ASTILLERO Ť Julio Hernández López

El general brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez cumplirá este domingo, en el Campo Militar número uno, cuatro años de injusto encierro, a pesar de que hasta ahora no se le ha podido demostrar ninguno de los 21 delitos que se le han atribuido ni ha prosperado ninguna de las diez causas penales que se le han abierto.

Por el contrario, el general Gallardo ha ganado todas las solicitudes de amparo de la justicia federal que ha presentado, es considerado por Amnistía Internacional como un prisionero de conciencia ``perseguido por sus ideas políticas'', ha sido nombrado miembro honorario de Pen Internacional como reconocimiento a su lucha, ha recibido el apoyo de más de 60 organizaciones defensoras de derechos humanos de México y del extranjero, y ha merecido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA dictamine su caso como injusto y haya recomendado formalmente su liberación al gobierno mexicano.

Gallardo, contra quien se han abierto quince averiguaciones previas y se han librado ocho autos de formal prisión, es, además de general brigadier del Ejército Mexicano, licenciado en ciencias políticas y administración pública, ha cursado cuatro diplomados y tiene estudios de maestría y doctorado en administración pública, realizados estos con tal excelencia que es candidato a obtener la medalla Gabino Barreda, que es la máxima presea que otorga la UNAM a sus estudiantes.

Un ombudsman militar

Justamente esos afanes de estudio le llevaron a elaborar como tesis de maestría el trabajo denominado ``Las necesidades de un ombudsman militar en México''. Un resumen de esa tesis fue publicado en la revista Forum, que dirige Eduardo Ibarra, en octubre de 1993. Un mes después, el 9 de noviembre, el general Gallardo fue sometido a la prisión en la que se le mantiene hasta ahora.

Ese ombudsman, en palabras de Gallardo, serviría para ``que se modere la actuación de los mandos en todos los niveles, y haya una instancia de apelación a donde cualquier persona, civil o militar, pueda acudir cuando se vea afectada en sus intereses por el actuar del Ejército, el cual debe ser respetado y no temido''.

La figura del ombudsman militar ``permitiría romper las amarras y atavismos que dan lugar a la estructura cerrada que actualmente caracteriza al Ejército como institución. De esta manera, se daría una apertura hacia la sociedad y, con ella, se generarían mecanismos de retroalimentación que darían seguridad al Estado, erradicando la prepotencia, la impunidad y el autoritarismo que prevalece en los mandos de las Fuerzas Armadas''.

El mencionado ombudsman, según Gallardo, debería ser nombrado por el Congreso de la Unión, siendo ``de preferencia un civil, para evitar compromisos y parcialidad en su actuación'', y el secretario de la Defensa Nacional tendría que rendir informe a dicho Congreso de todas las actividades que desarrollara y responder por los actos en los que resultara involucrado el Ejército.

Una desviación de poder

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha emitido por primera vez en su historia una recomendación contra el Estado mexicano relacionada con un particular. Antes de suscribir el informe 43/96, fechado el 15 de octubre de 1996, referente al caso del general Gallardo, sólo se había producido otra resolución, relativa a las violaciones electorales de Chihuahua en la década de los años ochenta.

La CIDH-OEA fue directa en el caso Gallardo: a través de su detención y sometimiento mediante tantas averiguaciones previas y causas penales hechas ``de manera continuada y sin propósito razonable lógico y justificable, el Estado mexicano ha dejado de cumplir con su obligación de respetar y garantizar los derechos a la integridad personal, garantías judiciales, honra y dignidad, y protección judicial del mencionado general brigadier Gallardo''.

Además, ``en virtud de los hechos denunciados, el Estado mexicano no ha cumplido con las obligaciones de respeto de los derechos humanos y garantías impuestas por el artículo 1.1. de la Convención Americana''.

El párrafo 46, de los 117 de que consta el informe, en su segunda parte dice lo siguiente: ``la CIDH considera que ha existido una actitud anómala por parte del Estado mexicano, que configura una desviación de poder, la cual se traduce en indudables acosos y hostigamientos en contra del antes citado general. Lamentablemente, el hecho de que la justicia federal lo haya amparado en reiteradas oportunidades, más que atenuar la actitud hostigadora del Estado, la ha evidenciado y agravado, al nivel de encontrarse desde 1993 detenido preventivamente esperando decisión en dos causas penales''.

Por todo ello, la CIDH-OEA recomendó la liberación inmediata del general, la toma de medidas cancelatorias de la campaña de persecución, difamación y hostigamiento en su contra, la investigación y sanción a los responsables de esa campaña, la resolución lo antes posible de las dos causas penales pendientes y el pago de una justa indemnización como reparación por las violaciones de las cuales ha sido víctima.

Desde luego, a más de un año de distancia de esa recomendación, nada de ello se ha cumplido.

Conviene agregar el comentario de Francisco Cox, miembro de la directiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, de acuerdo con sus siglas en inglés): ``México, al haber ratificado la Convención Americana, se comprometió a aceptar la supervisión de la Comisión Interamericana y a acatar las recomendaciones que le formule. Desconocer, y no cumplir con las mismas, significa que México no cumple de buena fe los tratados internacionales de los que es parte''.

Forum y Eduardo Ibarra

El número correspondiente a este mes de la esforzada y valiente revista Forum --cuyo director, Eduardo Ibarra, fue obligado a declarar ante autoridades castrenses por haber publicado el artículo de Gallardo que desencadenó esta historia-- lleva en su portada una fotografía del general Gallardo tocando a través de una malla metálica a su pequeña hija Jéssica.

El titular de la portada de Forum es el mismo del artículo escrito por el general Gallardo para esta ocasión: ``De la cárcel de Riviello a la mazmorra de Cervantes'', apellidos correspondientes, el primero, a Antonio Riviello Bazán, secretario de la Defensa Nacional cuando Gallardo fue encarcelado, y el segundo, a Enrique Cervantes Aguirre, actual titular de la Sedena.

En este número de Forum, Gallardo escribe que su propuesta del ombudsman militar queda más clara ahora, cuatro años después, teniendo a la vista ``un poder omnipresente, supraconstitucional, que la inexactitud de las leyes militares le permite arrogarse al secretario de la Defensa Nacional. Es decir, un poderÉ que significa en la actualidad un obstáculo patente para el desarrollo democrático del país, e incluso copa la actuación del Ejecutivo federal''.

¿Quiere apoyar al general Gallardo?

Este domingo 9, de las 12 a las 13 horas, se realizará en el Distrito Federal un acto para exigir la libertad del general Gallardo en el Monumento al Soldado, situado frente a la Secretaría de la Defensa Nacional, en Periférico norte e Ingenieros Militares. Participarán organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos y asociaciones de abogados. También se pueden enviar cartas al Presidente de la República, a Palacio Nacional, código postal 06067, pidiendo la libertad del general.