Informará hoy a legisladores de GB sobre los 7 años de la comisión

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) considera que su actuación en la defensa de garantías individuales vive ``una etapa difícil por el entorno social y político que prevalece en el país'' y cita como ejemplos la crisis económica, la inseguridad pública, los altos índices de delincuencia y los efectos del narcotráfico en ``las instituciones que los protegen''.

Así se menciona en el informe que hoy presentará Mireille Roccatti al Parlamento británico, en respuesta a una invitación expresa para conocer la situación de los derechos humanos en México. Durante su estancia en Londres también se prevé que la ombudsman tenga una reunión con el presidente de Amnistía Internacional (AI), Pierre Sané.

En el texto que será presentado en el Parlamento británico, la funcionaria destaca la petición que ha hecho el organismo a su cargo al Congreso de la Unión para que el Estado mexicano instrumente ``medidas rápidas y enérgicas para hacer cesar y revertir la situación'' violatoria de garantías individuales en el país y la urgencia de reformas legislativas sustanciales para la ``protección integral de las víctimas del delito''.

Así, resume que de junio de 1990 a septiembre de 1997 en la lucha por la vigencia del estado de derecho y el fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos, recibió 57 mil 102 quejas, de las cuales quedan pendientes de trámite sólo mil 269 dirigidas principalmente a nueve instituciones gubernamentales.

Un apartado especial se refiere a la tortura, la cual, de acuerdo con una tabla estadística, ocupa al momento el lugar 27 entre los hechos violatorios después de que de diciembre de 1990 a junio de 1991 estaba en el primero.

Aquí, Mireille Roccatti explica al Parlamento británico que la eliminación de la tortura en México tiene ``algunos avances pero no se ha alcanzado la meta de erradicación definitiva de estos hechos que merecen el más enérgico rechazo por ser las prácticas que lesionan la integridad física y moral de las personas''.

En las quejas presentadas, destaca una recomendación sobre las violaciones a derechos humanos en Guerrero, en donde menciona superficialmente la aplicación de detenciones arbitrarias, lesiones, torturas, allanamiento de moradas, amenazas e intimidación y desaparición forzada de personas por parte de elementos del Ejército Mexicano ``o civiles'', y su interés porque se ejercite acción penal en contra de los probables responsables.

A través de un documento de 31 cuartillas, Roccatti hace un recuento sobre la labor de la CNDH a poco más de siete años de su creación y el impulso de organismos no gubernamentales por defender a ``toda persona que le hayan violado sus derechos sin importar que sea inculpado, víctima y ofendido de algún delito''.

De esta manera, informa al Parlamento británico la intención de la CNDH, planteada ante el Congreso de la Unión, por hacer reformas legislativas con base en cinco estudios elaborados durante el presente año para presentar anteproyectos de modificación a los artículos constitucionales 20 y 102, así como a la ley que crea el Centro de Atención para las Víctimas del Delito, tipificar el delito de desaparición forzada e involuntaria de personas en el Código Penal aplicable en materia federal y al artículo 77 bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

En su informe, Roccatti menciona que la protección y defensa de los derechos humanos es una ``tarea interminable que no es exclusiva de organismo o entidad pública o privada alguna, sino que en este cometido contribuyen tanto las instituciones de gobierno como los diversos sectores sociales para propugnar por el respeto a la ley, combatir la impunidad y hacer prevalecer el estado de derecho''.

Resalta además la importancia de la CNDH por dar a conocer a nivel internacional las actividades más relevantes con el objeto de que se ``evalué con objetividad el trabajo realizado''.

Según las recomendaciones recibidas a lo largo del tiempo, las instancias más ``violadoras'' de derechos humanos son: la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Reforma Agraria y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Se detalla que los principales hechos violatarios se cometen contra reclusos o internos y se ejecutan detenciones arbitrarias, se niega el derecho de petición, hay dilación en la procuración de justicia, negativa injustificada de beneficios de ley, negligencia médica, falsa acusación, lesiones y ejercicio indebido de la función pública.

De acuerdo con las estadísticas, del total de 57 mil 102 quejas recibidas, 12 mil 91 se refieren a hechos de naturaleza penal, y de éstos, 3 mil 89 casos fueron propiciados por el mismo quejoso, mientras en 8 mil 627 el denunciante fue víctima u ofendido por la comisión de un hecho delictivo y en el resto el agraviado está relacionado con asuntos penitenciarios. (Alma E. Muñoz)