Teléfonos rojos México-EU, nueva táctica antidrogas

David Aponte Ť Los mandos operativos del Pentágono, así como las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, y las agencias antinarcóticos de Estados Unidos y México instalarán teléfonos rojos para coordinar las operaciones de ``seguimiento'' e intercepción aérea, terrestre y marítima de grandes cargamentos de estupefacientes en ambos países, señala el borrador de la nueva estrategia binacional antidrogas.

Washington pretendía un ``anexo confidencial'' para el tratamiento de las intercepciones, los sobrevuelos y las tareas de reabastecimiento de combustible de sus barcos y aviones en territorio de México. La parte mexicana rechazó la propuesta estadunidense, menciona.

Con los nuevos lineamientos de cooperación --que podrían ser aprobados por los presidentes Ernesto Zedillo y Bill Clinton en la próxima visita del mandatario mexicano a la capital estadunidense--, las autoridades de aquel país proveerán el soporte técnico para el reclutamiento de personal, entrenamiento, desarrollo e integridad de los agentes antinarcóticos mexicanos.

Los gobiernos establecerán estándares mínimos para el entrenamiento del personal policiaco encargado de la lucha contra las drogas, precisa.

El texto de 44 hojas --mismo que todavía contiene corchetes-- explica que el grupo bilateral de redacción sostuvo una reunión de trabajo en el mes de octubre en las instalaciones de la cancillería mexicana, con el propósito de continuar con las consultas relacionadas con el contenido de la nueva estrategia binacional, cuya ejecución podría iniciar en 1998. Las partes intercambiaron documentos y elaboraron el presente documento, mismo que todavía está sujeto a la aprobación de las partes, aclara.

Los funcionarios de las oficinas y agencias antinarcóticos, fundamentalmente los miembros del Grupo de Contacto de Alto Nivel (GCAN), trabajaron sobre los 16 puntos que contiene la Declaración de Alianza México-Estados Unidos signada por los presidentes el 6 de mayo pasado en la ciudad de México, bajo el argumento de que ``la amenaza de las drogas no puede ser enfrentada por un solo país''. De tal forma que la estrategia será conjunta, pero con pleno respeto a la soberanía y jurisdicción territorial, acota.

Los objetivos de la estrategia

El documento establece tres objetivos generales: contener y reducir el consumo, la producción y el tráfico ilícito de estupefacientes en ambos países; atender de manera coordinada los problemas generados por el fenómeno de las drogas en los ámbitos de salud y seguridad de ambas sociedades, y establecer metas concretas para reducir la producción, tráfico, distribución y consumo de drogas y eliminar los delitos vinculados como el tráfico de armas, desvío de precursores químicos y lavado de dinero.

El combate a las estructuras de los narcotraficantes es una prioridad en la estrategia conjunta. Por esa razón ``las autoridades competentes, en cada uno de los países, han desarrollado procedimientos y programas específicos que permiten obtener inteligencia y medios de prueba respecto a la estructura y modo de operación de estas organizaciones'', indica.

En ese renglón, detalla que ambos países definieron que la estrategia de combate a los cárteles está relacionada con la confiabilidad del personal antinarcóticos. De tal manera que las partes continuarán con la selección, monitoreo y subsecuente revisión de la integridad de los investigadores y ministerios públicos, y asignarán ``recursos suficientes'' para contar con fuerzas efectivas en la guerra contra las drogas.

``El poder económico de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas les ha permitido la adquisición de tecnología y equipo moderno en sus operaciones, lo que les ha facilitado evadir la justicia y la expansión de sus actividades.

``Por lo anterior, la capacitación y el adiestramiento del personal encargado de combatir a las organizaciones criminales, así como el fortalecimiento de las instituciones de cada país son acciones prioritarias'', argumenta.

