Tardías objeciones oficiales a los acuerdos de San Andrés; ya sentaron precedente: Ramón Cossío

Blanche Petrich Ť Si el presidente Ernesto Zedillo estuvo en desacuerdo con la forma en que quedó redactado el acuerdo sobre derechos y cultura indígena de San Andrés Larráinzar, ``se le hizo tarde para alzar la voz'', pues el texto ``sentó precedente jurídico'' desde el momento en el que la delegación gubernamental en las pláticas de paz plasmó su firma, sostiene José Ramón Cossío, director del Departamento de Derecho del ITAM y uno de los consultores de la Secretaría de Gobernación para la contrapropuesta al documento pactado.

Doctorado en derecho, con años de trabajo en la Suprema Corte, en la CNDH y en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el especialista que evaluó la congelada y controvertida propuesta de ley de la Cocopa por petición del gobierno federal, parece estar más cerca de quienes reclaman la vigencia del ``espíritu del acuerdo de San Andrés'', que de quienes le pagaron por su dictamen técnico.

Dos cosas advierte el jurista José Ramón Cossío: ``Mientras la negociación permanece estancada y ninguna de las partes -gobierno y Ejército Zapatista- acepta mover sus respectivas posiciones, el conflicto no permanece igual, se agrava''. Hace ver, además, un peligro poco advertido que acecha la por ahora improbable ley indígena: aun cuando en el mejor de los escenarios los legisladores llegaran a un acuerdo, la Suprema Corte de Justicia, cuyo comportamiento es, dice, ``impredecible'', podría declarar su inconstitucionalidad. Y entonces sí, a ver quién saca del atolladero la iniciativa.

Cossío fue llamado por Gobernación para emitir un dictamen técnico en la etapa en la que estaba ya estancado el acuerdo de San Andrés Larráinzar sobre la primera mesa de diálogo entre el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y cuando Marco Antonio Bernal fungía como delegado. ``Hicieron mucho hincapié en que el dictamen fuera exclusivamente técnico''. Cossío aceptó con la condición de que su aportación se limitaría al marco de la técnica jurídica de la iniciativa de la Cocopa, dejando al margen sus propias apreciaciones sobre el contexto social y político de la misma.

``Lo que encontré fue un acercamiento muy razonable entre los dos documentos y por lo tanto no debería resultar difícil salvar cualquier diferencia. No hay ninguna discrepancia fundamental entre el documento original de San Andrés y la iniciativa de los legisladores. Lo único perfectible sería precisar con gran detalle términos, palabras y expresiones como la territorialidad, la autonomía, quién es y quién no es indígena. De prevalecer la ambigüedad existente en ambos textos habrá problemas de interpretación a la hora de aplicar la ley. Es simplemente un caso de mala técnica jurídica''.

Después del dictamen Cossío fue invitado a discutir con los legisladores de la Cocopa. ``Hablamos ampliamente de la necesidad de detallar el lenguaje, no el contenido de la iniciativa. Discutimos como ejemplo la peligrosa ambigüedad de ciertos conceptos. La Cocopa propone como materia de autonomía la resolución de jueces indígenas que tendría que ser ratificada por jueces estatales. En convenios jurídicos lo llamamos convalidar, o sea, someter una ley a otra. Con esta indefinición la Cocopa elaboró algo que va justamente en contra de lo que pretendía en materia de autonomía y legitimización de derecho indígena''.

Otro aspecto ``perfeccionable'' es el de ``conceptos bien resueltos desde el punto de vista de la ley, como el de pueblo indígena'', pero que no definen quién pertenece al pueblo indígena y quién no.

-¿Entonces procede modificarlo?

-Las partes aceptaron y firmaron en San Andrés en los términos en los que están firmados y eso es lo importante. Si el Presidente está en desacuerdo con su contenido, se le hizo tarde para levantar la voz. El documento ya está firmado y cualquier discusión debe tomar a San Andrés Larráinzar como punto de partida. Nadie puede llamarse a engaño porque las dos partes tuvieron tiempo para hacer sus planteamientos. Una vez estancada la negociación, la Cocopa quiso destrabarla pero titubeó. Primero dijo que la presentaría tal cual, luego que no, luego que sí y al final se pasó el tiempo y no la elevó al Congreso.

