Cuestionan senadores convenios antinarcóticos con Washington

Elizabeth Velasco C. Ť Presidentes e integrantes de diversas comisiones del Senado de la República cuestionaron severamente la naturaleza y condiciones de los convenios signados entre México y Estados Unidos para el control y combate al tráfico drogas, pues son inequitativos en el trato con la parte mexicana y representan una ``intromisión en la vida soberana'' del país.

Exigieron también mayor información en materia de extradición de fugitivos, entrenamiento de agentes judiciales y militares, lavado de dinero, tráfico ilícito de armas y otros temas sobre los cuales no hay datos del gobierno de Estados Unidos, pese a que el mexicano ``da toda la información posible de lo que hacemos en materia de combate a las drogas''.

Así lo consignaron ayer ante el subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Rebolledo Gout, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Eduardo Ibarrola, e Ismael Gómez Gordillo, procurador fiscal de la Federación, luego de que éstos presentaron un informe sobre la Reunión Plenaria del Grupo de Contacto de Alto Nivel para el Control de las Drogas México-Estados Unidos, realizada el 23 y el 24 de octubre pasados, en Washington.

El documento, calificado de ``excesivamente parco'' por los legisladores, expone ``avances'' entre México y Estados Unidos en materia de reducción de la demanda de estupefacientes, control de precursores, lavado de dinero, tráfico de armas de fuego, erradicación, intercepción, prófugos, organizaciones criminales y cooperación multilateral.

Los senadores cuestionaron el mecanismo de certificación que aplica Estados Unidos y reprocharon la falta de información sobre la presunta autorización que el gobierno mexicano dio para que aeronaves y guardacostas estadunidenses puedan incursionar en territorio mexicano en persecución de traficantes.

El panista José Angel Conchello consideró necesario aclarar el término ``intercepción'' usado por ambos gobiernos y mediante el cual se aprueba apoyar las ``actividades aé- reas y marítimas de detección y monitoreo de aeronaves y embarcaciones ilegales o sospechosas''. Se desconoce, dijo, el verdadero alcance de ese concepto y si la intercepción atañe sólo a la detección y el monitoreo.

José Trinidad Lanz Cárdenas, del PRI, y Adolfo Aguilar Zínser, del PVEM, coincidieron en que el orden jurídico que crean ambas naciones para combatir el narcotráfico involucra ``no sólo el asunto de la soberanía nacional, sino también el del ejercicio de los derechos y garantías individuales''.

Al respecto, indicaron que los senadores desconocen el contenido del Protocolo de Extradicción Temporal que negocian en su fase final ambos gobiernos, y los compromisos que adquirirá nuestro país. ``¿En este compromiso se incluye la posibilidad de que los mexicanos sean entregados para ser sometidos a juicio en los Estados Unidos...?''.

Rosario Green cuestionó si la suscripción del protocolo se da en términos de igualdad jurídica entre ambos países, así como el verdadero alcance de las actividades de intercepción de droga.

El priísta Alvaro Vallarta subrayó que el gobierno de Zedillo constantemente es ``presionado por la certificación, los vuelos en caliente, las armas de la DEA'' y, sin embargo, Estados Unidos nunca informa qué hace, pues no hay presiones del lado mexicano''.

Coincidió con el presidente de la Comisión de Justicia, el panista Juan de Dios Castro, en que no obstante ``que nosotros informamos todo, no hay correspondencia. Necesitamos estar a la ofensiva...''.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Primera, José Murat, manifestó que los senadores desaprueban al igual que el pueblo mexicano el mecanismo de certificación estadunidense, pues representa una ``intromisión en la vida soberana de México''.

En general, los legisladores señalaron a los funcionarios que es grave la falta de información de ``primera mano'' sobre la efectividad de las acciones y normas para el combate al narcotráfico, y demandaron mayor comunicación entre el Senado de la República y las dependencias del Ejecutivo.