La procuraduría debió indagar antes de criticar al Poder Judicial, coinciden juristas de la UNAM
Claudia Herrera Beltrán Ť Juristas de la UNAM respaldaron la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y consideraron que la Procuraduría General de la República (PGR) antes de lanzar críticas contra el Poder Judicial de la Federación tendría que solicitar una investigación de los jueces de distrito cuya actuación haya despertado sospechas.
Víctor Manuel Martínez y José María Serna de la Garza, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, coincidieron en entrevistas por separado, en que el otorgamiento de beneficios legales a inculpados con recursos económicos no es responsabilidad directa de los jueces -como ha asegurado la PGR- sino del sistema de procuración e impartición de justicia de nuestro país.
Martínez señaló que en México ``es una realidad que quien cuenta con recursos económicos siempre va a tener mayor acceso a los privilegios de la ley'', pues puede contratar a un equipo de abogados y cubrir los gastos que implica, por ejemplo, tramitar un amparo y otros recursos legales.
El jueves pasado, la SCJN se defendió de los ataques de la PGR al hacer un llamado a las autoridades del Poder Ejecutivo a que dejen atrás la ``injuria, la calumnia y la propagación de rumores'' contra los jueces.
Al referirse a la protesta de los ministros en alusión a las recientes declaraciones del procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, el jurista dijo que las deficiencias del sistema judicial mexicano tienen su origen, entre otras causas, en los bajos salarios que reciben los jueces de distrito y los defensores de oficio.
Explicó que por más esfuerzos que haga un defensor de oficio ``mal pagado'' siempre va a quedar rebasado ante un grupo de abogados calificados que tenga a su disposición todos los medios para defender a un acusado.
En opinión de Martínez, el sistema judicial mexicano no está excento de problemas de corrupción, pero consideró que en general los jueces cuentan con la preparación y los valores éticos que les permiten ponerse a salvo de cometer delitos.
Señaló que en México hay mecanismos para detectar y sancionar a jueces corruptos, sin embargo, consideró que en ocasiones existen dificultades para aplicar estos medios.
Por ello, dijo que si existen dudas sobre la sentencia que dicta algún juez, primero se debería impulsar una indagación sobre el proceder del mismo, y en caso de comprobarse que actuó mal se finque responsabilidad penal en su contra.
A su vez, el constitucionalista Serna de la Garza advirtió que si existen pruebas para acusar a los jueces ``se denuncien, pero sin dañar con rumores el prestigio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación''.
El investigador señaló que al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación le corresponde suspender en sus funciones a los magistrados de circuito que aparecieran involucrados en la comisión de un delito, así como formular denuncia o querella contra ellos en los casos que proceda.
Consideró que en México todas las instituciones del poder público y de la iniciativa privada tienen problemas de corrupción, pero ello no implica que abunden los empresarios y jueces que actuan al margen de la ley.
Expuso que los jueces de distrito son apenas un elemento en el proceso de impartición de justicia, por lo que ``es injusto acusar sólo a los jueces, ya que antes participaron policías y agentes del Ministerio Público''.