Paradigma entre los estados gobernados por el PAN, Baja California vive en el paraíso según las cifras y las afirmaciones oficiales del pleno empleo y la inversión. Inclusive, no hay evento blanquiazul fuera de la entidad en donde no participen funcionarios de aquella entidad para señalar que por allá todo marcha bien gracias a la forma de administrar la vida pública de los panistas.
Pero ¿qué hay en realidad detrás de esto? En el fondo sólo hay un mito construido a lo largo de varios años en el que se entretejen medias verdades, falsos supuestos, métodos equivocados de gobernar y la subestimación, a veces riesgosa, de las críticas que se hacen.
En primer lugar, se ha conducido al estado como si se tratara de una empresa, buscando más que cualquier otra cosa que sea rentable. En casi ocho años de gobiernos panistas no se ha aprendido a trabajar con las organizaciones populares ni se ha abandonado la costumbre de echar la culpa de todos los problemas que no se han podido resolver ya sea al gobierno federal o bien a las administraciones anteriores. Ni siquiera el ex gobernador Ruffo se escapa de que de cuando en cuando sus correligionarios lo culpen de las fallas que ahora se padecen.
¿En qué se ha fundado la fama que proclama Accion Nacional? Analicemos cuatro aspectos que son de los más utilizados en la propaganda panista:
1. Se dice que en Baja California prácticamente no hay desempleo, lo cual es cierto, pero se omite el hecho de que los salarios son bajos en comparación del costo de la vida de esta zona fronteriza. Tampoco se habla de las condiciones, en muchas ocasiones violatorias a las leyes, a la salud y a los derechos humanos elementales en las que trabajan por ejemplo las trabajadoras de las maquiladoras o los jornaleros de San Quintín. Los panistas siguen la regla de que no hay que aceptar nada que atemorice a los inversionistas, aunque para ello tengan que hacerse de la vista gorda en una que otra cosita, como por ejemplo las leyes ambientales y laborales, con la complicidad de algunos patrones y varios pseudo líderes de sindicatos blancos.
2. También se asegura, año tras año, que el estado es una de las entidades que atrae mayores volúmenes de inversión. Con esto se demuestra, según la propaganda, la solidez de las políticas aplicadas. Esta verdad a medias omite, sin embargo, el precio que se paga por ello, que es muy alto, sobre todo en el aspecto laboral y en cuanto a la situación de la contaminación ambiental que es uno de los problemas más graves en la entidad. En realidad, la inversión es atraída por los bajos salarios, por la displicencia de las autoridades para exigir el cumplimiento de leyes laborales y por la cercanía con Estados Unidos, no por la solidez de la administración pública.
3. En términos de seguridad pública, también la situación es muy grave. En Tijuana, particularmente, tiene visos de incontrolable. Esta urbe, junto con Ciudad Juárez, Guadalajara y el Distrito Federal forman un eje donde la delincuencia organizada actúa a gran escala. Ante este problema, el gobierno sólo nos ofrece diagnósticos light, como el que aparece en el programa de seguridad 1997-2000 del gobierno estatal, y el señalamiento de que el problema es básicamente federal.
4. La tasa de crecimiento poblacional de Baja California, en especial Tijuana, es la más alta del país. Empujados por la ausencia de oportunidades y atraídos por la expectativa de mejores condiciones de vida y trabajo, cada año llegan miles de compatriotas a dicha ciudad fronteriza. Se asientan, en su mayoría, en áreas desiertas muchas veces peligrosas por tratarse de lechos de ríos, cañadas, declives, etcétera. En este punto, además de la problemática en la tenencia de la tierra que se genera, se pone en peligro la vida de miles de habitantes. Los servicios urbanos que demandan estos compatriotas no son atendidos debido a la falta de recursos y de planeación.
De muchas formas, Tijuana es el espejo de varias ciudades del país que atraviesan por la misma situación. Es urgente encontrar una solución de fondo y no sólo esperar a que las opciones aprendan a administrar los problemas sin resolverlos.
Desde luego, la solución no pasa por ahuyentar la inversión ni exonerar las responsabilidades que cada nivel de gobierno tiene en estos asuntos, pero sí de diseñar una forma de gobierno que, en principio, vaya al fondo de los problemas y, conjuntamente con los ciudadanos y las comunidades, ponga las bases para resolverlos de una manera realista. De lo contrario, el paraíso bajacaliforniano que se proclama será, como nos ha sucedido en tantas cosas, la venta de un gato que se trata de hacer pasar por liebre.