A partir de la presente semana la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tendrá que acelerar sus tareas para ofrecer al primer jefe de gobierno electo, Cuauhtémoc Cárdenas, un marco jurídico que le permita afrontar con éxito los graves problemas de la gran metrópoli.
El tiempo es breve y la tarea grande. Las nuevas leyes tendrán que ser promulgadas antes del 5 de diciembre, cuando tome posesión el abanderado del PRD. Es decir, el plazo es de un mes.
La tarea se dificulta en virtud de que la Asamblea carece de capacidad plena de decisión, pues en algunos casos es sólo una especie de ``Cámara de origen'', pues sus iniciativas tendrán que ser ratificadas por el Congreso de la Unión, el cual conserva todavía amplias facultades para legislar sobre el Distrito Federal.
Esa es probablemente la mayor aspiración de los integrantes de la Asamblea: lograr que ese organismo se convierta realmente en un Congreso del Distrito Federal. Pero ese propósito tendrá que esperar por lo menos un año más y los diputados locales -en particular los del PRD- deberán de esforzarse en despejar el camino a su líder moral y jefe de gobierno electo.
Para empezar, por ejemplo, habrá que enmendar un ``pequeño olvido'' de los legisladores federales que aprobaron la reforma para el Distrito Federal: al contrario de los gobernadores de los estados, el jefe del gobierno capitalino no tiene facultad para presentar iniciativas de ley. Claro que en las actuales condiciones de amplio dominio del PRD en la Asamblea, en la práctica se puede subsanar esa deficiencia, pero siempre es mejor establecer con claridad de dónde proceden las propuestas de cambio a la ley.
Urgente: los delegados
Por encima de las críticas que han recibido por su inexperiencia, los diputados locales perredistas, encabezados por su coordinador Martí Batres Guadarrama, tendrán que afrontar de inmediato la reforma del Estatuto de Gobierno y la Ley de la Administración Pública, de manera que la administración de Cárdenas pueda empezar a trabajar sin obstáculos ni lagunas legales.
Desde el pasado 8 de octubre, los coordinadores de las fracciones de la Asamblea Legislativa -PRD, PAN, PRI, PVEM y PT- integraron un grupo de trabajo para enviar al Congreso de la Unión una propuesta común para la actualización del Estatuto de Gobierno, de manera que sea aprobada rápidamente también en esos órganos legislativos, pero hasta ahora no hay nada definitivo.
Hay muchos aspectos a discutir, pero tal vez el asunto que llamará más la atención será el de la designación de delegados, pues los diputados desean que su nombramiento tenga características más democráticas, antes de que se llegue a la elección directa por medio de votaciones.
Un sector de diputados desea además aumentar los requisitos para los delegados. Por ejemplo, el haber sido residentes de la demarcación que quieran gobernar por lo menos 5 años antes de su elección.
Como complemento, está pendiente la propuesta de dar mayor independencia administrativa a las delegaciones políticas y de dividir algunas de las actuales, como Iztapalapa y Gustavo A. Madero.
Estos son sólo algunos apuntes acerca de la tarea legislativa pendiente en el Distrito Federal, porque la lista es muy amplia y en ella no se puede olvidar la reforma o promulgación de un nuevo código penal, a fin de sancionar con mayor severidad a la delincuencia.