La guerra sin tregua de las montañas surorientales de México decide sin duda el destino del país, y al parecer el único que así lo ha entendido es el grupo gobernante.
1. Los salinistas han cometido, sin embargo, un error de cálculo en su pretensión de poder seguir actuando sin controles: el de creer que al aceptar la apertura de nuevos espacios a los partidos de oposición, éstos terminarían por convalidar todas sus políticas. La lógica de la partidocracia no puede funcionar en el México actual porque no toma en cuenta a una sociedad en movimiento y es esto lo que acontece en el caso de los gravísimos acontecimientos del Norte de Chiapas, que han suscitado una condena general al gobierno por su responsabilidad en lo ocurrido.
2. La emboscada perpetrada a la comitiva de los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera en el curso de una visita pastoral a Tila, en el Norte de Chiapas (5 de noviembre), no es responsabilidad desde luego solamente de Desarrollo, Paz y Justicia, uno de los seis grupos paramilitares del PRI que actúan impunemente en el estado, como lo indican las evidencias, sino de las autoridades locales y federales que han auspiciado, financiado y protegido a estos grupos para confundir y amedrentar a las comunidades, como se ha venido denunciando desde hace dos años en la prensa nacional.
3. Los seis principales grupos armados que se han detectado en Chiapas, actúan bajo la protección de autoridades federales y locales, y a nadie escapa que son parte esencial de la estrategia oficial del gobierno para enfrentar al EZLN. Los crímenes de Paz y Justicia, Los Chinchulines, Alianza San Bartolomé de los Llanos, Máscara Roja, Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista y del grupo sin nombre de Chenalhó y Simojovel están relatados casi cotidianamente en las planas de La Jornada, han sido denunciados en múltiples ocasiones por las organizaciones de derechos humanos y sin embargo nadie actúa, según lo reseña Juan Balboa en La Jornada del 23 de octubre.
4. Quien busca confundir a los mexicanos no es pues el EZLN sino el gobierno, como le decía el subcomandante Marcos a los poetas Oscar Oliva y Juan Bañuelos a finales de octubre, en la última entrevista que sostuvo con miembros de la Conai.
5. Estos grupos paramilitares priístas no esconden sus pretensiones, y no hay un secreto en cuanto a su constitución o al origen de sus recursos y de su preparación militar, como lo han documentado los medios con amplitud. La entrega que se les hace de recursos millonarios de Progresa y del gobierno estatal, la capacitación militar de sus cuadros por oficiales uniformados y la impunidad que les han permitido las autoridades judiciales locales y federales y el propio Ejército federal durante tanto tiempo, son evidencias de que conforman un verdadero operativo de Estado. Estos grupos no sólo defienden hoy en día los intereses de los finqueros a la manera de las guardias blancas tradicionales, las políticas del gobernador o las imposiciones de los caciques, sino que son a todas luces pieza clave de la ``estrategia del incumplimiento'' del gobierno a los Acuerdos de San Andrés, como la llamó la Conai en su ``Comunicado urgente'' (5 de noviembre).
6. ¿Qué autoridad moral pueden tener por lo mismo oficiales que demandan el desarme de los zapatistas mientras las propias fuerzas armadas entrenan a los grupos paramilitares priístas? ¿Qué credibilidad puede tener un gobierno que destina los recursos de desarrollo social a armar a grupos de indígenas para enfrentarlos a los propios indígenas?
7. El recurso de la emboscada, por otra parte, no es nuevo en este sexenio, por lo que, a pesar de su gravedad, el atentado contra la comitiva de los obispos no sorprendió a muchos. El gobierno de Ernesto Zedillo, como se sabe, pretendió emboscar al subcomandante Marcos con el Ejército federal el 9 de febrero de 1994, en una acción de engaño que desencadenó una nueva fase de la guerra. De tal manera que este nuevo atentado se inscribe en lo que ha sido la política de dobleces del gobierno: pretender que busca una salida negociada cuando ha optado por la guerra.
8. El encono de los tecnócratas contra aquellos sacerdotes que no actúan en términos de la ``alianza política'' que tienen con el alto clero, y que se denunciaba en el último comunicado de los zapatistas (27 y 28 de octubre), es muy claro. ¿Quién podría olvidar que Ernesto Zedillo y su entonces procurador, el panista Antonio Lozano Gracia, buscaron fabricarle una acusación penal en febrero de 1994 al obispo Samuel Ruiz?
9. La sociedad civil nacional y múltiples voces desde el exterior han demandado sin tregua a Ernesto Zedillo el respeto a la Ley del Diálogo y el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y la respuesta del gobierno ha sido invariablemente la de violentar aún más la ley, incumplir su palabra empeñada y, lo que es mucho más grave, buscar no sólo exterminar a la dirigencia del EZLN sino al parecer ahora también a la mediación.
10. El gobierno ha apostado a que logrará imponerse por la vía de la fuerza, pero la aparición de nuevos contingentes zapatistas en la frontera sur (5 de noviembre) muestra que esto será imposible. De ahí que la sociedad tenga que ser hoy, más que nunca, la fuerza que imponga la paz.