Por primera vez en medio siglo, ha comenzado esta semana en el Congreso mexicano una discusión abierta y polémica sobre el presupuesto público. La politización de este debate es bienvenida y necesaria pues se trata de una cuestión que atañe a todas las esferas del gobierno --federal, estatal y municipal-- debido al alto grado de concentración de los recursos fiscales en manos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que controla más del 80 por ciento de los ingresos y egresos del conjunto de los dineros públicos de la República Mexicana.

Por lo tanto, es absurdo argumentar --como lo han hecho los directivos de las principales confederaciones empresariales en la capital, así como funcionarios de Hacienda-- de que se debe evitar un manejo político del presupuesto. Al contrario, determinar cómo se van a distribuir los dineros de los contribuyentes constituye el problema político más importante que tendrán que resolver los legisladores este año.

Uno de los puntos más espinosos del nuevo presupuesto consiste en determinar cuál será el volumen de transferencias de autoridades hacendarias a los estados y municipios. La Secretaría de Hacienda ha indicado que debe reformarse la Ley de Coordinación Fiscal y que sería conveniente crear tres nuevos fondos para apuntalar al gasto regional y local en materia social y de infraestructura. Sin embargo, en el presupuesto presentado por el Ejecutivo se propone que la participación a las entidades federativas y municipales no debe rebasar el 13 por ciento del neto total, lo cual no constituye un incremento sustancial en relación con el pasado reciente. Se habla de federalismo fiscal, pero en la práctica el centralismo sigue siendo el punto de referencia fundamental del gobierno federal.

¿A qué puede atribuirse esta mezquindad? En primer lugar, debe observarse que el presupuesto presentado por Hacienda para 1998 es proporcionalmente más bajo que el de 1997: ahora se propone que el ingreso y gasto sea de apenas 21.3 por ciento del producto interno bruto (PIB), mientras que en los años de crisis de 1996 y de 1997 ha sido de más de 22.6 por ciento del PIB. Bajar el gasto en términos proporcionales --como lo proponen los funcionarios de Hacienda-- es asegurar que no habrá más dinero disponible para el gasto social.

Pero en segundo término, es sabido que con el régimen fiscal vigente, el gobierno federal incurre en sobregiros no presupuestados muy sustanciales. En los últimos tres años, estos dineros adicionales no se han destinado fundamentalmente a gasto social sino a aceitar la maquinaria política/administrativa del gobierno y a proporcionar rescates a empresarios. Por este motivo es indispensable que se modifiquen los artículos 45 y 51 de la Ley de Programación y Presupuesto que establece las facultades discrecionales que tiene el Poder Ejecutivo para gastar los sobrantes inesperados de los impuestos e ingresos petroleros.

En caso contrario, el centralismo político y fiscal seguirá imponiéndose por encima de los intereses de los estados, los municipios y la gran masa de la población empobrecida. Las necesidades apremiantes de las vastas mayorías de la población mexicana son fundamentalmente de tipo económico. Y es precisamente por ello que el presupuesto es un asunto de primer orden político que requiere debatirse a fondo.