Descarta Mario Melgar carácter inquisitorial en el órgano de enlace

Jesús Aranda Ť La Comisión de Enlace de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) pretende convertirse en una especie de ombudsman judicial para investigar presiones ``internas o externas'' que busquen vulnerar la independencia y la autonomía de miembros del Poder Judicial de la Federación, afirmó el consejero Mario Melgar Adalid, quien precisó que ese órgano sólo emitirá recomendaciones, pero obliga a jueces y a magistrados a denunciar oficialmente cualquier irregularidad.

En entrevista con La Jornada, el consejero de la Judicatura Federal explicó que la revisión de la conducta de los jueces es competencia de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, por lo que la comisión se dedicará a revisar que ninguna ``conducta ajena'' interfiera en la función de los juzgadores.

``Estamos tratando de preservarlos (a jueces y magistrados) de presiones, de injerencias, de toda la gama de actores que intervienen en un proceso judicial y que son, desde las autoridades federales y estatales, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, hasta los partidos políticos, la Iglesia, el dinero, las organizaciones bancarias, los despachos de abogados, es decir, de los grupos organizados del país que pudieran eventualmente ejercer alguna interferencia o vínculo''.

Para evitar malos entendidos sobre las funciones de la comisión en la que participará junto con el consejero Alfonso Oñate Laborde y los ministros José Vicente Aguinaco Alemán (presidente de la Suprema Corte y del CJF), Humberto Román Palacios y Mariano Azuela Güitrón, el consejero Melgar precisó que las atribuciones de este órgano son independientes de las ya previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y no tendrán carácter ejecutorio.

Precisó que esta nueva estructura no pretende sustituir la labor de administración, carrera judicial y vigilancia que le compete al Consejo de la Judicatura, sino que actuará como un ombudsman judicial para investigar cualquier tendencia que pretenda vulnerar la independencia de los juzgadores. En este sentido, dijo que como ``caso hipotético'' podrían presentarse presiones de magistrados a jueces, de visitadores a magistrados, de consejeros a visitadores, ya que, subrayó, ``puede haber una interferencia interna que hay que vigilar también''.

Sin negar que la creación del ombudsman judicial era una vieja demanda al interior del Poder Judicial, Melgar Adalid señaló que la comisión tendrá ``funciones muy parecidas'' a las de esta figura, porque hará recomendaciones. Sin embargo, señaló que para que el organismo cumpla con su cometido deberá tener ``garantizada'' su propia independencia y su rango de respetabilidad ante los jueces y magistrados para que formulen sus denuncias. Y una vez hecha la recomendación, entonces actuarán los plenos de la Corte o del Consejo, según el caso.

Esto no quiere decir que vaya a haber una cacería de brujas o que sea ``una comisión inquisidora'', advirtió.

Entrevistado en sus oficinas del Consejo de la Judicatura sobre las causas que llevaron a los dos máximos órganos del Poder Judicial a crear la comisión, dijo que cuando los poderes empiezan a funcionar y el Ejecutivo fija una posición, se genera tensión. ``Tensión que está indicando que hay cambios y una toma de posición y una efervescencia en el país. El Poder Judicial conoce sus facultades, las está ejerciendo y señala que es indispensable que se preserve la autonomía de sus órganos y de sus integrantes''.

--¿Fue esta situación (los señalamientos de la Procuraduría General de la República a jueces), o una cuestión de forma o fondo?

-Yo creo que fue de forma y de fondo. Hay una posición: al asumir las facultades y atribuciones y señalar un rumbo que es el de las leyes, el rumbo es la Constitución y creo que todos vamos a estar de acuerdo.

Hay que meditar --agregó-- si estamos ante una pugna o ante un conflicto, yo creo que no; yo creo que hemos visto nada más la parte que llama la atención, por ser la más notoria, pero creo que nos hemos olvidado de hacer una lectura que tenga que ver con la parte propositiva en que la Corte está señalando las acciones que se deben seguir en la toma de posiciones, porque ``son las leyes las que deben de marcar la pauta de la actuación de los órganos de autoridad''.

Aquí, el consejero llamó la atención acerca de que una de las expresiones ``afortunadas'' del comunicado de la Corte de la semana pasada fue precisamente la que señala que forma parte de ``un poder político'', lo que tiene una gran trascendencia.

Aun cuando no hay fecha para la primera reunión de la comisión que se formó el pasado 23 de octubre, el funcionario adelantó que él y Oñate Laborde ya trabajan en los grandes temas que atenderá este organismo: organización interna; reglas de funcionamiento, así como los horarios y periodicidad de las reuniones.

Por otro lado, indicó que los miembros de la comisión tendrán que hacer un trabajo de concientización entre jueces y magistrados, para lo cual los consejeros ya comenzaron contactos directos con ellos y con algunas asociaciones que han surgido de juzgadores, porque existe el interés de que ellos conozcan el sentido del acuerdo.

Yo creo que ellos, apuntó, van a sentirse bien, porque les estamos dando un apoyo si denuncian las presiones de que pudieran ser objeto. ``Yo creo que mal harían en recibir una influencia, una presión y no comunicarlo, pues además estarían cometiendo al menos una falta administrativa, porque ese acuerdo es obligatorio hacia adentro del Poder Judicial de la Federación''.