Crece el acoso al general Gallardo al acercarse la fecha de sentencia

Blanche Petrich /I Ť El general José Francisco Gallardo, jalisciense de 50 años, cumple hoy cuatro encarcelado en la prisión del Campo Militar número 1. Todavía no se le dicta sentencia, pero en este proceso --desafío al viejo tabú mexicano de que ``al Ejército no se le toca''-- se acerca la hora de las conclusiones.

Junto con el del general Jesús Gutiérrez Rebollo, el ``caso Gallardo'' ha cimbrado muchas de las situaciones que se daban por sentadas dentro de las fuerzas armadas. Además, es un asunto políticamente caro para el Estado, ya que le ha acarreado al gobierno mexicano el primer reclamo --y hasta ahora el más severo-- de un organismo internacional oficial, en este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.

El general Gallardo en los laberintos de la justicia
militar. Foto: archivo de La Jornada

Al principio refugiado casi exclusivamente en las páginas de la revista Forum, el tema fue adoptado poco a poco por otros medios y ahora se ventila con naturalidad casi en toda la prensa nacional.

En esos cuatro años el proceso judicial, que abarcó 11 causas penales, 11 recursos de amparo, 10 con fallo a favor del preso y uno más pendiente de resolución, caminó lento y a tropezones por los laberintos de la justicia militar. Ahora ha entrado en la recta final. Las primeras conclusiones se presentaron el 20 de octubre en el juzgado primero militar y el resto, correspondientes al tercer juzgado militar, estarán a más tardar el 19 de diciembre. A partir de ahí, el Supremo Tribunal Militar deberá determinar la fecha de la sentencia que tiene que emitirse ``en breve'', según los discrecionales términos de la legalidad castrense.

Opina el primogénito del militar, Francisco: ``Si mi padre no ha salido no es por el presidente Ernesto Zedillo, sino porque el general Enrique Cervantes Aguirre no quiere''. Conjetura: ``Tengo la creencia de que si alguna vez el presidente Zedillo y el general Cervantes trataron el tema de mi padre, cuando ambos llegaron al poder, el general le ha de haber dicho al Presidente: en este asunto no se meta. Nosotros lo vamos a resolver. Porque en este país hay un acuerdo tácito de que con el Ejército nadie se mete, ni siquiera el comandante supremo, que es el Presidente. Cuando ellos dos empezaron el sexenio, mi padre tenía un año en la cárcel. La solución no era tan difícil. Pero se empecinaron porque mi padre tuvo la osadía de levantar la voz y opinar abiertamente, no sólo por valiente, sino porque tenía conocimientos e interés en hacer propuestas viables. Y eso le ha representado un costo político al Ejército''.

Segregado por no pedir perdón

El primero de agosto hubo cambio de dirección en el Campo Militar número 1. El general brigadier Nicolás Sánchez Azuara tomó el mando del penal. Al día siguiente, el nuevo director buscó a Gallardo. Le dijo que aceptara los cargos, que ya sabía que a cambio las autoridades retirarían la acción penal. Discutieron. El general preso le dijo que eso era pedir perdón y que él no tenía por qué pedirlo. ``No lo hace porque aquí se la pasa muy bien, ¿no?'', le respondió Sánchez Azuara.

Tres días después de esa conversación, el general Gallardo empezó a notar que ciertos trabajos de albañilería se realizaban en el sector oriental de la prisión militar. Dice Francisco Gallardo, el hijo del general, que su padre comentó: ``Se me hace que eso es para mí''. No se equivocó.

El área fue desalojada y los internos de esos tres bloques fueron trasladados a otra del penal. Un día, sin previo aviso, Gallardo recibió la orden de empacar porque lo iban a cambiar de cuarto. Lo reubicaron en la zona enjaulada, absolutamente solo.

Otro cohete estalló recientemente en las manos de las fuerza armadas: las revelaciones del coronel Pablo Castellanos sobre la corrupción del narcotráfico entre militares de alto rango, las cuales fueron publicadas por Proceso.

