Estudio binacional recomienda ir a la raíz económica del problema

Roberto Garduño E. y Rosa Elvira Vargas Ť Ninguna medida punitiva, legal o extralegal, ha logrado frenar el paso a territorio estadunidense que miles de mexicanos realizan día con día, expone el Estudio Binacional México-Estados Unidos sobre Migración, que fue presentado a los presidentes de ambos países.

La estancia de dos millones 400 mil mexicanos indocumentados en esa nación demuestra que ``todavía no existe evidencia convincente de que las medidas de control en la frontera y el interior'' hayan disminuido la migración ilegal no autorizada, expone el Estudio Binacional México-Estados Unidos sobre Migración.

Las respuestas al fenómeno de la migración entre ambos países -destaca la investigación- ha transcurrido por distintos estadíos: el gobierno mexicano ha pasado de una posición deliberada de no pronunciamiento sobre cuestiones de migración, a una posición de diálogo cada vez mayor con sus contrapartes estadunidenses, pero ``el resultado práctico de este mayor diálogo todavía es incierto''.

Se suma a esto la necesidad -aduce la investigación- de estudiar las principales leyes del gobierno de Estados Unidos, para establecer sus consecuencias en la migración: ``En el pasado, las respuestas de Estados Unidos para abordar la migración no autorizada estuvieron llenas de deficiencias o no fueron puestas en práctica con vigor. Queda por verse si los esfuerzos actuales serán más duraderos o se perseguirán con más determinación''.

El jueves 13 de noviembre, en Washington, los presidentes Ernesto Zedillo y William Clinton, conocieron los resultados del Estudio Binacional México-Estados Unidos sobre Migración -el trabajo más serio y extenso sobre el particular-, que elaboraron 20 investigadores, 10 de cada país, coordinados por Susan Martin y Enrique Loaeza Tovar.

La principal conclusión de los investigadores señala que ninguna medida, sea punitiva, legal o extralegal, ha logrado frenar el paso a territorio estadunidense que miles de mexicanos realizan a diario.

Aparte de la violencia, el maltrato y las condiciones subhumanas a que se enfrentan los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, un costo más que deben pagar -refiere el documento-- es el envío de dinero a sus familias en las comunidades más pobres del país:

En 1995 -año referente de la investigación- las remesas de dinero fueron equivalentes al 57 por ciento de las divisas disponibles por medio de la inversión directa en México, y al 5 por ciento del ingreso total proporcionado por las exportaciones mexicanas. Lo que pagaron los indocumentados y los trabajadores legalizados a las empresas encargadas de enviar el dinero a nuestro país, ascendió a los mil millones de dólares en el año referido.

Las fuentes de datos de ambos países (ENAID, INEGI, EMIF y Conapo, por México; CPS y SIN por Estados Unidos) concluyen que el tamaño total de la población nacida en México, residente en Estados Unidos en 1996, fue de 7 millones 300 mil personas. De esa población, los residentes autorizados representaron aproximadamente 4 millones 900 mil. Cerca de medio millón son ciudadanos naturalizados de los Estados Unidos. Y los migrantes no autorizados -indocumentados- representaron dos millones 400 mil.

Esta presencia migratoria mexicana en suelo de Estados Unidos, ``es sin duda, un tema delicado'', sobre todo porque el motivo principal de ese fenómeno es el económico, ``y ambos gobiernos deberían centrar su atención en este punto''.

A lo largo de años recientes las respuestas a la migración se han presentado de manera diversa, destaca la investigación:

Caracter episódico de las respuestas de Estados Unidos. El debate sobre la migración en ese país sufre altibajos vinculados al ciclo económico. Cuando la economía de Estados Unidos tropieza, el sentir restriccionista se intensifica. Cuando al economía mexicana sufre una depresión, esto despierta el temor de una oleada migratoria.

Consecuencias imprevistas. Diversos cambios importantes en las políticas de los Estados Unidos desde 1965 han tenido consecuencias imprevistas. Un ejemplo reciente es el creciente retraso en la expedición de visas. La discrepancia entre las intenciones de las políticas y los resultados reales ha sido una característica permanente de la historia migratoria.

Involucramiento de México. El gobierno mexicano ha pasado de una posición deliberada de no pronunciamiento sobre cuestiones de migración, a una posición de diálogo cada vez mayor con sus contrapartes estadunidenses. El contraste es evidente -aduce el informe- entre la renuencia del gobierno mexicano a expresar comentarios cuando la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA) estaba siendo considerada y los comentarios hechos a las autoridades estadunidenses sobre la migración mexicana en relación con la legislación de 1996. El resultado práctico de este mayor diálogo todavía es incierto.

