Repudio general al ataque contra Samuel Ruiz y Raúl Vera

Juan Balboa, corresponsal, Tila, Chis., 5 de noviembre Ť En cinco horas de declaraciones, el agente del Ministerio Público del distrito de Yajalón, Daniel Arellano Camacho, integró --en unas 24 hojas tamaño oficio-- la averiguación previa AL41\551\427\97 en contra del grupo priísta Desarrollo, Paz y Justicia, por atentar con armas de fuego contra una caravana pastoral encabezada por los obispos Samuel Ruiz García y Raúl Vera López.

En un pequeño cuarto del dispensario médico chol Lak Chújutal Sr. de Tila, ubicado en la parroquia local, párroco, médico, así como catequistas y mayordomo heridos, y algunos testigos, ratificaron ante el representante de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) el intento de asesinato del obispo Samuel Ruiz García, presidente de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) y de su coadjutor, Raúl Vera López.

Declaración de los catequistas

Los catequistas José Pedro Pérez Pérez y José Vázquez Pérez, aún con suero, rindieron declaración frente a las autoridades judiciales del estado.

Manuel Pérez Pérez --mayordomo del templo del Cristo Negro de Tila, venerado por chiapanecos y tabasqueños-- narró que transitaban entre las comunidades de Belisario Domínguez y Guadalupe Jonapá, cuando escucharon ráfagas de metralleta. ``Sabíamos de las amenazas, pero a un obispo no creíamos que lo intentaran matar'', aseguró, Presenta heridas de armas de fuego en región de cara lateral del antebrazo izquierdo, ``producidas por fragmento de posta y de las cuales resultan una 20 lesiones quemantes que abarcan piel únicamente y presentan en su centro los fragmentos de la ojiva'', señala el médico general (cédula 1710559), Demóstenes Martín Pérez Urbina, adscrito a la parroquia de Tila.

El certificado suscrito por Pérez Urbina indica que José Pedro Pérez Pérez, de la comunidad de Jolwitz, presenta ``un orificio en zona lumbar izquierda, de unos cuatro milímetros de diámetro, sangrante, con necrosis tisular periférica y con un orificio de salida a nivel de fosa ilíaca ipsilateral de unos dos a tres centímetros de diámetro, irregular, sangrante.

El tercer herido, el catequista de la comunidad de Río Grande, municipio de Tila, presenta lesión irregular en zona axilar, lado izquierdo, que abarca piel, tejido celular subcutáneo con edema periférico, además de lesiones numerosas (unas 40 en total) y restos de plomo.

Por otra parte, una semana antes de la llegada de los obispos de San Cristóbal, el grupo paramilitar priísta Paz y Justicia inició una campaña en más de 50 comunidades para evitar que el presidente de la Comisión Nacional de Intermediación, Samuel Ruiz García, y el coadjutor Raúl Vera López, oficiaran misa en las comunidades del municipio de Tila.

En un volante sin firma titulado Doctrina diabólica, con una caricatura de Samuel Ruiz tomada del periódico Cuarto Poder --el más oficialista del estado--, el religioso aparece apuntando con un ``rifle de cruz'' y se lee: ``Armaos los unos a los otros''.

El panfleto en contra del encargado de la diócesis de San Cristóbal, distribuido pocos días antes de la visita de los dos obispos --que tienen a su cargo el gobierno diocesano que abarca las tres zonas de conflicto con presencia zapatista-- llama a los ``compañeros indígenas a no dejarse influenciar por el veneno del señor Samuel Ruiz''.

El volante, en poder de La Jornada, dice textualmente en sus primeros párrafos:

``Es muy difícil creer que hoy en nuestros días los mismos sacerdotes, catequistas, coordinadores de niños se dedican a predicar y enseñar la muerte, el terrorismo, la muerte entre las comunidades indígenas para desestabilizar las comunidades más humildes, además se involucran en ... y se hacen pasar como intermediarios de las comunidades zapatistas, perredistas y las comunidades indígenas''.

Y sigue:

``... La Biblia enseña que sólo hay un Dios, puede ser el único mediador entre los pobres, en ningún momento dice que Samuel Ruiz García, este mismo personaje está lleno de avaricia, de orgullo pecador y placeres, ya que por su culpa estamos en un caos político y religioso''.

