Violencia e impunidad por la indiferencia oficial, acusan ONG

La conjura contra los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera en el municipio de Tila, Chiapas, y en el que resultaron tres personas heridas, es resultado natural de la negligencia de algunos funcionarios y legisladores locales en la investigación de los grupos paramilitares que existen en el estado, afirmó David Fernández Dávalos, presidente del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, quien agregó que ``por unos metros nos salvamos de una crisis en el país'', si hubiera sido lesionado el obispo de San Cristóbal.

Por su parte, la Red Nacional de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todos, manifestó su ``repudio total por la agresión sufrida por los obispos'', y exigieron a las autoridades una investigación pronta y expedita de los hechos, así como el desarme inmediato de los grupos paramilitares y el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.

La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, filial de la FIDH, también exigió acciones inmediatas y eficaces para la disolución de estos grupos que actúan impunemente en Chiapas como es el caso del grupo Paz y Justicia.

En un comunicado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, se afirma que este hecho no es aislado, ya que parece conjura, ``como un plan de agresión contra la Iglesia Católica'' pues algunas autoridades están prohibiendo la visita y el paso de sacerdotes católicos y demás agentes pastorales a varias comunidades ``cuyos templos permanecen lamentablemente cerrados''. (Alejandra Parra.)