De acuerdo con documentos de la oficina antidrogas de la Casa Blanca, aviones y embarcaciones estadunidenses participaron en una operación persecutoria contra presuntos narco- traficantes que se realizó, en agosto pasado, en territorio nacional. En forma detallada, los papeles de la dependencia que encabeza Barry McCaffrey dan cuenta de las naves y aeronaves que intervinieron en tal suceso, ocurrido al sur de Acapulco el pasado 11 de agosto, y señalan que incidentes similares han ocurrido en las penínsulas de Yucatán y Baja California Sur.
La información precedente podría evidenciar graves violaciones a la soberanía nacional y a la Constitución, cometidas ciertamente por la Guardia Costera y el Servicio de Aduanas del país vecino, pero toleradas por la cancillería mexicana y por la Secretaría de Marina (SM).
Asimismo, los documentos estadunidenses contradicen las reiteradas seguridades proporcionadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en el sentido de que el gobierno mexicano no autorizaría la participación de efectivos o aparatos extranjeros en las denominadas ``persecuciones en caliente'' en territorio nacional (el cual comprende las aguas territoriales y el espacio aéreo) contra narcotraficantes.
La gravedad del asunto hace necesaria la intervención de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República para demandar a la SRE, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR) información puntual y completa sobre lo ocurrido el 11 de agosto en el sur de Acapulco, así como para establecer las responsabilidades políticas en que habrían podido incurrir funcionarios de esas dependencias al autorizar el ingreso a territorio nacional de aeronaves, embarcaciones y efectivos extranjeros, y la usurpación, por parte de éstos, de tareas que competen exclusivamente a las fuerzas armadas y a los cuerpos de seguridad pública nacionales.
Finalmente, cabe recordar que el pasado 4 de octubre entró en vigor una normatividad denominada Bases de Coordinación para Autorizar Sobrevuelos en el Espacio Aéreo Mexicano y Aterrizajes de Aeronoaves Extranjeras, firmada por los titulares de la SRE, la Sedena, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la PGR.
En este documento se señala, a la letra, que ``en ningún caso se autorizará un sobrevuelo con propósitos de interceptación en persecución de una aeronave que se presuma realiza actividades ilícitas''.
A la luz de los documentos estadunidenses dados a conocer hoy, es clara la necesidad de que el Poder Legislativo tome cartas para supervisar el estricto cumplimiento de este precepto.