Enseguida, el volante recrimina el papel del párroco de Tila, Heriberto Cruz Vera, y los organismos de derechos humanos, y se pregunta: ``¿Qué hacer? ¿Continuar con la fe diabólica? ¿Está usted dispuesto apoyar a Samuel Ruiz García que es un discípulo del diablo? Otro sinvergüenza, chismoso, predicador... el profesor Manuel Sánchez Pérez, limosnero, director de secundaria particular doctor Manuel Velasco Suárez...''.

Y termina advirtiendo:

``Mucho ojo, compañeros''.

Los prelados continúan su visita a la zona norte de Chiapas

El obispo coadjutor Raúl Vera López confirmó hoy que tanto él como Samuel Ruiz García continuarán su visita pastoral a la zona norte de Chiapas, una de las más conflictivas del estado, a pesar de la agresión armada que sufrieron el martes pasado en el municipio de Tila.

Samuel Ruiz y Raúl Vera viajaron hoy por la mañana a la cabecera municipal de Tumbalá, en donde concelebraron varias misas y se reunieron con los catequistas de la región.

De acuerdo con el calendario anunciado, los dos obispos permanecerán este jueves en diversas comunidades de Tumbalá y el próximo viernes viajarán al municipio de Palenque.

La tardanza para definir el concepto de autonomía indígena y el estancamiento en el diálogo están generando en Chiapas el fortalecimiento de grupos como el de Paz y Justicia y una creciente confrontación política, social y religiosa. La situación ``ya es una mezcla explosiva'', afirmó el obispo Felipe Arizmendi, integrante de la Comisión Episcopal de Paz y Reconciliación.

Clérigos miembros de esa comisión, el arzobispado de México y directivos de representaciones evangélicas condenaron el atentado a los obispos de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz y Raúl Vera. Hicieron un llamado a que los gobiernos federal y estatal actúen ``con urgencia'' para contener la violencia en Chiapas. De igual forma, pidieron que el Congreso desahogue lo antes posible la ley sobre derechos y cultura indígenas.

El retraso en el diálogo crea condiciones para mayores divisiones entre comunidades, coincidieron.

El nuncio Justo Mullor, desde Mérida, lamentó el ``triste acontecimiento'', pidió investigarlo y lo situó como muestra de la urgente necesidad de diálogo entre el gobierno y el EZLN. Dijo que mantiene su intención de visitar la entidad en diez días.

Agregó que esperaba ``firmemente que esta lamentable acción sea la última de este tipo y que ahora se dé paso lo más pronto posible a una paz estable, constructiva y total en el estado de Chiapas'', en un texto que firmó con el arzobispo de Mérida, Emilio Berlié, y el arzobispo emérito de esa ciudad, Manuel Castro Ruiz.

Insta la Arquidiócesis a la fraternidad

La Arquidiócesis de México reprobó el atentado. Ante lo ``deplorable'' del hecho, propuso ``fraternidad'' y auguró que ``a pesar de las dificultades y enojos que este ataque pueda suscitar, se mantendrá en todos una actitud de discernimiento y generosidad que lleve a todas las partes a restablecer el diálogo, que se traduzca en soluciones reales, a partir de acuerdos ratificados y cumplidos por todos''.

El obispo auxiliar de México, José de Jesús Martínez Zepeda, exhortó ``a que con urgencia'' las partes involucradas generen ``un nuevo impulso para la conquista de la paz''. No detener ``las escaladas de violencia'' empeorará la situación de Chiapas y del país, manifestó.

``Retrasos y negligencias'' propiciarán ``mayor desgarramiento de las comunidades'', así como ``violencia y conflictos al parecer cada vez más irreconciliables'', comentó en un comunicado.

El obispo de Tapachula, Felipe Arizmendi Esquivel, externó su ``gran preocupación'' ante lo sucedido. Consideró que el activismo de los ``grupos paramilitares'' en la zona norte de Chiapas es ``más grave'' que el denunciado por el episcopado en abril pasado al coincidir, ahora, con la desatención federal del diálogo, la indecisión del gobierno estatal y la interpretación ``muy diversa'' que del concepto de autonomía pueden hacer grupos de indígenas y de interés.

En la existencia del grupo Paz y Justicia, al cual se atribuye el atentado al convoy en que viajaban los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera, ``hay una mezcla explosiva muy grave de lo político partidario con lo económico, social, cultural, y la incidencia que esto tiene también en lo religioso'', indicó en entrevista telefónica.

