Los economistas se pueden clasificar en dos grupos. Unos, que partiendo de dogmas, han elevado el mercado a la categoría de ente sobrenatural, con vida propia y ante cuyas fuerzas los hombres deben inclinarse, mientras que otro grupo, considerando que la economía debe hacer frente a los desafíos que plantea la realidad, sostiene que del conocimiento de las leyes económicas se pueden derivar instrumentos para regular las fuerzas del mercado.

Esta división es patente en las actitudes que esas corrientes han tomado frente a las crisis que a partir de los ochenta han afectado a los sistemas bancarios y financieros de diversos países. Es conocida la magnitud de la crisis del sistema bancario mexicano. Ante esto, el país ha tenido que aportar recursos equivalentes a 15 por ciento del producto para evitar su quiebra. En comparación con el costo de otras crisis bancarias, el caso mexicano no es el peor. A comienzos de los ochenta los sistemas bancarios de Argentina, Chile y Uruguay entraron en dificultades, por lo que sus sociedades tuvieron que hacer aportes equivalentes a 60, 40 y 30 por ciento del producto, respectivamente, para salvarlos. Este fenómeno también se ha presentado en los países desarrollados y, dada la magnitud de esas economías, el costo en términos absolutos de las operaciones de saneamiento ha sido mucho mayor que en nuestros países. Los problemas que en los ochenta experimentaron las instituciones de ahorro y préstamo de Estados Unidos representaron un costo fiscal de 3 por ciento del producto, equivalente a 180 mil millones de dólares. También el sistema bancario japonés enfrenta dificultades, y se calcula que el monto de los préstamos irrecuperables asciende a 400 mil millones de dólares. Recientemente, ante las dificultades que enfrentan algunas empresas coreanas, el gobierto ha presionado a los bancos para que les concedan préstamos, comprometiéndose a cubrir los créditos si las empresas no están en condiciones de hacerlo. El mes pasado, ante la amenaza de quiebra de una cadena de tiendas, los bancos le inyectaron 50 millones de dólares. En septiembre, el gobierno concedió a 17 bancos créditos por 2.2 mil millones de dólares para empresas con problemas, a lo cual se le agregan préstamos blandos por 4.2 mil millones, que el banco central concedió a bancos coreanos de escasos de recursos. Otra forma en que en Corea se apoya a las empresas en bancarrota es mediantw su transformación en propiedad pública. El mes pasado, ante la imposibilidad de que una empresa automotriz devolviera los créditos, el gobierno los pagó a cambio de acciones, con lo cual pasó a tomar su control.

En suma, es cada vez más frecuente en diversos países del mundo la transformación de las pérdidas privadas de empresarios y banqueros en costos que deben ser soportados por toda la sociedad.

Las operaciones del salvamento de los sistemas financieros también se hacen a nivel internacional, tarea en la cual el Fondo Monetario Internacional está jugando un papel destacado. Originalmente, el FMI tenía como misión conceder préstamos a países con dificultades en sus balances de pagos, para evitar que recurrieran a medidas proteccionistas que terminarían lesionando el comercio internacional. A partir de la crisis de la deuda externa de los ochenta, el FMI se ha comprometido en operaciones de rescate financiero que son cuantiosas y que no siempre van dirigidas a países que enfrentan dificultades en sus sectores externos. Así, se señala que estos programas de rescate se justifican por la necesidad de proteger el sistema financiero internacional, de prevenir el contagio y de restaurar la confianza en los mercados.

En la década de los ochenta, los fondos para operaciones de rescate asignados por el FMI han representado un promedio anual de 8 mil millones de dólares, alcanzando la suma de 16 mil millones en 1995, a raíz del paquete asignado a México, y a 18 mil millones en 1996, por la asistencia a la economía rusa. Actualmente, ante los sucesos que han ocurrido en las economías de Asia, el Fondo ha tenido que diseñar nuevos programas de rescate por 17.2 mil millones de dólares para Tailandia y por 12 mil millones para Indonesia.

Ante este cuadro nacional e internacional, la única salida razonable puede ser la regulación más estricta de los sistemas bancarios, pero esto requiere abandonar la idea de que esto viola las sacrosantas leyes del mercado.