En Acapulco tiene lugar ahora un enfrentamiento entre lo nuevo y lo viejo de la política mexicana.

El martes 4, el secretario de Desarrollo Social, Carlos Rojas, encabezó una reunión con empresarios, presidentes de colegios de profesionistas y funcionarios federales, estatales y municipales, y allí dijo que el nuevo Acapulco debe ofrecer una vida digna a todos sus habitantes. Dijo también que los proyectos considerados en el Plan Director de Desarrollo Urbano se concretarán mediante una licitación ``nacional'', ``pública'' y ``transparente'' y ``deberán concluirse con la mayor prontitud y calidad en un lapso no mayor de cuatro meses''.

En la misma reunión, el gobernador Angel Aguirre anunció que enviaría al Congreso local una iniciativa para crear el Consejo Ciudadano de Vigilancia de la Obra Pública y las Adquisiciones, formado por ``miembros destacados de la sociedad civil ajenos a partidos políticos'' para evitar amiguismos, compadrazgos y complicidades en la asignación de contratos.

Tales pronunciamientos debieran ser suficientes para un acuerdo de amplio respaldo de la sociedad para encauzar el desarrollo urbano de Acapulco, de modo que nuevos e inevitables huracanes no causen tanto daño, y menos pérdidas de vidas humanas. Una nueva ciudad en la que se cierre la brecha del Acapulco de los ricos y los turistas, con todos los servicios incluidos algunos de primer mundo, y el Acapulco no sólo de los pobres y los trabajadores, sino también de la clase media, una ciudad abandonada, descuidada y hasta despreciada por los sucesivos gobiernos y por los dueños de los grandes hoteles, restaurantes y discotecas que no ven el gran negocio del largo plazo, sino el de la ganancia fácil y rápida obtenida sobre salarios miserables, el deterioro de la ciudad y la depredación ecológica.

Sin embargo, como viene sucediendo desde la primera reunión encabezada por el presidente Ernesto Zedillo, en la que Rojas y Aguirre expresaron tan plausibles comentarios, no había un solo representante de los vecinos afectados, un solo representante de los partidos de oposición, señaladamente los diputados federales del PRD que ganaron y con un amplio margen de ventaja sobre sus adversarios del PRI en los dos distritos electorales del puerto el pasado 6 de julio.

Es que no se quiere politizar la reconstrucción, se ha dicho desde el mismo Presidente. Pero tal es un eufemismo para justificar la exclusión de las voces disidentes, de los intereses populares en la construcción de este nuevo Acapulco del que habla Rojas.

A propósito, la reunión tan comentada estuvo presidida por el notario Jorge Ochoa Jiménez, conocido en el puerto por escriturar las propiedades y negocios de los políticos del sistema que se vuelven empresarios y, a mayor abundamiento, secretario general del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional. Y quien actuó como moderador de la reunión fue Juan Farill Herrera, un político arquitecto en cuya trayectoria se ha distinguido por encargarse de obras decididas unilateralmente por el gobierno del estado. ¿Pueden ser éstos los hombres del nuevo Acapulco?

En contrapartida, académicos e investigadores universitarios y representantes de organizaciones sociales, políticas, diputados y personalidades se reunieron el sábado y domingo pasados en el primer Foro por la Solidaridad y la Reconstrucción de Acapulco. La idea es constituir una asociación de carácter permanente que impulse un proyecto de desarrollo que no sea excluyente y que atienda al mediano y largo plazo.

Se propone, según el investigador y ex diputado federal Eliseo Moyao, coadyuvar con las tareas del comité gubernamental y, por supuesto, deliberar con él, actitud por cierto ausente en las instancias oficiales creadas hasta ahora y que estarán condenadas al fracaso si se empeñan en mantener al margen a organizaciones claramente representativas de la sociedad.

Lo peor del caso sería quizá no tanto que esa reticencia oficial respondiera a supremos intereses de clase, sino a una muy simple defensa de funcionarios que enfrentan demandas de juicio político por negligencia. Estas pequeñeces no debieran detener una política de Estado por hacer de Acapulco la ciudad que sus habitantes merecemos. Repetir las desastrosas y autoritarias prácticas del pasado sólo contribuirá a que la ciudad mexicana más conocida en el mundo por sus bellezas naturales lo sea también por la explosión del descontento de los acapulqueños, una vez más desoídos y despreciados por sus gobernantes.