El obispo de Tuxtla Gutiérrez, Felipe Aguirre Franco, señaló: ``los hechos perturban el ambiente ya enrarecido'' de la zona norte chiapaneca. Al proceso pacificador, dijo, deben contribuir ``evidentemente este grupo de Paz y Justicia y los grupos armados que quieren poner trabas a favor de la paz''.

Ambos integrantes de la Comisión Episcopal de Paz y Reconciliación, por separado indicaron que si eso puede ocurrir a los obispos, cosas más graves pueden sucederles a sacerdotes, catequistas o indígenas y campesinos sujetos a la preeminencia de un grupo como Paz y Justicia en su comunidad.

El obispo emérito de Papantla, Genaro Alamilla, reprobó que cualquier diferencia ideológica intente ser resuelta con violencia, y dijo que ``es condenable, venga de donde venga''. Y exigió: ``ya es momento de que el gobierno tome medidas drásticas'' para contener estos sucesos.

``No debe echarlo en el congelador ni archivarlo, debe darle de inmediato el interés que tiene. Hay autoridades que quizás les satisfaga el atentado al obispo Samuel Ruiz, no lo dudo, pero deben ser conscientes de que deben procurar el orden y la seguridad, porque quien paga no es él sino toda la población'', comentó en entrevista telefónica.

Advirtió que permitir el descontrol creará inercias mayores. ``Hemos visto la violencia generalizada. En su opinión, el subcomandante Marcos ``pasó de una etapa ideológica al protagonismo; no todo tiene que ser conforme al modelo presentado por el enmascarado mayor''.

Los evangélicos también son víctimas

El presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice), Arturo Farela, cercano a la discusión a favor del respeto entre las Iglesias, señaló que en la zona norte grupos de evangélicos han sido víctimas tanto del grupo Paz y Justicia, como de la que llamó ``coalición PRD-EZLN y catequistas''. Todos los grupos armados en Chiapas ``tienen una formación totalitaria contraria a la diversidad y pluralidad religiosa y política'', aseveró.

Gonzalo Ituarte, secretario técnico de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), afirmó que el atentado ocurrido en Tila es ``una llamada de atención de la gravedad del conflicto que se vive en Chiapas, para que los distintos actores en el proceso de pacificación refuercen su decisión de buscar caminos y solucionar de fondo el problema''.

Tras informar que los abogados de la diócesis de San Cristóbal de las Casas preparan una demanda penal en contra de los agresores de los obispos y sus acompañantes, Ituarte dijo que se espera ``que este triste acontecimiento haga conciencia en la ciudadanía de lo que ocurre en esta entidad, donde se trata de encubrir la realidad de una violencia sistemática que se extiende''.

Finalmente, monseñor Aguirre Franco dijo:``fue un ataque directo a la Iglesia católica y una intimidación a la próxima visita del nuncio Justo Mullor a la entidad''. (Salvador Guerrero Chiprés, y Luis A. Boffil, Elio Henríquez, Angeles Mariscal y Lorenzo Chim, corresponsales)

La Comisión Nacional de Derechos Humanos rechazó enérgicamente toda acción irracional de violencia. En particular reprueba y condena los oprobiosos hechos en los cuales resultaron tres personas lesionadas que acompañaban a los obispos Samuel Ruiz García y Raúl Vera, ``y pusieron en peligro la vida de los religiosos'', quienes realizaban una visita pastoral en la zona norte de Chiapas.

En un comunicado de la institución, se afirma que la ombudsman nacional integró el expediente de queja CNDH/122/97/TILA/2966.113, con el fin de promover ``en concreto el respeto a la seguridad jurídica y la lucha contra la impunidad'' de actos que dañan la paz y la vida democrática del país.

Al mismo tiempo -subraya el texto- se ha tenido comunicación con los colaboradores de los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera, ``con la finalidad de coordinar acciones adecuadas para la protección de su integridad física y la de sus acompañantes''.

La CNDH consideró que los derechos humanos son la única base sobre la que puede construirse una verdadera vida comunitaria. En ese sentido la institución condena los hechos violentos que han ocurrido en Chiapas y en particular la violencia contra los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera.

Asimismo la CNDH planteó como una necesidad imperiosa ``que las autoridades municipales, estatales y federales fundamenten las bases para establecer mecanismos orientados a solucionar las demandas sociales de los grupos en conflicto''. (Alejandra Parra.)