El atentado perpetrado anteayer en el municipio chiapaneco de Tila contra los obispos de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz y Raúl Vera, y en el cual resultaron heridos tres acompañantes de los religiosos (los catequistas José Pedro Pérez y José Vázquez Pérez, además del mayordomo del santuario de Tila, Manuel Pérez Pérez), es, además de un acto repudiable que demanda una investigación a fondo y el castigo de los culpables, una prueba alarmante del deterioro político y social al que se ha llegado en Chiapas.

Tal deterioro se expresa, en primera instancia, en el poder de fuego y la impunidad con que han venido actuando diversos grupos de guardias blancas como el denominado Paz y Justicia, responsable del ataque referido. Esos grupos, que son instrumento de las oligarquías ancestrales de Chiapas, han contado con la aquiescencia del gobierno estatal, y ello les ha permitido controlar, por medio del terror, extensas regiones de la zona norte del estado, agregando graves elementos adicionales de tensión en el de por sí explosivo contexto político y social de la entidad.

No pasa inadvertido el hecho de que los intereses oligárquicos -con frecuencia indistinguibles de los de las autoridades locales- esta vez hayan apuntado sus armas de fuego contra los representantes de la diócesis de San Cristóbal y la Conai, que son sin duda de las más importantes instancias de distensión en el estado. Ello es indicativo de un empeño por cerrar toda posibilidad a un arreglo negociado y pacífico de los conflictos regionales y de una determinación por desestabilizar de manera irremediable la precaria situación chiapaneca.

En esta peligrosa circunstancia, en la que los sectores más retrógradas de la entidad parecen dispuestos a ir a la guerra; cuando el gobierno del estado exhibe sin tapujos su falta de disposición para controlar a las guardias blancas; en momentos en que se extiende la exasperación de los campesinos zapatistas o pro zapatistas por la falta de soluciones a su marginación secular, el cerco castrense a sus comunidades y el hostigamiento permanente, y cuando los enfrentamientos religiosos agregan volatilidad a esta combinación explosiva, el gobierno federal debiera percibir la urgente necesidad de reactivar, de una vez por todas, el diálogo con los indígenas rebeldes, impulsar la aprobación legislativa de los acuerdos de San Andrés y disolver a los grupos armados cuyo único propósito es preservar las estructuras racistas, clasistas, opresivas y antidemocráticas en las que ha descansado, hasta ahora, el poder político y económico en Chiapas.

Finalmente, no deja de resultar sorprendente, por decir lo menos, que la Secretaría de Gobernación se haya referido, en un comunicado emitido ayer, a ``la agresión (É) a tres integrantes de la comitiva que acompañaba a los obispos Samuel Ruiz García y Raúl Vera''. Sin que ello implique dejar de solidarizarse con los catequistas y el mayordomo lesionados por los pistoleros de Paz y Justicia, es evidente que los objetivos del atentado perpetrado anteayer en Tila no eran quienes por desgracia resultaron heridos, sino los obispos de San Cristóbal, y que si los atacantes hubiesen logrado su propósito, habrían generado una desestabilización mayúscula en Chiapas, además de una crisis política de dimensiones nacionales. Distorsionar el hecho o minimizar sus gravísimas implicaciones no contribuye a evitar que se fragüen o se emprendan nuevas agresiones criminales