De esa manera, el gobierno de Estados Unidos establecerá un programa integral de entrenamiento para el personal mexicano involucrado en la lucha antidrogas, y ``proveerá soporte técnico relativo a temas como reclutamiento de personal, entrenamiento, desarrollo e integridad'', continúa.

¿Seguridad sin pistolas para la DEA?

Uno de los temas de mayor preocupación para el gobierno estadunidense está vinculado con la seguridad de los agentes de la DEA destacamentados en territorio mexicano. Incluso, pidió que ese personal tuviera permiso para portar armas en México. La petición fue denegada.

El documento habla de la seguridad de los investigadores antinarcóticos, pero no especifica las normas y únicamente expone: ``Otorgar a la actuación de los agentes acreditados en el territorio de cada país, un marco de reglas explícito que incluya las condiciones bajo las cuales se brindará salvaguarda de la seguridad de los mismos''.

Adicionalmente, los gobiernos tomarán las medidas apropiadas para garantizar la seguridad e integridad del personal policiaco asignado a los grupos fronterizos, a los agentes de la DEA y de la fiscalía antidrogas que laboran en los estados de la frontera común, prosigue.

Sobre la seguridad en la frontera, argumenta que el incremento de la violencia relacionada con el narcotráfico es un tema que preocupa a los dos gobiernos. Con el propósito de reducir la criminalidad y los actos violentos, ``los Estados fortalecerán los mecanismos de enlace y coordinación fronterizo con la participación de autoridades competentes en los tres niveles de gobierno'', indica.

En corchetes, dice que los gobiernos mejorarán la comunicación por radio-teléfono entre el Servicio de Aduanas de Estados Unidos y su contraparte mexicana en ciudades fronterizas, de manera particular en Ciudad Juárez. Asimismo, habrá un enlace del Servicio Aduanas y el consulado estadunidense en Tijuana.

``Estados Unidos y México afinarán el grupo de trabajo sobre fronteras (Border Working Group), establecido para analizar los servicios y procedimientos existentes en pasos fronterizos, con el fin de mejorar la efectividad operativa'', expone.

Como otra medida de control, ambos países trabajarán ``para afinar el Prototipo Norteamericano de Automatización del Comercio para mejorar la capacidad de ambos gobiernos para identificar cargamentos de alto riesgo'', agrega.

Redes de comunicación

Como parte fundamental de la nueva estrategia binacional, las partes decidieron aumentar la capacidad en la intercepción aérea y terrestre de cargamentos de drogas en sus respectivos territorios, y elevar las capacidades de las agencias y oficinas antinarcóticos, detalla.

A pesar de que el gobierno de Washington pretendía un anexo confidencial en esa materia, la parte mexicana anotó la inconveniencia para el tratamiento del tema, continúa.

Una vez salvadas las diferencias, propusieron realizar un estudio de los mecanismos adecuados de colaboración para la detección y combate del tráfico marítimo, terrestre y aéreo, con base en la legislación de cada país y de los convenios internacionales, precisa.

El documento propone el establecimiento de redes de comunicación entre los mandos operativos militares y policiacos para coordinar las tareas de intercepción y vigilancia de sus jurisdicciones territoriales.

``Los gobiernos continuarán trabajando a través del Centro de Análisis de Información (...) para mejorar la coordinación para sobrevuelos y reabastecimiento de aeronaves de Estados Unidos que participan en operaciones de seguimiento de aeronaves y embarcaciones sospechosas o ilícitas.

``Los gobiernos examinarán la posibilidad de establecer sistemas de comunicación para facilitar el intercambio de información en tiempo real, y mantendrán reuniones bimestrales para asegurar que los procedimientos establecidos están siendo observados por ambos países, para discutir métodos para mejorar los procedimientos utilizados por las organizaciones de intercepción aérea de ambos países, así como las últimas tendencias de los métodos utilizados por los narcotraficantes'', agrega el borrador derivado de la reunión del primero de octubre, sujeto a la aprobación del GCAN.