Ministro de la Corte censura a Madrazo
Jesús Aranda Ť Humberto Román Palacios, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), criticó las declaraciones formuladas por el procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, en torno de las actuaciones de jueces y magistrados, y enfatizó que el funcionario ocasiona un ``grave daño al hablar sin pruebas''.
En entrevista, el ministro censuró a Madrazo por ``seguir fomentando el círculo vicioso'' que obstruye la procuración y administración de justicia, al descalificar la actuación de los juzgadores sin haber presentado hasta el momento pruebas que fundamenten sus acusaciones.
En la oficina provisional que ocupan los ministros en un viejo edificio de la calle 16 de Septiembre, en el Centro Histórico, el integrante del máximo tribunal del país se llevó su mano a la cabeza al mencionar que, en lugar de que la PGR la utilice, está actuando con... y se apuntó al hígado.
Román Palacios dejó claro que la Procuraduría General de la República (PGR) tiene dos medios para actuar cuando considere que las decisiones judiciales son ``incorrectas'': interponer los recursos correspondientes, ya sea ante una instancia superior --como puede ser un tribunal colegiado--, o presentar su queja ante el Consejo de la Judicatura Federal.
Y la otra salida es que la PGR integre una averiguación y proceda conforme a derecho ``pero con pruebas fundamentadas'', para realizar la consignación penal correspondiente.
Claro, subrayó el ministro, ``es más fácil escoger un tercer camino: gritar, decir, quejarse, hablar de que el juez de distrito concedió de manera indebida el amparo''.
Molesto por las recientes críticas a jueces y magistrados hechas también por subprocuradores de la PGR, quienes han dicho que el juez Abraham Calderón Díaz es el ``juez favorito'' no sólo por haber otorgado la suspensión en favor de Jorge Lankenau, sino porque ``la mayoría de las suspensiones se han dado por el juzgado primero de distrito de Monterrey --que es el de Calderón--'', Román Palacios enfatizó que toda acusación debe fundamentarse con pruebas.
Cabe mencionar que entre los comentarios recientes de Madrazo Cuéllar sobre las actuaciones de jueces, destaca el de que ``existe una gran fragilidad en nuestro sistema de enjuiciamiento penal y por eso deben proponerse reformas penales para que los señores jueces no tengan la posibilidad de dictar resoluciones como las que se han observado''.
Román Palacios, quien aceptó hablar sobre las diferencias con Madrazo Cuéllar después de las innumerables críticas que éste ha realizado a los jueces y magistrados por no haber fallado en favor del Ministerio Público en varios asuntos, aseveró que a los ministros del máximo tribunal de justicia del país les preocupan las declaraciones de los funcionarios de la PRG ``porque no deja de ser molesto que en lugar de hacer señalamientos concretos, se generalice''.
Deben presentarse pruebas
Más adelante, reflexionó en voz alta y dijo que si nos guiáramos por la información que aparece cotidianamente en los medios informativos en los que se descalifican las actuaciones de jueces y magistrados, tendríamos todos una idea muy negativa de lo que es el Poder Judicial.
Pero, añadió, si tenemos a una docena de personas de conducta dudosa --a quienes no basta con señalar, sino que se les debe probar su culpabilidad-- y sabemos que hasta la fecha, la PGR no ha detenido a ninguno de los juzgadores que ha señalado y ``ni siquiera han logrado obtener la órden de aprehensión en contra de alguno'', entonces resulta que el Poder Judicial Federal ``no está tan mal'' y que si tiene problemas, ``son en una proporción mucho más baja'' de lo que se menciona en los medios.
Aclaró que no ``minimiza las cosas'', pues un solo caso de corrupción es ``gravísimo, además existe la posibilidad de que haya más de los que se mencionan, pero no es válido y sí causa un gran daño hablar o juzgar sin pruebas''.
Con relación a las recientes propuestas de funcionarios de la PGR para que se castigue a quienes huyan de la acción de la justicia, el ministro Román Palacios subrayó que propuestas como ésta revelan falta de sentido común y son inconstitucionales. ``Nada más falta que propongan --dijo en tono de burla-- establecer que quien se niegue a declarar sea también culpable''.
El ministro accedió a comentar las controversias jurídicas que se han hecho públicas a partir del caso Lankenau. De entrada, precisó que hablaba en forma general y que de ninguna manera se podría aplicar su pensamiento a un caso concreto.
Asimismo, Román Palacios salió al paso de las acusaciones de funcionarios de la PGR que tratan de inculpar al juez Abraham Calderón Díaz de la huida de Lankenau de su domicilio en donde estaba arraigado. ``¿Qué el juez lo estaba cuidando? o acaso, ¿él es policía y debe cuidar al detenido?''. Cualquier juez que decrete un arraigo, subrayó, no puede ser responsable de la fuga del detenido.
``Después viene este señor arraigado'' y lo trasladan a la ciudad de México. En este momento fue cuando mostró su inquietud sobre si se violó el arraigo que tenía Lankenau en Monterrey o no, ya que ``no sé si contaron (la PGR) con la autorización del juez para ello, pero yo me quedo con esa incertidumbre''.
Recordó que Lankenau llegó al Distrito Federal pero el juez de distrito de Nuevo León le concede la suspensión porque de acuerdo a la ley, su presunto delito no es grave, tal y como lo establece el Código de Procedimientos Penales aprobado por el Poder Legislativo.
En este punto, el ministro acotó que cuando Fernando Gómez Mont --actual defensor de Lankenau--fue presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se aprobaron las reformas a la ley en las que se precisaron cuáles delitos eran graves y cuáles no.
Una vez concedida la suspensión, añadió, el detenido comparece aquí ante el juez de distrito y precisamente por haber una suspensión en su favor, no podía meterlo tras las rejas porque habría actuado ilegalmente. Sin embargo, dijo, mucho se ha criticado que la juez Olga Sánchez Contreras recibiera a Lankenau afuera y no tras las rejas, lo cual, enfatizó, es absurdo.
Añadió que la juez tenía que resolver el asunto de la suspensión que había en favor de Lankenau de inmediato, antes de pronunciarse sobre un posible impedimento. Si la suspensión por parte del magistrado fue correcta, dijo, ``¿cuál es el problema?''
Sin embargo, opinó, si la PGR considera que el juez incurrió en una falta, tiene dos caminos: impugnar la resolución ante un tribunal colegiado para que corrija el fallo, o si no, que recabe las pruebas necesarias y consigne penalmente.
Pero, reiteró, los funcionarios de la PGR no pueden decir que se concedió indebidamente el amparo, como tampoco es correcto ``gritar'' o ``quejarse'' si no tienen pruebas en contra del juzgador.