Cientos de pruebas obligarán a Salgado a declarar, según la defensa de jaguares

Humberto Ortiz Moreno Ť Los abogados de los 26 ex jaguares encarcelados como presuntos responsables de la muerte de los jóvenes de la colonia Buenos Aires presentarán una avalancha de pruebas --un promedio de 80 a 100 cada uno-- que obligará jurídicamente al juez 19 de lo penal, quien pospuso la entrega de su lista de citatorios para el lunes entrante, a ``sentar en el banquillo de los acusados'' al general Enrique Salgado Cordero y a por lo menos seis de sus subalternos en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Entre las pruebas más importantes destacan las siguientes:

El vacío total existente entre el momento en que suben a los muchachos al camión del ex Ruta 100, desaparecen y después aparecen victimados en las minas de Tláhuac, hasta el día siguiente.

En ese lapso, dicen los abogados, no figura aún quién tripuló el camión, hacia dónde los llevaron y qué pasó de ese día al siguiente en que amanecieron muertos. Tampoco existe el arma homicida. No hay prueba de Harrison ni testigos presenciales de quién los haya ejecutado.

Esto, según la defensoría, desvanece la acusación del Ministerio Público y sus clientes deberían quedar libres a más tardar en abril o mayo del año entrante, conforme al calendario del cambio de régimen en el Distrito Federal.

A la vez, ante la 12 sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, los abogados de los ex jaguares apelaron el auto de formal prisión.

Las radiograbaciones, prueba central

La Procuraduría capitalina ya entregó al juez Cleofas Lucas Pérez copia de las radiograbaciones de los policías durante los sucesos del 8 de septiembre y esto, según los litigantes, será fundamental para que testifique Salgado Cordero.

Enrique Guzmán, defensor de Enrique Torres Fernández, de 52 años, el ex jaguar más veterano de los 26 procesados, aseguró que no hay testimonios ni pruebas suficientes para mantener presos a los ex policías, como tampoco tiene sustento la sentencia colectiva porque debe fundamentarse qué hizo cada uno de ellos en lo individual.

``El juez no tiene el arbitrio tan amplio para condenar a personas cuya duda no esté plenamente acreditada por el Ministerio Público para condenar a una persona'', explicó en entrevista antes de notificarse ante el juzgado 19 de lo penal.

Abundó que los acusadores están por la coparticipación, conforme al artículo 13, fracción VIII, de la legislación penal.

Sin embargo, si esa figura no está plenamente probada, los policías deben ser liberados dentro de la apelación o el amparo, explicó Guzmán.

``Estamos hablando ya, con el cambio de régimen, de que queden libres entre abril y mayo del año que entra'', insistió.

Informó que los altos mandos y medios de la SSP deben comparecer y así se le ha solicitado al juez.

``Es evidente que ellos sabían perfectamente de los hechos, porque tienen el radio pegado. La oficina del general Salgado Cordero tiene radio, o tiene 15 o 16 ayudantes que le dicen qué está pasando en ese momento, cuántos detenidos habían asegurado en la Buenos Aires, a dónde iban a ser trasladados. Cualquier policía preventivo se reporta a control...''

Las radiograbaciones ya están en poder del juzgado 19, enviadas hace ocho días por la Procuraduría capitalina, lo que será fundamental en el caso.

``Tienen un canal Andrómeda en donde seguramente los jefes policiacos que estaban en la Buenos Aires comunicaron cuántos detenidos había y a dónde iban a ser trasladados''.

Hay, concluyó, muchos testigos y pruebas para responsabilizar a los altos mandos de la SSP, porque hasta ahora han consignado ``a pura tropa y a ningún oficial, lo que es indebido. Mentira que hayan actuado porque se les subió la adrenalina. El general estaba dormido o en otro planeta, de plano...''

El general Salgado, subrayó el abogado, está obligado como militar y como secretario de Seguridad Pública a declarar lo que sabe.