Letra S, 6 de noviembre de 1997
Entre los temas más interesantes y polémicos del VI Congreso Nacional sobre Sida organizado por la Secretaría de Salud, figuran la creciente demanda de una cobertura médica amplia para quienes viven con VIH/sida en México, y las campañas preventivas dirigidas a poblaciones específicas, como bisexuales y homosexuales, usuarios de drogas, sexoservidoras y trabajadores migratorios. Al argumento muy socorrido de las autoridades mexicanas de salud (la escasez de recursos económicos impide brindar una cobertura universal e integral a los pacientes seropositivos), se opuso en repetidas ocasiones y muy sólidamente, el ejemplo de intervenciones estatales vigorosas, como la de Brasil, un país con recursos limitados e ingresos per cápita comparables a los de México. La necesidad de que los gobiernos manifiesten una clara voluntad política para erradicar la pandemia, fue uno de los reclamos más recurrentes durante el Congreso. Colocar el interés colectivo por encima de los cálculos de una economía neoliberal o de los miedos del prejuicio fundamentalista, es un deber del Estado, no renunciable ni postergable. Una asignación anual de recursos contra el sida del orden de los 52 millones de dólares, para cerca de 15 mil enfermos, frente a los 400 mdd que consagra Brasil para 38 mil pacientes, es cifra ligada al temor y a la declinación de responsabilidades. ¿O cómo entender --un ejemplo entre muchos-- los 2 mil millones de dólares que emplea el gobierno mexicano para rescatar a una empresa bancaria del fraude de su administración? Esto es un agravio enorme a los intereses de una población cuya salud el Estado tiene la obligación constitucional de proteger. La creación de un sistema único de salud en México y un respaldo constitucional más vigoroso al derecho a la salud, son dos de los requerimientos que nos plantea la pandemia del sida.
El clamor por los medicamentos fue la demanda que imperó durante el VI Congreso Nacional sobre Sida que se llevó a cabo del 29 al 31 de octubre en la Ciudad de México. Con una estimación oficial de más de 200 mil personas que viven con VIH (la mayoría de ellas sin saberlo) en nuestro país, las prioridades para combatir la pandemia tienden a multiplicarse, como se evidenció durante las conferencias magistrales, talleres, mesas redondas, debates, y exposición de carteles que se efectuaron en el Antiguo Colegio de Medicina.
En las discusiones, sobresalió el ejemplo de Brasil, un país que con recursos económicos limitados, ha tenido la voluntad política de dar atención universal con antirretrovirales a quienes viven con el virus, y su representante, el doctor Julio Barrios, coordinador del Programa de enfermedades de transmisión sexual (ETS) y sida de ese país, fue aplaudido por el numeroso público que seguía el evento en el Auditorio del recinto, sobre todo cuando aseveró de manera contundente: ``Allá la salud de la población ha sido más importate que el costo económico. Y aunque existen otros problemas, la autoridad cuenta con un amplio respaldo social.'' En 1997, Brasil gastará 400 millones de dólares, mientras que en el mismo rubro, México invierte sólo 52 mdds.
En el aspecto de la prevención, el doctor José Antonio Izazola, de Funsalud, recalcó la necesidad de diseñar estrategias efectivas de comunicación que lleguen a los grupos específicos, tales como los hombres que tienen sexo con otros hombres, que a pesar de la tendencia a la heterosexualización de la epidemia siguen constituyendo la mayoría de los casos en nuestro país.
Por su parte, el doctor Antonio Caso Marasco, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirmó que a más tardar a partir de enero de 1988 comenzará a funcionar el Fideicomiso propuesto hace más de nueve meses para obtener recursos destinados a la atención a pacientes con VIH/sida. Sin embargo, la polémica se encendió cuando el doctor Caso no pudo responder a las preguntas que el público le planteaba a gritos (``¿Con cuántos recursos va a contar dicho Fideicomiso? ¿Serán suficientes para apoyar al creciente número de enfermos?'').
Otra de las demandas expresadas en múltiples ocasiones por representantes de las organizaciones no gubernamentales (ONG) de Quintana Roo, Oaxaca, Sonora, Durango, y otros estados, fue la descentralización de los esfuerzos de la lucha contra el sida, ya que según ellos, en sus estados no hay acciones relevantes al respecto, y a veces los Coesidas se reducen a un escritorio, por lo general vacío. Asimismo se exigió a la Secretaría de Educación Pública (Sep) que asuma su obligación de educar sobre sexualidad humana y prevención de ETS y sida desde la enseñanza primaria.
Durante la ceremonia de clausura, el coordinador nacional del FrenpaVIH, Jorge Huerdo Siqueiros, afirmó, entre las exclamaciones de ``¡Duro, Duro!'' de la concurrencia: ``¡Si nos vamos a morir, nos vamos a morir luchando!''
Finalmente, la doctora Patricia Uribe, coordinadora del Conasida, resumió los compromisos del Congreso, entre los que destacó la profundización en las campañas preventivas. Es necesario, dijo, llegar a los grupos específicos, en particular a los hombres que tienen sexo con otros hombres, la disminución en 50 por ciento de la transmisión perinatal del VIH, y la creación de un Fondo con recursos económicos suficientes para el abasto de medicamentos para quienes viven con el virus. Mientras la doctora hablaba, los integrantes del FrenpaVIH, venidos de varias entidades del país, se manifestaban silenciosamente con pasamontañas blancos y letreros que resumían su exigencia de atención médica digna, suficiente y oportuna. Momento emotivo cuyo mensaje era claro: A veces el silencio es más elocuente que las palabras.