Aunque no es probable que Washington llegue en lo inmediato a una nueva guerra contra Irak, la continuidad, durante años, de un bloqueo que ha costado a ese país centenares de miles de muertos e incontables sufrimientos entre la población civil, así como las nuevas amenazas estadunidenses de agredir a esa nación, son una grave violación del derecho de autodeterminación y de la legalidad internacional. Independientemente de los juicios que merezca el régimen iraquí --considerado el principal apoyo de Washington en la región durante los ocho años de guerra entre Irak e Irán--, desde el punto de vista del derecho internacional, los gobiernos son transitorios, la soberanía reside en los pueblos y los sujetos de derecho son los países, no sus gobernantes. Ahora bien, el pueblo (incluidos los adversarios políticos del gobierno de Bagdad) y el país entero viven en una larga guerra disfrazada que en cualquier momento podría ser abierta.

El gobierno iraquí ha aceptado las imposiciones de las Naciones Unidas y la inspección de su territorio y no está en condiciones materiales o militares de amenazar a nadie y, mucho menos a Estados Unidos. Simplemente, rechaza que entre los observadores figuren quienes son juez, parte y ejecutores de la sentencia en momentos en que la presión militar estadunidense se ejerce cotidianamente en sus aguas y en su espacio aéreo. La mayoría de los países han condenado en las Naciones Unidas el principio del bloqueo internacional que Washington aplica contra Libia, Cuba, Irak e incluso Irán. Muchos otros están dispuestos a colaborar en la reconstrucción de estas dos últimas naciones que, no hay que olvidarlo, son grandes productoras de petróleo. Una amenaza bélica a Bagdad y a Teherán equivale, por lo tanto, a una presión contra los competidores de Estados Unidos a escala mundial --como las potencias europeas y el mismo Japón-- o contra quien simplemente busca recuperar mercados tradicionales, como Rusia. Es, por lo tanto, el modo concreto de competir y de controlar el mercado mundial de la energía utilizando como argumento la fuerza militar.

En la actual tensión atizada por Washington en Medio Oriente no sólo están en juego, por lo tanto, el principio de la solución pacífica de los conflictos entre las naciones y la vigencia del derecho a la autodeterminación, sino también la validez misma de las Naciones Unidas. Una vez más, la normatividad internacional tiende a ser sustituida por el derecho del más fuerte y por la ley de la jungla. No es posible, por ello, asistir impasibles a estas peligrosas violaciones del derecho internacional, que sientan terribles precedentes para todas las naciones, sobre todo en América Latina, donde toda nuestra historia previene contra semejantes intervenciones.