-¿La contrapropuesta gubernamental afina la redacción o modifica el fondo del acuerdo?

-No tengo los hilos para dar una respuesta. No tengo claridad.

Cuando se presentó la contrapropuesta gubernamental su carácter de consultor había concluido y la solicitud de un dictamen técnico de la Secretaría de Gobernación no tuvo seguimiento.

Cossío insiste, sin embargo, en que San Andrés es ya un precedente jurídico, además de político. ``Hay una relación con el gobierno. Hay una firma.Y existe la reiteración de que lo firmado es válido aunque perfectible. En esto no hay marcha atrás''.

A la distancia, valora que será ``mucho muy difícil'' descongelar la mesa de San Andrés.

-¿Y entonces?

-Sólo veo dos salidas. O la nueva Cocopa se lanza a presentarla como una propuesta de reforma constitucional, o se inserta en la reglamentación de la reforma al 4o. constitucional para que los actores puedan discutir, no en torno de la iniciativa de la Cocopa, sino acerca de qué sentido le quieren dar a la ley. Las partes pueden, a partir de ahí, presentar una iniciativa con glosario y reanudar la discusión. Fuera de esto, no creo que quede algo más.

``Por otro lado, no es un mal momento. Los grupos que la pueden impulsar tienen mayoría en la Cámara de Diptuados, descontando la ambigüedad demostrada hasta ahora por el PAN. Y desde luego entendiendo que puede ser fluida la discusión en la Cámara de Diptuados. En el Senado casi de seguro se va a atorar. Pero el diálogo de todas maneras está trabado. Nada se pierde con probar esta vía''.

-Como consultor del gobierno, usted ve con buenos ojos el acuerdo de San Andrés. Otros no, y el más visible de ellos, Ignacio Burgoa Orihuela, opina que es una barbaridad.

-Es abogado de otra generación. Para ellos, el término de autonomía indígena inmediatamente les provoca una reacción de atincheramiento en contra.

-Además no aprueban del todo un diálogo con un interlocutor como el Ejército Zapatista, para ellos fuera de la ley.

-Jurídicamente eso sí que no está tan claro. El gobierno le dio a los zapatistas reconocimiento legal desde el momento mismo en que lo aceptó como contraparte en una mesa de diálogo. Sólo por ese hecho la iniciativa puede ser llevada al Congreso. El reglamento de la Cámara lo permite. Claro, políticamente hay que ver si hay un grado razonable de consenso para que alguien lo lleve a la Cámara, la Cocopa, por ejemplo. Habrá que ver.

-¿Y mientras?

-El problema es que no hay discusión ni comprensión plena de la iniciativa. Ni siquiera entre la sociedad civil hay más discusión. Están los que sí, los que no, y no hay un puente entre los dos. Le decía yo a Magda Gómez, la procuradora de justicia indígena del Instituto Nacional Indigenista: el resquicio que quede es el que hay que aprovechar. Y sólo en la Cámara o algún foro semejante puede ser.

-¿Y si no?

-El conflicto no permanece igual. Se agrava. Se hace mayor el vacío, hacen presencia las guardias blancas, ganan espacios.Y eso da pie a otro proceso. Lo que era un diálogo entre dos se convierte en uno entre tres. Hay que acordarse de Centroamérica, fuerzas como los escuadrones de la muerte adquirieron su autonomía, agarraron su caminito. Por lo tanto, la única forma de neutralizar este efecto es abrir el diálogo ya. El afán de eliminar al contrincante sólo lleva a posiciones maximalistas. El radicalismo de las partes genera sus fantasmas que luego no es tan fácil conjurar.

-¿Diálogo a partir de qué?

-De San Andrés, no hay más. Ya es un documento importantísismo en la historia de México.

El abogado hace una pausa. Falta que dé la mala noticia, según su visión.

``Lo más importante es que ya llegada a esta fase la ley puede ser declarada anticonstitucional por la Suprema Corte de Justicia''.

-¿Por qué habría de hacerlo?

-Tiene facultades.

-¿Lo harían?

-Lo pueden hacer. Esa es una controversia que aún no se da.

-Usted que conoce la Corte desde adentro, de tantos años, ¿hacia dónde cree que se pueda inclinar la balanza?

-No sabemos. Es una Corte poco previsible, inconsistente respecto a sus propios criterios. No puedo hacer una previsión.