Demanda el Senado investigar los hechos de violencia En tribuna, Carlos Payán denunció por nombre a integrantes y patrocinadores de Desarrollo, paz y justicia Se incorpora el senador a la Cocopa

Andrea Becerril Ť El pleno del Senado de la República condenó enérgicamente la violencia en Chiapas y de manera particular el atentado a los obispos Samuel Ruiz García y Raúl Vera López, y exigió a las autoridades competentes realizar una investigación a fondo sobre esos hechos y castigar a los responsables.

En un punto de acuerdo signado por las fracciones parlamentarias de PRI, PRD y PAN, el Senado exhortó al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y al gobierno federal a buscar las condiciones favorables para la reanudación del diálogo que permita alcanzar la paz digna y definitiva en la entidad.

El tema lo llevó a tribuna el senador del PRD Carlos Payán Velver, integrado ayer también a la Comisión de Concordia y Pacificación para Chiapas (Cocopa). ``Sin paz en Chiapas no habrá estabilidad y paz en el país'', advirtió, e informó que la situación es tan grave que en menos de dos años ha habido más de 500 asesinatos, la mayoría de opositores políticos.

Luego reveló los nombres de quienes integran y subsidian al grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia, responsable de ese y otros atentados. ``No nos engañemos'', dijo, ``quienes atentaron contra la vida de los obispos estaban también apostando a desencadenar la guerra''.

En su primera intervención ante el pleno senatorial, y a nombre del grupo parlamentario del PRD, Payán pidió ``tomar ese doloroso incidente como una llamada de atención enérgica'' para atender ese conflicto que lejos de solucionarse, en ausencia de negociaciones, ``ha propiciado un clima creciente de descomposición política''.

El legislador hizo un detallado recuento de los hechos violentos en la zona norte y la existencia de grupos paramilitares que operan con absoluta impunidad. De manera concreta citó al llamado Desarrollo, Paz y Justicia, el que según todas las evidencias es el responsable del atentado a Samuel Ruiz y Raúl Vera.

Recalcó que no es el primer delito cometido por ese grupo, toda vez que según informes detallados de organismos defensores de derechos humanos, ``es responsable directo de asesinatos de decenas de hombres, mujeres y niños, de violaciones, robos y expulsión de comunidades en los municipios de Tila, Sabanilla y Salto del Agua. En distintas ocasiones ha atacado también a periodistas y observadores por la paz''.

Precisó que Paz y Justicia está organizado alrededor de un directorio militar, y se encuentra formado por un supuesto estado mayor y un grupo de oficiales, entre los que destaca el ``coronel y general'' Samuel Sánchez Sánchez. Es uno de sus principales dirigentes, funge como vocero y es miembro del PRI y diputado local por el distrito electoral de Yajalón.

Sánchez Sánchez ``es integrante también de Solidaridad Campesina Magisterial'', organización que ha obtenido cuantiosos recursos por parte de los gobiernos federal y estatal.

Entre los integrantes del estado mayor de Paz y Justicia, añadió, figura el subteniente y coordinador regional de la zona chol, Eduardo Gutiérrez Vázquez, que es también el principal responsable de la distribución y venta de armas en la zona.

El senador Payán Velver continuó con el recuento. Dio los nombres de 12 oficiales que conforman asimismo ese grupo paramilitar, responsable directo en la agresión a los obispos, atentado que, dijo, se dio en un contexto caracterizado por cuatro elementos centrales:

La situación de pobreza y marginación de la zona norte, el clima de impunidad con que operan los grupos paramilitares, los continuos y sistemáticos ataques del gobierno de Chiapas y los grupos de interés local contra la Iglesia católica, y el incumplimiento gubernamental de los acuerdos de San Andrés.

El tono anticlerical del gobierno chiapaneco, dijo, ha llegado a extremos, como el de orquestar campañas difamatorias contra sacerdotes --caso del párroco de Tila, Heriberto Cruz-- y de responsabilizar al obispo Vera de ``encabezar la resistencia''. Incluso unas horas antes del ataque en su contra, Raúl Vera había declarado que el incremento de la violencia en los municipios de las regiones norte y Altos de Chiapas se debía al incumplimiento de los acuerdos de San Andrés.

Hace más de 19 meses que se firmaron esos acuerdos, que no han podido cristalizar en la ley de derechos y cultura indígenas, porque el Ejecutivo vetó la iniciativa de la Cocopa y, añadió, ``no habrá paz en Chiapas, si ésta no es con justicia y dignidad. No habrá paz en Chiapas sin el reconocimiento de esos acuerdos''.

Después subió a tribuna el senador priísta Sami David David, quien expuso que el PRI reclama que las acusaciones se acompañen invariablemente con fundamentos, para no condenar a los que no se ha escuchado.

Luego planteó el punto de acuerdo, suscrito por los tres grupos parlamentarios representados en la Cámara de Senadores, donde se condena la violencia en Chiapas, ``venga de donde venga'', y se exhorta a sus habitantes a rechazar todos los actos que obstaculizan la conciliación.

En entrevistas por separado, los senadores Héctor Sánchez, Oscar López Velarde y Benigno Aladro, integrantes de la Cocopa, condenaron también el atentado. La comisión se reunió por la noche.