La Jornada 9 de noviembre de 1997

El diario chiapaneco Cuarto Poder publicó que el obispo ``pagó'' al atacante

Cuatro periodistas locales y uno de Novedades, acusados de difamación

Juan Balboa y Elio Henríquez, corresponsales, Ocosingo, Chis., 8 de noviembre Ť La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) solicitó hoy la intervención inmediata de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que cesen los actos violentos -como el atentado contra los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera- del grupo paramilitar priísta Paz y Justicia.

En tanto, el abogado de la diócesis de San Cristóbal, José Montero, confirmó que la querella ante la PGR prevé el delito de terrorismo, porque ``con el uso de armas se causa terror a la población, y es evidente que las comunidades chol viven en constante terror.

``Hubo armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, porque las esquirlas encontradas son de 38. Entonces, es deber de la PGR investigar éste ilícito; el acto se puede entender como de intimidación contra la labor pastoral de la diócesis de San Cristóbal'', explica.

En un documento de la CMDPDH a la CNDH, considera que los actos de Paz y Justicia constituyen ``violaciones graves y flagrantes'' de los derechos humanos, y el gobierno de Chiapas, dice, es corresponsable al permitir que el grupo actúe con impunidad

``La gravedad de los hechos presentados desde 1994 en la zona norte del estado -que se expresa en la violación del derecho a la vida, a la seguridad personal y al libre tránsito- y la ausencia de garantías hacen responsable al gobierno de Chiapas y al gobierno mexicano, como garantes de los mismos'', dice el abogado Miguel Angel de los Santos, representante en Chiapas de la CMDPDH.

En no pocas ocasiones, continúa, se ha denunciado la participación de policías estatales que actúan con el grupo priísta o, peor, le ``permiten actuar impunemente aun estando en presencia de delitos''.

El atentado en Tila contra los obispos Ruiz y Vera es ``uno más de los numerosos ataques que el mencionado grupo ha cometido'', sin que las autoridades realicen acción alguna, lo cual ha provocado el desplazamiento de más de 8 mil personas, dice.

Cinco periodistas demandados

Los periodistas locales Carlos César Núñez Martínez y Luis Zárate, de Cuarto Poder; Angel Mario Sherato y Hubenay N. Chiuy, del Diario de Chiapas, así como el columnista Juan Ruiz Healy, de Novedades de la ciudad de México, son señalados como responsables de difamación en la querella presentada por la Comisión Nacional de Intermediación y la diócesis de San Cristóbal.

En la querella se hacen una crónica y transcripción de los artículos que difaman a la diócesis y consideraciones de derecho, ``o sea, transcripción de artículos en lo conducente al descrédito a la labor pastoral'', según Montero.

El abogado asegura que los comentarios de los cinco periodistas ``exponen a la diócesis al descrédito, al odio, a la deshonra pública.

``La desinformación, la tergiversación de los hechos, el análisis somero mal intencionado, es lo que deberá sancionar la PGR conforme a derecho, sobre todo prohibir a estas personas a que puedan seguir ejerciendo la libertad constitucional de publicar en un medio escrito'', señaló el abogado.

Encuentro por la reconciliación

Al inaugurarse el Encuentro por la Reconciliación y la Paz, unas cincuenta organizaciones indígenas y campesinas, así como organismos cristianos y de derechos humanos, expresaron aquí su preocupación por el incremento de los grupos paramilitares en Chiapas y aseguraron que las comunidades indígenas de las tres zonas de conflicto -selva Lacandona, norte y Altos- padecen un ``cerco militar y policiaco'' que las divide.

La Sociedad Solidaridad Social, Aric-Independiente, Coalición de Organizaciones Autónomas de Ocosingo, Xi'nich, entre otros, señalaron que grupos paramilitares priístas como Paz y Justicia y Los Chinchulines se han fortalecido al mantener campos de entrenamiento y han logrado adquirir aparatos sofisticados de comunicaciones; paralelamente, agregaron, nacen otros como Máscara Roja y el llamado Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista.

``No existe en Chiapas una política de desarrollo que mejore las condiciones de vida de los pueblos indígenas. Tres años de negociación con una firma de acuerdo (de San Andrés Larráinzar) sin cumplimiento por parte del gobierno, y la respuesta es la guerra de siempre, la de meter miedo a las comunidades, constante presencia militar, policiaca y paramilitar'', señalaron al instalarse las tres mesas de trabajo.

Detienen a dos simpatizantes zapatistas

San Cristóbal de las Casas, Chis. Ť El Concejo Municipal Autónomo de Chenalhó informó que la Policía de Seguridad Pública estatal detuvo hoy ``sin causa justificada'' a Antonio Arias Pérez y José Ruiz Pérez, simpatizantes del EZLN.

Dijo que la detención ocurrió en la comunidad de Sanembolom, luego de que los dos nativos llegaron a ver sus viviendas, de las cuales fueron ``corridos'' el pasado 14 de octubre, junto con 473 personas, por las diferencias con los priístas. Los 475 simpatizantes zapatistas ``están viviendo en el monte''.

Propuesta de tregua

La Comisión Episcopal para la Paz y la Reconciliación (CEPRCh) propondrá a los grupos en pugna una ``tregua'' en la zona norte para evitar más derramamiento de sangre y detener ``las diversas formas de violencia que han destruido tantas vidas''.

Al anunciar lo anterior hoy aquí, el sacerdote Alberto Athié Gallo, secretario ejecutivo de la CEPRCh, dijo que como parte de la propuesta esa instancia pedirá al gobierno que ``instaure el estado de derecho'' en la región, a fin de ``superar el vacío de autoridad en la zona, permitiéndose con ello el abuso de autoridad y que personas o grupos busquen hacerse justicia por su propia mano''.

Explicó que los integrantes de la comisión, que ahora encabeza el obispo Luis Morales Reyes, presidente del Episcopado Mexicano, plantearán la creación de espacios que verifiquen los procesos antes señalados.

``Vamos a proponer que a partir de la tregua entre los grupos en pugna, se aplique la ley a todos los que estén fuera de ella, independientemente de su filiación partidista, religiosa o ideológica'', señaló en la curia diocesana, a donde llegó para expresar la solidaridad de la CEPRCh a Ruiz y Vera.

Sostuvo que es necesario que los grupos que han generado la violencia en la región norte se sienten a dialogar para superar el problema, porque de lo contrario continuará la tensión y la violencia entre hermanos.

Consideró que en la región norte existe claramente ``un contexto de riesgo'' para el trabajo pastoral, pero que ``eso forma parte del misterio de evangelización''.