación para que un representante popular, que además fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, trafique con sus influencias y anteponga sus intereses personales y los de su defendido por encima de la representación popular que tiene como legislador federal.

Señalaron que ante el vacío jurídico que hay para que funcionarios y legisladores litiguen durante sus funciones, se debe reglamentar la ley, a efecto de que los que tengan cargos públicos o de representación popular, queden impedidos de ejercer funciones de abogacía en tanto se mantienen en el cargo, para evitar así por lo menos ''malos entendidos'', como en el caso de Rocha Díaz.

Asimismo, los litigantes advirtieron que despachos como el de Rocha Díaz y el de Fernando Gómez Mont --también defensor de Lankenau--, pertenecen a la élite de despachos en los que es evidente el uso de sus relaciones políticas para ``litigar en su favor'', lo cual es reprobable, aseveraron.

Las corruptelas e impunidad que vemos en el caso Lankenau, sostuvieron, reflejan la imperante necesidad de reformar totalmente el aparato de justicia, para imponer penas más severas a los delincuentes y límites legales a las labores ``extra legislativas'' de diputados y senadores.

Ojalá, concluyeron, que el próximo gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas en el Distrito Federal tome en cuenta lo anterior, para que los funcionarios que nombre se deslinden públicamente de sus labores profesionales, sobre todo de abogacía.