Otra vez una región se convierte en un laboratorio político y jurídico.

Chihuahua enfrentó en días pasados una batalla ciudadana para celebrar por primera vez un referéndum, sobre la reciente reforma constitucional en materia electoral. Como parte de una larga historia, este mecanismo de la democracia directa fue el motivo de una disputa política, el cual finalmente no fue aprobado por el Tribunal electoral de ese estado norteño.

El clima político entre las principales fuerzas partidistas se ha empezado a calentar por la próxima elección de julio de 1998, en la cual se renovarán los 57 ayuntamientos, el Congreso local y la gubernatura. Con este motivo se originó la idea de afinar, corregir y, de alguna manera, retroceder en las reglas del juego electoral. El PRI, con su mayoría en el Congreso local impulsó una reforma, pero en su prisa por recobrar el control de los organismos electorales y hacerse de más diputados rurales, olvidó consultar y consensar los cambios con la sociedad. En ese proyecto contó con el solitario voto del PRD, el cual se dejó llevar al baile priísta a cambio de una serie de supuestas reformas ``progresistas'', como el establecimiento de un tope de género de 70 por ciento para las candidaturas al Congreso, como si éste fuera motivo de una reforma constitucional y no de una política partidista. La reforma fue vetada por el gobernador y el priísmo venció el veto con el apoyo del PRD.

Ante la falta de consulta y el mayoriteo del PRI se organizó la iniciativa cívica de hacer un referéndum para detener cambios que no fueron consultados con la sociedad. Esta iniciativa ciudadana es, por otra parte, el resultado del fracaso político de los grupos de legisladores que fueron incapaces de ponerse de acuerdo y lograr una reforma por consenso. Es la primera vez en el país que se organiza una acción de este tipo. El grupo organizador de la consulta logró reunir 264 mil 509 firmas para solicitar el referéndum, cantidad superior al requisito de 10 por ciento del padrón (172 mil 913 firmas). Desafortunadamente, el Tribunal rechazó la solicitud bajo el argumento de que sólo 139 mil 135 ciudadanos tenían clave de elector. En los artículos que reglamentan el referéndum no se menciona que las firmas deban tener clave de elector, lo cual será motivo de impugnación por parte del Consejo Ciudadano Pro Referéndum.

Además de la disputa política, había también un litigio jurídico en torno al famoso referéndum, el cual se expresaba en dos posiciones: los que estaban en favor de la reforma (PRI y PRD) afirmaban que los ``viejos'' organismos electorales ya no tenían vigencia, por lo cual el Tribunal Electoral había dejado de tener capacidad jurídica para dictaminar si el referéndum procedía o no; además, el artículo 105 de la Constitución de la República señala que las leyes locales y federales deberán promulgarse 90 días antes de que se inicie el proceso, con lo cual la consulta sería violatoria por dejar en suspenso la reforma hasta el resultado del propio referéndum. Los que estaban en contra de la reforma y a favor del referéndum (PAN, PT y PVEM) indicaban que no había violación porque si el referéndum derogaba la reforma, automáticamente continuaba vigente la anterior ley y sólo se publicaría un decreto derogatorio, con lo cual se evitaba violentar el artículo 105. Otras posiciones --que fueron más allá de la interpretación literal de la ley-- afirmaron que la consulta era muy importante y debía realizarse porque es el pueblo, o una parte significativa de éste, el que lo solicitaba.

Con todo y las descalificaciones que puedan hacer los actores políticos en conflicto y las diversas complicaciones jurídicas que enmarcaron la petición de referéndum, y más adelante, la decisión negativa del Tribunal, hay un dato que es histórico: por primera vez una comunidad de ciudadanos organizados le trata de poner un alto a un Congreso. A pesar de no haberse realizado el referéndum de forma oficial, ya existe el precedente de una amplia consulta ciudadana que disputa una decisión arbitraria de un grupo de legisladores, y eso es un éxito.

Quizá hubo fallas técnicas en la recolección de las firmas, pero el antecedente queda establecido, posiblemente la próxima vez los legisladores tendrán más cuidado de hacer reformas a espaldas de la sociedad. A pesar de que se frustró la realización de este referéndum, la ciudadanía de Chihuahua tomó nota y este proceso de reforma, veto, consulta y rechazo del Tribunal, fue una magnífica experiencia de aprendizaje político. Verlo sólo como un impedimento es un error, ninguna pelea se gana en la primera batalla, así que quedan otras consultas ciudadanas en el futuro de esa región. En julio de 1998 la ciudadanía de Chihuahua podrá volver a expresar sus convicciones y entonces, quizá, calificará esa reforma regresiva y a sus impulsores.