Ni duda cabe que la competencia política se dejó sentir en la elaboración del presupuesto federal para 1998. La manera en que se presentó al Congreso el proyecto del Ejecutivo y la forma en que está argumentado el documento de los Criterios Generales de la política económica es muy distinta a la que se acostumbraba. Antes era un asunto con el que se cumplía con una obligación establecida por ley para la relación entre los poderes, el Ejecutivo mandaba y la mayoría de los legisladores acataba; no había siquiera asomo de una disputa real que pudiera modificar los lineamientos que salían de Hacienda.

Bien sabíamos ya que la política económica que trazaba anualmente el gobierno fallaba, y casi nos fuimos acostumbrando a que así fuera, tal y como dice la experiencia de las dos últimas décadas. Pero ahora es el mismo secretario Ortiz el que advierte y reconoce que el presupuesto que presentó para el año entrante ``no es una propuesta infalible; demanda la reflexión y aportaciones de los diputados y senadores''. Pero las posiciones conciliadoras no están todavía muy claras. Los partidos de oposición han hecho públicos sus compromisos en materia de política económica, y si bien es cierto que el presupuesto recoge muchas demandas planteadas durante el proceso de negociación que precedió a la presentación del pasado 11 de noviembre, quedan todavía puntos de enfrentamiento. Entre esos puntos destaca el tratamiento de los impuestos, esencialmente del IVA. Tanto el PAN como el PRD tienen propuestas para reducir el IVA, ya sea bajando la tasa general o aplicando una tasa cero a un conjunto de productos y servicios. Pero el gobierno se dice inflexible en cuanto a cualquier disminución de impuestos. No sólo los funcionarios de Hacienda reiteran esa postura, sino que el mismo presidente Zedillo ha sido muy enfático en ese sentido, y así lo hizo saber en su reciente discurso en Washington.

El tema de los impuestos fue enmarcado de modo enfático por Ortiz en su presentación ante el Congreso. La recaudación de impuestos en México es insuficiente por dos razones mayores: una es la gran evasión fiscal y la otra es la dependencia de los ingresos públicos de los tributos producidos por la producción petrolera. Estas son, sin duda, limitaciones muy fuertes para cualquier política fiscal, no son una condición nueva, al contrario, esta es una característica que se ha creado durante muchos años, y que por comodidad política e ineficiencia administrativa no se ha modificado. Esta restricción fiscal es cada vez más costosa para la economía y nunca es el momento apropiado para iniciar su transformación. El caso es que de manera permanente se debate en el país sobre la necesidad de hacer una reforma fiscal que haga de la política tributaria un factor de promoción de la actividad económica, y deja de ser en elemento inhibidor del consumo y de la inversión. Los grupos empresariales suelen ser muy enfáticos en el tema, levantaron esta demanda en los meses previos a la formulación del presupuesto y es notorio que ahora acepten de modo tan disciplinado que las modificaciones fiscales se reduzcan a cuestiones de simplificación administrativa.

El criterio que usa el gobierno para defender la política de ingresos dentro del presupuesto está planteada de modo tal que parece irreductible. Se argumenta sobre la incompatibilidad de proponer reducciones a los impuestos y al mismo tiempo aumentar los gastos sociales. Desde una perspectiva de manejo de caja, en términos puramente contables, no hay de otra. Pero los criterios técnicos de Hacienda pretenden convertirse en una restricción política inamovible, y plantearlo así es una vez más aceptar que la versión oficial del funcionamiento económico y de sus repercusiones sociales es no sólo la única viable, sino hasta la única posible. Es en ese punto en que está situada en el Congreso y sobre todo en la Cámara de Diputados, la disputa del presupuesto y del programa económico del gobierno.