La clave para el éxito de cualquier proceso de paz está en, por lo menos, dos elementos centrales. Primero, que las partes en conflicto perciban que la correlación de fuerzas en la que se encuentran llegó a un punto en el que por medio de negociaciones pueden obtener concesiones sustanciales que no pueden conseguir por la vía de la guerra. Segundo, que existan mediaciones lo suficientemente fuertes y reconocidas por las partes, para que éstas puedan, de manera simultánea, presionar para encauzar el conflicto por la vía pacífica y ser garantes de que los acuerdos alcanzados se van a cumplir.

El gobierno federal cree que el EZLN se encuentra cercado militarmente y aislado socialmente. Supone que la presencia rebelde en la opinión pública ha disminuido sensiblemente. Y, aunque no lo ha declarado públicamente, su verdadera agenda de negociación no pasa por resolver las demandas zapatistas, sino por limitarse a tratar con ellos su reinserción en la vida civil. Por su lado, el zapatismo percibe que ha crecido y se ha reorganizado de manera significativa dentro de Chiapas, que conserva una gran dosis de legitimidad ante amplias franjas de la población, y que su influencia internacional va en aumento. Tiene claro que el gobierno federal no está dispuesto a negociar sus demandas sustantivas. Ambas fuerzas creen que para su contraparte la negociación es sólo un pretexto para ganar tiempo y fortalecerse militarmente. El EZLN tiene a su favor el que la mayoría de la opinión pública está convencida de que es el gobierno federal quien no ha querido cumplir con los acuerdos a los que llegó.

La situación de las mediaciones no es mucho mejor. La función de la Conai se redujo a raíz de la suspensión del diálogo a comienzos de septiembre de 1997, pues sin pláticas de paz, sus responsabilidades se diluyeron. La Cocopa entró en una parálisis de la que no ha salido desde que el jefe del Ejecutivo vetó su iniciativa de reformas constitucionales y propuso un documento alternativo el 20 de diciembre de 1996. Ninguna de las mediaciones pudo garantizar que el gobierno federal cumpliera sus compromisos.

Más allá de la voluntad de algunos de sus integrantes para reinsertar a la Cocopa en el proceso de paz, ésta no ha podido romper el círculo vicioso en el que se encuentra. Aunque aún falta ver si los senadores que la integran permanecen, el perfil de la mayoría de sus integrantes es bajo. El mismo PRD, que formalmente ubicó este problema como uno de los puntos centrales de su agenda legislativa, escogió como uno de sus representantes en la comisión a Carlos Morales, un ¿ex? priísta chiapaneco. Por lo demás, la mayoría de sus miembros actúan más como militantes de sus partidos políticos que como parte de una comisión coadyuvante en el proceso de negociación que debiera tener cierta neutralidad. Hay en ellos un conflicto de interés. Sin ir más lejos, el presidente saliente de la citada comisión, el senador del PAN, Benigno Aladro, se comportó durante su gestión más como un empleado del gobierno que como un mediador, por no mencionar a quienes representan casi directamente a la Secretaría de Gobernación y directamente al gobierno de Chiapas.

La Conai atraviesa también por una crisis. Y, más allá de la responsabilidad que en ello tiene el golpeo gubernamental en su contra, ésta proviene de una situación límite: la del papel que desempeñan a su interior quienes cumplen simultáneamente funciones eclesiales y actividades de mediación política. Las funciones y la disciplina religiosa, tarde o temprano, entran en contradicción con las tareas de mediación. Diga lo que diga la CEM, su intervención directa en el proceso de paz en Chiapas aparece más como un intento de sustituir a la Conai, avalado por el gobierno, que como un instrumento para fortalecer el papel de la diócesis de San Cristóbal. La crisis surge, además, de suponer que la irrupción del EPR ampliaba el mandato de la Conai más allá de su mediación con el zapatismo.

El proceso de paz en Chiapas se encuentra cerca del peor de los mundos posibles. Las mediaciones existentes son débiles y no han podido garantizar que el gobierno federal cumpla con los acuerdos firmados. La desconfianza y la duda sobre la posibilidad de resolver las demandas que dieron origen al conflicto por medio de las negociaciones se ha adueñado del proceso de paz. En ello está la clave de su estancamiento. Quienes supusieron que el impasse de éstas se debía a la cercanía de las elecciones del 6 de julio, se equivocaron. A casi cuatro meses de la realización de éstas, el diálogo no se ha reiniciado. Cualquier iniciativa para desatascar al proceso debe buscar fortalecer las mediaciones y garantizar el cumplimiento de los acuerdos firmados. Mientras eso no suceda, no habrá pasos adelante.