``Quizá presumieron que mi padre sirvió de vehículo para esa filtración, quién sabe. Desde luego eso no es cierto.''

Por esos mismos días los tres teléfonos de tarjeta que había en la área de segregación fueron removidos, y en su lugar fueron colocados otros. Gallardo tiene autorización para hacer una sola llamada al día, misma que se corta a los tres minutos.

Se le prohibió la salida a los comedores y áreas comunes de la prisión. Se le suspendió el derecho a la visita conyugal. A los demás internos se les prohibió tajantemente cualquier tipo de contacto con el general, bajo amenaza de arresto de 15 días en celdas de castigo conocidas como las negras. Tres elementos de tropa que estaban presos y tenían relación con Gallardo, el sargento Delfino de la Cruz Martínez, el cabo Rafael Hernández y el soldado Mauricio Méndez Cruz, fueron trasladados sin motivo a la prisión militar de Mazatlán.

A la familia se le prohibió el acceso al estacionamiento del Campo Militar y se le obliga a tomar el autobús que recorre la miniciudad de la Primera Zona, desde la entrada hasta las puertas del penal. A veces, cuando los Gallardo son los únicos pasajeros, la unidad demora inexplicablemente su salida. La revisión en la aduana del penal se ha recrudecido. Se les decomisan todos los documentos, no sólo los personales, sino también los oficiales. Las autoridades militares ya conocen hasta el último entresijo de la estrategia de la defensa del acusado. Un pequeño archivo personal y una computadora portátil que le habían autorizado también le fueron confiscados.

En suma, dice Francisco, ``con eso le están quitando toda posibilidad de defensa en ese periodo tan importante que es el de las conclusiones''.

En 1980, todavía con grado de mayor y 41 años, decidió estudiar la licenciatura en ciencias políticas y administración pública, en la UNAM. En 1992, y sin dejar de ascender hasta ser general brigadier (1988), terminaba su maestría con la controvertida tesis Las necesidades de un ombudsman militar en México. Al interior del alto mando tuvo una lectura inapelable: ofensa, indisciplina, rebeldía.

Intentos que no prosperan

¿Qué fue primero: su politización y su interés por los derechos humanos o sus problemas con la justicia castrense?

Hay dos antecedentes de cargos levantados en su contra en 1989 por el cabo Bernardino Mancio y el mayor Roberto González, por abuso de autoridad. Los hechos databan de 1983. Ambas acusaciones fueron sobreseídas.

En mayo de 1990 fue acusado de malversación, fraude y abuso de autoridad en Monterrey, por incidentes ocurridos cuando fue comandante del Criadero Militar de Ganado de Santa Gertrudis, Chihuahua. Ese fue su último empleo formal dentro del Ejército. Un año estuvo en prisión hasta que ganó un amparo contra los cargos.

Todavía no escribía su tesis de maestría, que presentó hasta 1992. Por esos tiempos tuvo un fuerte problema familiar por una herencia sin testamento con un hermano suyo, Enrique Gallardo, quien con la intención de chantajearlo, en una carta al titular de la Sedena lo denunció de haber abandonado su plaza y varios delitos más. Ello le acarreó dos nuevos procesos penales: uno por deserción y otro por enriquecimiento ilícito. El Ejército presionó tanto al hermano de Gallardo para que abundara en sus denuncias, mismas que finalmente no procedieron ante los jueces, que Enrique terminó abrumado por el remordimiento. En agosto de 1994 se suicidó.

Otra causa presentada en 1991 fue por un importante faltante de dinero de la Villa Ecuestre del Estado Mayor de la Sedena. No hubo acción penal por carencia de pruebas. La defensa ha comprobado que dolosamente la parte acusadora sumó todos los activos de la institución sin tomar en cuenta los retiros.

En octubre de 1993 la tesis del general Gallardo se publicó en Forum. En noviembre fue encarcelado nuevamente. Además de reabrirse los cargos de Santa Gertrudis y de la Villa Ecuestre se le levantaron acusaciones de ``injurias, difamación y calumnias en contra del Ejército Mexicano''.