En junio de cada año, el Poder Ejecutivo debe entregar a la Cámara de Diputados la cuenta pública del año inmediato anterior. Eso inicia un largo proceso de revisión. Uno de los pasos de este proceso es el informe previo que rinde a la propia Cámara su órgano técnico, la Contaduría Mayor de Hacienda (CMH).

En el informe previo emitido hace unos días, y que se refiere al año de 1996, la CMH informa sobre un proyecto importante de Pemex, la ampliación de la refinería de Cadereyta, NL, para el cual la Cámara de Diputados había aprobado un presupuesto de cerca de 900 millones de pesos. Resulta, de acuerdo con esta información, que el gasto real ``fue inferior en 82.3 por ciento al presupuestado'', o sea, que sólo se ejerció el 17.7 por ciento. Agrega el informe que ``las variaciones obedecieron principalmente a que la SHCP no autorizó oportunamente los recursos correspondientes a varias obras del proyecto Cadereyta...'', y se agregan algunas razones más específicas.

Ese proyecto, a raíz de los hechos que describe el informe que comentamos, se ha estado retrasando. Y Pemex, que tenía autorización de la Cámara de Diputados para llevarlo a cabo con recursos propios, de los que le quedan después de la ``purga'' fiscal de la que hablamos la semana pasada, no lo pudo hacer así. A fines de 1997 está culminando un proceso para que el proyecto se inicie con financiamiento, con lo cual la deuda de Pemex crecerá más. El proyecto es de cualquier modo necesario, pero además de la forma y el tiempo en que se hace, surgen preguntas: ¿Para qué se discute el presupuesto? ¿Para qué se aprueba y se le dedica tanto tiempo, si una dependencia del Ejecutivo, como es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, puede cambiar todo a voluntad? Y eso no es exclusivo del pasado, del año pasado. En agosto de este año, ya después de que en julio el electorado votó por cambios, esa misma dependencia ``recortó'' el presupuesto de Pemex en 6 mil millones de pesos.

No es intención de este artículo negar la importancia de las discusiones y decisiones sobre el presupuesto. Al contrario. Creo que, para que todo ese trabajo tenga sentido, la propia Cámara de Diputados debe considerar no sólo cifras y metas, sino también las condiciones, establecidas en el decreto aprobatorio del presupuesto, de su ejecución.

Tampoco se trata de restar flexibilidad al ejercicio del presupuesto ante posibles cambios en las condiciones económicas del país. La propuesta básica es otra. Si las condiciones son de tal manera graves que hagan que la Secretaría de Hacienda considere necesarios cambios tan drásticos como los que estamos mencionando, éstos deben ser discutidos como se discute ahora el presupuesto, o sea, con la Cámara de Diputados.

Se pueden, claro, establecer mecanismos más ágiles que el funcionamiento de una plenaria de 500 diputados que, a lo mejor, están en receso cuando la situación se presente. Sólo en caso extremo procedería citar a un periodo extraordinario. Pero las comisiones de la Cámara pueden cumplir un papel, y de todos modos eso representaría un avance, un paso hacia una mayor discusión y participación en asuntos importantes, y de los cuales a veces nos venimos enterando meses después de que ocurrieron.