Sólo gente honesta en el patronato del Monte de Piedad: García Lizama

Angeles Cruz y Salvador Guerrero Chiprés Ť ``Puedo asegurar, bajo palabra de honor, que el Patronato del Nacional Monte de Piedad (NMP) está integrado por gente honesta, honorable, que no hay ningún desvío, que no ha realizado ninguna aplicación que no corresponda al estatuto ni mucho menos ha hecho gastos improcedentes'', señaló Víctor García Lizama, presidente de la Junta de Asistencia Privada (JAP) que gobierna el Monte de Piedad, al comentar lo publicado por La Jornada.

``Puedo poner las manos al fuego por el Patronato'', insistió. Sostuvo que ocho despachos auditan las labores del Nacional Monte de Piedad, ``todos ellos con certificación internacional'', y que Cuauhtémoc Cárdenas, jefe de gobierno electo del Distrito Federal, ``está siendo engañado'' por el asesor del sindicato, Jesús González Schmal, sobre el presunto mal manejo de recursos. El DDF, por ley, revisa el informe de la Junta de Asistencia Privada, dijo.

Apuntó que en el sindicato hay ``corrupción'' y aseguró tener recibos que demuestran que su líder, Eugenio Joel González, recibió dinero ``ilegítimo'' de anteriores patronatos, ``que yo no estoy dispuesto a darle''. Además, señaló que hay trabajadores que han sido consignados por fraudes que van de los 50 mil a los 5 millones de pesos.

Asimismo, invitó a este diario a mostrar los documentos que demuestren que ha cometido algún ilícito. Ubicó las acusaciones como parte del ``juego de presiones'' entre un sindicato que se opone a la modificación de su contrato colectivo de trabajo, esencialmente igual al de hace 50 años y en el que habría, según el funcionario, ``cláusulas que permiten la corrupción de los trabajadores''.

García Lizama fue entrevistado después de acompañar al arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera en la inauguración de la Jornada de la Caridad.

Luego de las modificaciones hechas a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Distrito Federal, en 1992, el Nacional Monte de Piedad dejó de ser un organismo descentralizado y se convirtió en una IAP, con lo cual quedó agrupado en la junta encabezada por García Lizama.

Desde entonces, es él quien toma las decisiones sobre todos los asuntos relacionados con Monte de Piedad y, con base en la misma legislación, designa o destituye a los miembros del Patronato. Por este organismo pasan, en primera instancia, los asuntos relacionados con la institución y luego de emitir una opinión, se transfieren a la Junta de Asistencia Privada.

Sobresale el hecho de que la mayoría de los integrantes del Patronato tienen algún parentesco o relación amistosa de muchos años con García Lizama; solamente el director, Alejandro Ainslie de Font-Réaulx y el secretario patrono, Luis Romero de Terreros, no están en esa situación.

En cambio, el revisor Sergio Gómez Sánchez Aldana fue novio de una de las hijas de García Lizama; el vocal Arturo de la Torre Díaz es su compadre; el vocal Alan de la Torre Lovera fue compañero en la escuela de un hijo del presidente de la JAP; el vocal Martín Marmolejo González tiene un negocio de consultoría financiera y es amigo de muchos años de García Lizama; finalmente, José Antonio Dorbecker Castillo es su concuño.

Esta situación, comentan las fuentes que pidieron el anonimato, ``haría dudar a cualquiera del manejo de los recursos''. Así, dicen, el único que decide sobre el destino de los recursos es el presidente de la Junta de Asistencia Privada, quien por cierto reporta sus actividades únicamente al DDF, pero es un informe que ``nunca se sabe si alguien lo lee''.

Al interior del Monte de Piedad se sabe de todas las decisiones que toma García Lizama sobre los recursos de éste ``que es un gran negocio'', porque hasta septiembre pasado había un remanente de mil 800 millones de pesos. Se recuerda, por ejemplo, su negativa para dar ayuda a los damnificados por Paulina, bajo el pretexto de que ``ahorita todos están dando'', desechando así la propuesta hecha por el director Alejandro Ainslie. Sin embargo, se dice, hay la intención de donar dinero a los estados para la compra de banderas, igual que ocurrió en el Distrito Federal.