Miguel Concha
El conflicto de la zona norte

La cobarde emboscada y artero atentado a mano armada de que fueron víctimas el pasado martes por la tarde en el ejido El Crucero, municipio de Chilón, monseñor Samuel Ruiz García, su obispo coadjutor, monseñor fray Raúl Vera López O.P., el párroco de Tila, dos religiosas y un grupo de catequistas laicos, presuntamente a manos del grupo paramilitar autodenominado ``Desarrollo, Paz y Justicia'', y en el que resultaron heridos dos catequistas y el mayordomo del Santuario de nuestro Señor de Tila, vuelven a poner en evidencia la importancia de considerar los conflictos de la llamada zona norte en las negociaciones de paz, el grave deterioro a que ha conducido su prolongada suspensión, la dramática situación que se sigue sufriendo en Chiapas, la ineficacia de las medidas tan espectacularmente anunciadas, la incomprensión de las labores pastorales de pacificación que viene realizando la Iglesia católica, y la injusta e hipócrita persecución que padece la diócesis de San Cristóbal.

Ya en otras ocasiones me he referido a la grave descomposición social que han provocado en los municipios de Tila, Tumbalá, Sabanilla, Chilón y Palenque la presencia abrumadora del Ejército, las acciones impunes de los grupos paramilitares y las mismas obras sociales del gobierno. Parecería que en esta región, donde se han ensayado distintos esquemas de contrainsurgencia, haciéndola pasar artificialmente como zona de conflicto religioso, de conflicto político y conflicto social, lo que importa es dividir y enfrentar a las comunidades, atentando contra su dignidad, y doblegando su capacidad de organización y resistencia, aunque para ello haya que recurrir a organizar, entrenar y armar grupos como ``Desarrollo, Paz y Justicia'', y a volver a calumniar y perseguir a la diócesis de San Cristóbal en la persona, acciones e instalaciones de sus agentes de pastoral, como la causante de la división y violencia.

Las organizaciones paramilitares en Chiapas, como ``Desarrollo, Paz y Justicia'' son grupos de campesinos e indígenas organizados con una estructura policiaco-militar, que actúan de manera más colectiva, ya sea como comunidad, como grupo o como organización masiva. No dependen de terratenientes o ganaderos, sino del Ejército, la Policía de Seguridad Pública, del gobierno y de instituciones gubernamentales que las financian a través de proyectos de desarrollo, porque responden más a intereses políticos que a la defensa de tierras. Por eso la mayoría de estos grupos pertenecen al PRI, por lo regular ligados a un diputado de ese partido.

Sintomáticamente, después de la Consulta Nacional por la Democracia a la que convocó el EZLN, en el segundo trimestre de 1995 apareció en los municipios de Tila, Sabanilla, Tumbalá y Salto de Agua el grupo paramilitar ``Paz y Justicia'', dirigido abiertamente por el diputado local por el PRI en el distrito de Yajalón, Samuel Sánchez Sánchez. Cuando posteriormente el presidente Zedillo visitó la comunidad de Palestina para entregar recursos y evaluar la llamada Comisión Interinstitucional, ``Paz y Justicia'' se fortaleció y se añadió el apelativo de ``Desarrollo''. Hoy se llama ``Desarrollo, Paz y Justicia''.

Unicamente entre 1995 y 1996 algunas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos la hacen presuntamente responsable al menos de un enfrentamiento, cuatro asesinatos, dos casos de tortura, un secuestro, una desaparición, tres desalojos, ocho privaciones ilegales de libertad, cuatro casos de hostigamiento, tres casos de intimidación y una quema de casa.

El 13 de marzo del año pasado llevó a cabo acciones de destrucción en el templo del Señor de Tila, perteneciente a la Diócesis de San Cristóbal, y el 18 de mayo de ese año amenazó con secuestrar a su obispo coadjutor, cuando debería visitar la comunidad de El Limar, cuyo templo mantienen ocupado desde el 6 de octubre pasado. Desde hace varias semanas, cuando se anunció la visita pastoral que llevan a cabo en aquella región los obispos de la diócesis, el grupo ``Desarrollo, Paz y Justicia'' amenazó con impedirla, cerrándoles arbitrariamente el paso.

¿Hasta cuándo van a seguir actuando impunemente? ¿Cuándo las autoridades federales y estatales buscarán realmente la paz en la región? ¿Cuándo por fin se volverá a buscar la paz en Chiapas por la vía del diálogo y la negociación?