En el país persisten resabios de autoritarismo, corrupción e injusticia, que se reflejan en el maltrato a los ciudadanos. El noroeste y su línea de frontera con Estados Unidos es, sin duda, la región con mayores problemas de violación de derechos humanos, sin minimizar lo que ocurre en otros lugares como Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

Este creciente deterioro de las relaciones autoridad-ciudadano ha llevado a nuestro país al desprestigio internacional, que ahora tratan de recomponer, apresurados, con la creación de una Comisión Intersecretarial para la Atención de los Compromisos Internacionales de México en Materia de Derechos Humanos, que en 20 días iniciará sus actividades. El primer beneficiado con esta medida podría ser el general Gallardo. Pero hay más. Amnistía Internacional ha documentado 150 casos de prisioneros de conciencia, que debieran ser liberados inmediatamente.

Los cuatro estados que conforman el noroeste de México -con Tijuana como polo gravitacional- presentan una dinámica poblacional sui generis, en donde convergen miles de trabajadores migratorios legales e ilegales, extranjeros indocumentados, empleadas de maquiladora, migrantes campesinos y desocupados de toda índole, propensos todos al abuso y violación de sus derechos constitucionales. Si a esto agregamos las actividades del narcotráfico, el contrabando de armas, la guerra entre pandillas, la pobreza creciente, la inseguridad y la militarización de las funciones policiacas, la situación no puede ser más preocupante.

Lo es tanto, que Pierre Sané, al terminar su visita oficial a México el pasado 24 de septiembre, declaró que Amnistía Internacional ha seguido de cerca la situación de los derechos humanos en México durante más de dos décadas, ``y está profundamente preocupada por el serio deterioro que se ha visto en los últimos tres años''.

Por diversas causas, tanto la violencia como los autores de las agresiones se han multiplicado. Pero poco importa para un habitante de la frontera saber que fue víctima del monopolio de la violencia del Estado, o que el agresor fue un integrante de la mafia o del stablishment norteamericano. El ciudadano sufre el mismo dolor ante el asalto por un policía con placa, que ante el abandono en pleno desierto por un pollero; la rabia es similar ante una detención arbitraria y extrajudicial, que ante el robo por una banda de cholos; la indefensión es igual ante una desaparición forzada, que la sentida por un plagio criminal; la desesperanza y el azoro son idénticos por la presión de un agente migratorio que exige dinero, que ante la detención y maltrato por la migra estadunidense; en fin, la sensación de abandono e inseguridad es igual ante la corrupción del sistema de justicia, que ante el terror que produce una balacera callejera.

Los derechos de las personas son iguales ante cualquier agresor, sea éste agente del Estado o vil delincuente. El Estado mexicano está obligado a garantizar los derechos de los ciudadanos, evitando que sus propios agentes los vulneren y a prevenir y castigar los delitos que realizan los particulares, o los agentes de otros estados, pues aquí también tiene responsabilidad por omisión. Como refiere el jurista chileno Felipe Portales: ``...si el Estado por omisión no cumple con su función de restablecer el imperio del derecho, estaríamos también en presencia de una violación de derechos humanos. Pero el sujeto que la causaría sería siempre el propio Estado y no el particular que comete el delito que no es sancionado''.

En el noroeste de México hay una crisis de derechos humanos. Se atropella a los migrantes oaxaqueños en el Valle de San Quintín, Baja California, a los que se les da trato y condición de peones acasillados; se violan las garantías constitucionales en Sonora, Sinaloa y a través de la península de Baja California, por medio de retenes militares y policiacos; se presiona, hostiga, amenaza, asalta y golpea a periodistas independientes y a miembros de ONG; se esquilma y veja a empleadas de maquiladoras; se catea sin orden judicial y se apresa arbitrariamente sin presentar a los detenidos ante el Ministerio Público; se asalta y roba a trabajadores indocumentados; el sistema judicial de Baja California Sur es exhibido por abogados litigantes; se extiende la práctica de la tortura; se viola y asesina a más de cien mujeres en Ciudad Juárez.

La preservación de los derechos de los ciudadanos es una obligación del Estado, así como garantizar el bien común reprimiendo las causas y actos de la delincuencia organizada. Para que exista ``normalidad democrática'' se requiere de la voluntad política de los gobiernos federal y estatal, que ponga a salvo los derechos humanos de sus gobernados. Aun es tiempo de reaccionar, ante un agravamiento mayor.