Los dirigentes republicanos de la Cámara de Representantes accedieron a una breve extensión del estatuto 245(i) que finalmente expirará el 7 de noviembre. Esta medida permitió a determinados inmigrantes indocumentados permanecer en Estados Unidos, a través del pago de una multa de mil dólares, mientras continuaban con su proceso para legalizar su estatus migratorio y así se retrasó por unos días la expulsión de los inmigrantes que tenían posibilidades de lograr la residencia legal. El estatuto no se aplica a toda la población indocumentada en Estados Unidos, sino sólo a aquéllos que cumplen con los requisitos para la residencia legal, ya sea porque están en la lista de espera de una visa, o porque son cónyuges o hijos menores de un ciudadano.

De acuerdo con las estadísticas presentadas por el Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) en el periodo de doce meses que concluyó el 31 de septiembre de 1997, fueron deportados o expulsados un total de casi 1.5 millones de inmigrantes indocumentados y, según palabras de Janet Reno, el gobierno de Estados Unidos planea establecer metas más altas para los años venideros.

Por su parte, la representación oficial del Estudio binacional México-Estados Unidos sobre migración, confirmó las diferencias ``insalvables'' que tienen los dos gobiernos sobre el tema migratorio, así como la falta de una estrategia común para garantizar el respeto a los derechos humanos y la integridad de las familias mexicanas que se ven afectadas por las recientes medidas antiinmigratorias en el vecino país, actitud que explica la rispidez de la relación entre los dos países respecto al problema migratorio.

Hasta los años 70 los flujos migratorios se desplazaban con un claro comportamiento Sur/Norte, y respondían a una demanda por parte de los países altamente industrializados. Sin embargo, el proceso creciente de internacionalización de la economía con el surgimiento de una nueva división internacional del trabajo y la profunda polarización entre los países, ha generado una población excedentaria mundial cuya oferta no corresponde a la demanda de trabajo mundial. Esta población excedentaria entra en descarnada competencia para su inserción productiva, pues dado el desarrollo de los transportes y de las comunicaciones, los países desarrollados pueden reclutar fuerza de trabajo barata desde cualquier parte del planeta y con niveles de calificación que responda a sus necesidades productivas.

Hay que recordar que Estados Unidos se encuentra en un proceso creciente de reestructuración productiva. La difusión de la manufactura flexible a nivel internacional y la intensificación de la competencia mundial ha erosionado su base industrial tradicional y surgen las nuevas industrias informáticas en las que comienza a residir su fuerza competitiva. Estas transformaciones requieren una mano de obra con perfiles diversos, tanto para los trabajadores nativos como para los migrantes con una formación básica y determinadas habilidades que les permita incorporarse a los diferentes sectores, sobre todo al de servicios. Esto explica, pero por supuesto no justifica, el embate antiinmigratorio de su política, dado que busca equilibrar su mercado laboral, desplazando la fuerza de trabajo que no responda a los requerimientos de su economía. No es una paradoja que Estados Unidos recurra a leyes antiinmigrantes cuando existe una causa estructural para la demanda de mano de obra migrante, pues no piensa eliminar la migración, sino adecuarla a las necesidades de su mercado laboral, se trata de medidas selectivas que conlleva acciones profundamente injustas y lesivas para nuestros connacionales.

Hay que superar la visión que prevaleció en décadas pasadas. La frontera de Estados Unidos no sube y baja como respuesta a crisis económicas, sino por las necesidades de un mercado laboral que prioriza la flexibilidad y la contratación temporal.

México debe, sin duda, reforzar su política de respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales, pero es necesario que ponga las bases para superar, por un lado, las condiciones internas que dan lugar a que los mexicanos crucen la frontera en ``busca de una vida mejor'' -situación que se vuelve un arma de presión contra nuestro país- y consolidar una política migratoria que tenga como uno de sus objetivos centrales la negociación de acuerdos para establecer de manera conjunta las condiciones de cooperación migratoria entre ambos países. Así se podrían paliar las acciones unilaterales que Estados Unidos nos impone por la vía de los hechos. Pero si nuestro país se sigue aferrando a la idea de que Estados Unidos necesita de nuestros migrantes, sin matizar esta argumentación, seguiremos estando en el ojo del huracán.