Apertura de la frontera para el comercio y la inversión, más no para la gente. El flujo de bienes, servicios, capitales y entradas autorizadas de gente ha sido facilitado por el TLC y por otras medidas adoptadas en el decenio de 1990. Al mismo tiempo, los Estados Unidos están redoblando esfuerzos para controlar las entradas no autorizadas. Esto tiene el potencial de aumentar las tensiones binacionales.

Acción oficial e ineficacia de la restricción migratoria. En el pasado, las respuestas de Estados Unidos para abordar la migración no autorizada estuvieron llenas de deficiencias o no fueron puestas en práctica con vigor. Queda por verse si los esfuerzos actuales serán más duraderos o se perseguirán con más determinación.

Una de las propuestas para renovar e incidir en un nuevo trato en la política migratoria entre ambos países evoca la necesidad de estudiar las leyes estadunidenses sobre el tema que fueron aprobadas en 1996: La Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad de Inmigrante (IRIRA); la Ley Antiterrorismo y Pena de Muerte Efectiva (AEDPA), y la Ley de Conciliación de la Responsabilidad Personal y la Oportunidad de Trabajo (Reforma de la previsión social).

En el mismo sentido, los investigadores concluyeron que resulta necesario estudiar los cambios en la Constitución Mexicana relacionados a la nacionalidad, porque en 1996 se aprobaron enmiendas constitucionales que permitirán a los mexicanos naturalizarse en los Estados Unidos y otros países sin perder su nacionalidad.

La economía, el problema de fondo que deben enfrentar ambos países

El resultado del informe muestra que los migrantes mexicanos están motivados por factores económicos, razón suficiente para que ambos gobiernos centren su atención en este punto.

``Los gobiernos deberían evaluar la medida en que la demanda de los empleadores estadunidenses podría reducirse mediante el mejor cumplimiento de las normas laborales, incluidos requisitos de salario y horarios de trabajo, prohibición de trabajo de menores, sanciones contra el reclutamiento, a sabiendas, de trabajadores no autorizados -indocumentados-, y prohibiciones de la discriminación basada en el origen nacional o la ciudadanía''.

Pero la migración no sólo se ve afectada por leyes de esa naturaleza. En repetidas ocasiones las políticas y las decisiones legislativas han influido en hechos que podrían ser evitados o aminorados. ``Durante las consultas anuales entre México y Estados Unidos podrían mitigar (se) algunos de los efectos de políticas, tales como la restructuración del campo o las políticas comerciales e incluir algunas perspectivas de mediano a largo plazo''.

Cuesta 20% la transferencia del dinero de los migrantes

Al maltrato y a las condiciones pauperizadas en que viven y trabajan los indocumentados mexicanos en Estados Unidos, se suma un hecho que afecta hasta en una quinta parte el envío de dinero a sus familiares en México.

``El costo de la transferencia de las remesas es frecuentemente de 20 por ciento de la cantidad transferida, lo que significa hasta mil millones de dólares de pérdida para los propios migrantes.

``El envío de más recursos a las zonas más pobres mediante la reducción de los costos de esas transferencias, particularmente si se combinan con nuevas estrategias para alentar el uso más productivo de las mismas, puede ser una de las mejores maneras de reducir las presiones migratorias a la larga''.

Basta recordar que el dinero enviado a nuestro país por los migrantes en 1995 fue equivalente al 57 por ciento de las divisas disponibles por medio de la inversión directa en México, y al 5 por ciento del ingreso total proporcionado por las exportaciones mexicanas.

Otro fenómeno que se suma a la inmigración ilegal se refiere a la desintegración de las familias, porque los jóvenes trabajadores, abandonan a sus mujeres y a sus hijos, ``con la esperanza de tener éxito como migrantes''.

La conclusión del informe apunta a que ``todavía no existe evidencia convincente de que las medidas de control en la frontera y en el interior de los Estados Unidos hayan disminuido la migración mexicana no autorizada, por lo que la apertura de un cauce legal para los trabajadores temporales de México probablemente aumentaría el número de trabajadores no autorizado, en vez de sustituirlos, deprimiendo tal vez las condiciones laborales para los trabajadores mexicanos autorizados en el mercado laboral de los Estados Unidos''.