La Jornada 8 de noviembre de 1997

El día 14 comenzará la ALDF a investigar irregularidades detectadas en la cuenta pública de 95

Raúl Llanos Samaniego Ť A partir del próximo 14 de noviembre, la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal empezará a integrar los expedientes relacionados con las irregularidades detectadas en las dependencias del gobierno capitalino durante el ejercicio de 1995, y que llevarán a la aplicación de sanciones administrativas o penales contra quienes resulten responsables, entre los cuales podrían estar directores medios, secretarios y ``pudiera llegar a mandos superiores'' del DDF, afirmó ayer el diputado José Narro Céspedes.

En entrevista, el presidente de la Comisión de Vigilancia manifestó que, dependiendo de los resultados, se turnarán los casos a la Secretaría de Finanzas, cuando sean fallas administrativas; a Contraloría Interna del DDF, cuando la falta sea mayor y se requieran sanciones administrativas, o bien a la Procuraduría General de Justicia capitalina para que se aplique una sanción penal cuando se compruebe la comisión de un delito.

Aunado a ello, el legislador mencionó que el lunes venidero recibirán un informe preliminar de la Cuenta Pública correspondiente a 1996, el cual será sometido a una exhaustiva revisión para detectar anomalías. Este punto, y junto con las respuestas que han ofrecido las dependencias en donde se detectaron irregularidades serán temas a tratar el martes 11 de noviembre con la titular de la Contraloría Mayor de Hacienda, Araceli Pittman.

Ella, dijo, ofrecerá un informe preliminar respecto de las recomendaciones que emitiera la Comisión de Vigilancia y cuántas de ellas se han contestado. El plazo que tienen para ello es el 14 de noviembre. Precisó que son mil 500 recomendaciones y 310 promociones de acciones, que son prácticamente promociones de responsabilidad, las que se dieron a conocer, en las cuales se encontraron las irregularidades más graves, ``donde ya se requiere tomar otras medidas para poderlas resolver'', dijo.

Las irregularidades ``más notables''

Narro Céspedes añadió que en prácticamente toda las áreas del gobierno capitalino se presentan algunas anomalías, que son más notables en el caso de la Secretaría de Transportes; en las áreas de vivienda; en todo lo que es obra pública, tanto en las delegaciones como a nivel central, y también lo que es el tema de adquisiciones de inmuebles, en varias de esas demarcaciones.

Citó el caso de Iztapalapa, en donde se triplicó el monto autorizado para la adquisición de vehículos; también el de la Dirección General de Construcción y Obra del Metro, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios, donde se encontraron irregularidades en la licitación y construcción; entre ellas:

--Obras que no se licitaron; empresas constructoras que no dejaron la garantía que marca la ley antes de iniciar trabajos; obras sin actas de entrega-recepción; contratación de empresas para supervisar una misma obra, irregularidades que implican sumas de 40 millones de pesos.

Esas razones podrían implicar elementos suficientes para actuar penalmente contra los responsables, sean los dueños de las constructoras o funcionarios.

Por último, comentó que en todos los casos donde existen anomalías se esperarán los 30 días hábiles que señala el Programa de Auditorías. Calificó como satisfactorios los resultados obtenidos de estos trabajos, que es, de hecho, ``la primera revisión real''.