ASTILLERO Ť Julio Hernández López

Muchos niños y jóvenes mexicanos que asisten a escuelas primarias y secundarias públicas (o de gobierno, como se les suele denominar) están forjando su conciencia cívica a partir del conocimiento de corruptelas, injusticias, autoritarismos y antidemocracia en sus propios planteles.

A lo largo y ancho del país, la creciente exigencia de padres de familia y maestros responsables que demandan, por ejemplo, cuentas claras en el manejo de fondos escolares y buen cumplimiento de las obligaciones pedagógicas, está siendo enfrentada con tosudez inconsciente por el nudo de complicidades e intereses formado por la burocracia politiquera y las camarillas sindicales.

La caja chica de la señora directora

En Atizapán de Zaragoza, estado de México, 14 maestros han sido amedrentados y reprimidos por denunciar las irregularidades cometidas por Gloria Izquierdo Magdaleno, durante su gestión como directora de la escuela primaria Licenciado José Guadalupe Zuno.

Dos de esos profesores, Jorge Silvestre Dávila y Pedro Omar Lio Córdova (éste con 20 años de antigüedad en la misma escuela), fueron cambiados arbitrariamente de adscripción escolar como represalia.

Entre otras cosas, los profesores, junto con los padres de familia, denunciaban -con pruebas y evidencias por delante- el oscuro e irregular manejo de los fondos e intereses provenientes de las actividades comerciales que dentro de la escuela organizaba la directora.

Durante tres ciclos escolares, la directora Izquierdo Magdaleno se apropió de las actividades de comercialización realizadas en el plantel, imponiendo un comité de administración que debería nombrar el consejo técnico escolar, con una caja chica de manejo privado (no autorizada en la normatividad de la SEP), sin cortes de caja públicos y con una demostrada irregularidad en el manejo de las cuentas bancarias 5061041247-9 y 5061041445-5 del banco denominado BCH.

Todo en violación a lo establecido en la circular DG-1101/0025 emitida por los Servicios Educativos Integrados al estado de México para normar las actividades de comercialización en las escuelas primarias de esa entidad.

Deseosos de saber qué pasaba con el dinero controlado por la directora, y luego denunciantes también de la represión que han sufrido, los 14 profesores y los padres de familia han recorrido toda la gama de antesalas y oficinas de gobierno y han conocido, a la par de los niños, la infinita red de trampas y retorcimientos con las que desde el poder se frenan estos movimientos de protesta.

Esta columna tiene a la vista el expediente de los recorridos burocráticos, de las solicitudes de audiencia, de las reiteradas explicaciones y de las peticiones de justicia, lo mismo a la burocracia educativa del estado que al gobernador César Camacho, a las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos o al Presidente de la República.

Resultado: dos profesores injustamente cambiados de plantel, 12 profesores amenazados, padres de familia indignados, la directora simplemente cambiada con el mismo nivel a otro plantel, la camarilla original todavía a cargo de la dirección escolar, la normatividad incumplida y el uso del dinero todavía sin explicaciones.

El delito de pedir cuentas

La señora Lidia Reyes Melitón, vicepresidenta de la asociación de padres de familia de la escuela primaria John F. Kennedy, quiso saber qué pasaba con los fondos derivados de la cooperativa escolar, del cobro por el uso de una fotocopiadora, de las cuotas por ingresar a una alberca, del destino de las cuotas que a principio de año y en diversas fechas se pide a los padres de familia, y de las diversas vendimias que la dirección organizaba.

Resultado: fue destituida de su cargo en una sesión informal, que se había citado para otro asunto y en la que participaron personas ajenas a la escuela, algunas de ellas con radiotransmisores, de las que se dijo que eran agentes de seguridad.

No sólo eso. La señora Reyes Melitón, y otras madres de familia, fueron golpeadas por personas afines a la dirección de la escuela, de lo cual se desprendieron sendas averiguaciones previas.

El irregular manejo de los fondos escolares, la arbitraria destitución de la vicepresidenta de los padres de familia, y las agresiones han sido denunciadas ante diversas autoridades educativas y ante las comisiones de derechos humanos en sus ámbitos nacional y del Distrito Federal, sin resultados positivos hasta la fecha.

De acusador, a acusado

El director de la escuela secundaria general número 2 de Mérida, Yucatán, Jaime Enrique Vázquez Barceló, decidió, en uso de sus facultades, denunciar ante sus superiores a un maestro del plantel, Luis Alonso Maza Porter, pues alumnas y padres de familia lo acusaban de faltas a la moral y de frecuente incumplimiento en su trabajo.

La osadía de Vázquez Barceló provocó tal reacción del aparato educativo, y del gobernador Víctor Cervera Pacheco, a grado tal que el conflicto se ha agrandado y ha ganado presencia nacional.

Desde luego, defensores a ultranza del principio de autoridad, que traducen como impunidad y autoritarismo, los funcionarios del sistema educativo yucateco hicieron el enredo administrativo suficiente para echar abajo la decisión del director Vázquez Barceló de poner al profesor inculpado fuera de la escuela y a disposición de las autoridades. El citado profesor, sin embargo, ni siquiera se presentó cuando debía reintegrarse al plantel y, después de tres días de faltas, se le levantó acta de abandono de trabajo.

Pero la SEP y el SNTE decidieron investigar los hechos y voltearon los papeles colocando al director de la secundaria como sospechoso de irregularidades y, a él sí, separándolo de la escuela.

La arbitraria decisión provocó la reacción en contra de alumnos y padres de familia que desplegaron desde entonces un movimiento de defensa de su director, tomando el edificio bajo su resguardo, realizando marchas y manifestaciones y convocando exitosamente a los meridenses a suplir a los profesores del SNTE cuando estos, en una maniobra de corte cerverista, fueron forzados a dejar de impartir sus clases en la secundaria, luego de descontarles días de trabajo, de hostigarlos y de concentrarlos en las oficinas del director de educación secundaria del estado para impedirles que fueran a su plantel original.

Los tres casos mencionados son apenas botones de muestra del ámbito en que se desenvuelve la educación de los niños y los jóvenes mexicanos.

A los maestros se les controla y reprime mediante la colusión de intereses entre las autoridades educativas (SEP) y el sindicalismo oficialista (SNTE). A los padres de familia se les amenaza con represalias contra sus hijos y se les demuestra que sus esfuerzos se estrellarán siempre contra barreras infranqueables.

Tales son las clases prácticas de civismo con las que en muchas partes del país se está educando a los ciudadanos del futuro.

Astillas: El autor de esta columna se declara avergonzado por su miopía y falta de olfato periodístico, pues hasta ahora se ha enterado de que el nombre que lleva la fundación Jesús García Figueroa, a la cual de manera tan esmerada ha allegado Víctor García Lizama recursos económicos de la Junta de Asistencia Privada que preside, es ni más ni menos que ¡nombre del padre de García Lizama!

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