La iniciativa de ley en materia de violencia intrafamiliar, firmada ayer por el presidente Zedillo ante legisladores de todas las fracciones parlamentarias, es una propuesta razonable y pertinente, ya que plantea la tipificación como delito de una serie de prácticas violentas --muchas de ellas no denunciadas o asumidas como inevitables-- que son causa directa de la creciente desintegración de los grupos familiares en la sociedad mexicana y que inciden, ya sea de forma directa o indirecta, en la agudización de los graves problemas de inseguridad y criminalidad que se padecen en el país.

Los datos estadísticos incluidos en la iniciativa de ley sobre violencia en la familia son alarmantes y evidencian lo necesario que resulta establecer mecanismos --tanto judiciales como asistenciales-- para revertirla: los niños son quienes con mayor frecuencia reciben maltratos físicos o emocionales, con 82 por ciento de los casos registrados, seguidos por las madres, con 26 por ciento.

La elevada incidencia de actos violentos en el seno familiar --y la impunidad en la que permanecen en la mayoría de los casos-- se traducen, de forma inevitable, en el reforzamiento de una cultura de marginalidad y de violencia que debe erradicarse. Los infantes que son víctimas de abusos constantes escapan, en un elevado número de casos, de sus hogares, y se convierten en niños de la calle, donde sufren nuevos abusos y violaciones y se enfrentan con el drama de la mendicidad, la drogadicción y la falta de educación y oportunidades de trabajo. Del mismo modo, las víctimas frecuentes de maltratos tienden a repetir, e incluso a validar, las conductas violentas que padecieron, con lo que el círculo de violencia se amplía y propaga a una escala mucho mayor, dando lugar a un incremento de la delincuencia, de la impunidad y de las violaciones a los derechos humanos.

Si bien esta iniciativa de ley tiene una orientación adecuada y loable, debe ser reforzada mediante campañas efectivas de concientización y educación que prevengan, desde sus causas, la violencia intrafamiliar. Para ello es indispensable ampliar el sistema educativo nacional, generar fuentes de empleo digno y bien remunerado --la miseria y el desamparo son factores clave en la incidencia de estos abusos y maltratos-- y establecer suficientes espacios de esparcimiento, deporte y cultura que amplíen el panorama de vida de las familias mexicanas.

En materia de procuración de justicia es indispensable y urgente sanear y profesionalizar al personal de las agencias del Ministerio Público ya que, en incontables ocasiones, la corrupción, la arbitrariedad y la falta de asistencia calificada y oportuna que imperan en las instancias policiacas y judiciales del país disuaden a los ciudadanos de denunciar los delitos o, lo más grave, los colocan ante nuevos e intolerables abusos y violaciones. Además, una vez que esta iniciativa alcance el rango de ley, debe cuidarse que en la aplicación de castigos penales a los que atentan contra sus cónyuges o sus hijos no se causen mayores sufrimientos a las familias que se encuentren en esas penosas circunstancias. En muchas ocasiones, la encarcelación de uno o ambos progenitores puede dejar en el abandono y sin opciones de sustento a sus hijos y otros familiares dependientes, por lo que la iniciativa en cuestión debe ser secundada necesariamente por el fortalecimiento, o la creación, de las áreas de trabajo social, orientación psicológica y asistencia económica de las víctimas de estos delitos.

La lucha contra la violencia intrafamiliar debe, por tanto, inscribirse en un proceso amplio de asistencia y seguridad social en la que han de participar no sólo las procuradurías y el Poder Judicial, sino también las instancias oficiales y civiles de salud, educación y trabajo, los organismos no gubernamentales y la sociedad en general.